"A ver quién es el listo que defiende ahora el liberalismo". Es una frase que escuché hace unos días en boca de un profesor universitario de economía. Reconozco que me sorprendió. No sólo por que fuera un profesor de economía quien atacara abiertamente a ese sistema que llevan poniéndonos como ejemplo desde que tengo uso de razón, sino porque se evidenciaba que se abría un melón en la opinión pública que pudiera suponer un punto de no retorno.

Estos días se habla de sanidad más que nunca. Salimos cada día a los balcones para dedicar un aplauso a sus profesionales. No tienen los recursos necesarios, no tienen el personal necesario, y están contagiándose "por encima de nuestras posibilidades". Sin embargo, están acudiendo a sus puestos de trabajo para salvar vidas y, además, nos siguen dando alegrías en forma de altas que, todas, celebramos como propias. Nunca existirán palabras suficientes de agradecimiento.

De igual modo, jamás podremos agradecer suficientemente todo el trabajo de limpiadoras, servicio de recogida de basura, jardineros y jardineras, empleadas del hogar, cuidadoras, administrativos/as, técnicos/as, científicos/as, agricultores/as, transportistas, comercio local, cajeras y reponedoras de grandes superficies... y un largo etcétera de trabajadores y trabajadoras que merecen que nunca dejemos de aplaudir. Gracias. Por vosotros y vosotras, saldremos de ésta.

Para quienes tampoco existirá suficiente agradecimiento, y creedme cuando os digo que es más importante de lo que parece, es para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Parad. Antes de prejuzgar, parad un segundo para que podamos reflexionar juntas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado representan la herramienta del Estado para dar cumplimiento a la legalidad vigente, con autorización para usar la fuerza en última instancia. Y aquí me gustaría reflexionar sobre la concepción que tenemos derivada de la dictadura franquista que ha ocupado esos cuerpos y que, no lo neguemos, en parte pudiera seguir siendo así; o sobre la libertad de expresión y cómo ha sido represaliada en los últimos tiempos. Pero necesitaría mucho más que estas líneas para ello.

Ahora, pensemos qué ocurre si aplicamos las políticas de privatizaciones a la seguridad, como de facto obligó la Ley Montoro a los ayuntamientos. Nos encontraríamos un panorama donde empresas privadas de seguridad —y tenemos ejemplos muy próximos de esa derecha ultraconservadora y fascista que dirige muchas de ellas¬— estarían cubriendo gran parte de este servicio público, a su criterio y sin las garantías de un profesional formado e informado que vendría avalado por la propia Administración Pública. Por eso, más que nunca hay que reivindicar que se saquen todas las plazas de policía que son requeridas. Lo antes posible. Que se les dote de todo el material necesario y que tengan las mejores condiciones laborales. Todo esto para también exigir un servicio de seguridad adecuado a la ciudadanía, garantizado, y sobre todo, público.

Pero es necesaria una reflexión más allá. Es necesario pensar que el Estado va a garantizar todo. Pensar, en esencia, que esperamos que nos garanticen la sanidad pública universal o la seguridad pública y que, a los y las profesionales sanitarios y de demás ámbitos afectados, se les garanticen las más que debidas condiciones laborales. No nos engañemos pensando que esto ocurre por arte de magia, ni caigamos en la trampa de creer que un gobierno de menos de tres meses pueda ser responsable de las citadas carencias, porque eso nos obligaría a negar la realidad de un tiempo a esta parte.

Hagamos memoria. El Partido Popular ¬—muchas veces con la connivencia del PSOE y de algunas fuerzas nacionalistas¬— siempre ha pensado que los servicios públicos no son "rentables" y que nos "costarían menos" si los gestionara una empresa privada. Así que, desde todas las administraciones, se han dedicado a su ola de privatizaciones. Nunca han creído en la inversión en servicios públicos y lo que han hecho precisamente es dedicarse a desmantelarlo. Pero no acaba ahí. Legislan para que no se repongan todos los puestos de trabajo desde las administraciones —ejemplo: trabajador que se jubila y plaza que se elimina—, o las temibles limitaciones del gasto a los Ayuntamientos, a quienes por otra parte se les exige que den respuesta a todo mediante los Servicios Sociales, y más en el contexto actual. Luego se sorprenden de que falten medios y es cuando gritan "¡que se licite!", y las garantías ya las buscaremos después€

Ahora, el Gobierno pone a disposición del ámbito público todos los recursos, y eso es justamente lo que necesitamos.

Así que, efectivamente, en momentos de necesidad real de la ciudadanía, queremos garantías, queremos políticas públicas, queremos inversión pública, queremos Estado. Tal vez sea el momento de organizar ya el funeral del liberalismo, y apostar por lo público realmente sin complejos.

* Diputada por Valencia de Izquierda Unida-Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.