Estamos asistiendo en estos momentos a varios debates en paralelo respecto de la financiación de la crisis generada por el COVID19, financiación que sin la necesidad de una crisis de esta envergadura ya debería de estar resuelta en los distintos niveles de gobiernos.

Por una parte nos encontramos con la iniciativa presentada por nuestro President Ximo Puig, cuando plantea la necesidad de un Plan Marshall para nuestro país que ayude a superar de forma solidaria la crisis de la pandemia más grave de las últimas décadas, iniciativa seguida de forma inmediata por el Gobierno de España en las distintas negociaciones en el Consejo de Ministros de economía de la UE solicitando la mutualización de la deuda que se genere al intentar salir con fortaleza de la crisis, mediante la emisión de eurobonos solidarios, planteamientos que han sido rechazados de plano por los países del norte de Europa, precisamente aquellos que nos exigen con vehemencia el cumplimiento estricto del déficit público afectando a la totalidad de las administraciones.

Este cumplimiento del déficit público que nos exigen los insolidarios del norte nos aboca a que desde el ámbito de las Administraciones Locales en estos momentos se disponga de recursos económicos bloqueados en las entidades financieras, en una cuantía que la FEMP cifra en alrededor de 28.000 millones € en todo el estado, correspondiendo a la Comunidad Valenciana según las mismas fuentes más de 3.000 millones€.

Según el informe del Ministerio de Hacienda de enero de 2020, el superávit de 2018 de las Administraciones Locales fue de 4.887 millones € de los que 1.001 millones€ se destinaron a pagar deuda a bancos y el resto a las llamadas IFS, inversiones financieramente sostenible.

Según este informe, las Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana obtuvieron en 2018 un superávit en el ejercicio del 12,60% de la totalidad, lo que representa 615 millones€, de los cuales sólo se ejecutaron en IFS 175 millones€, quedando por gastar la cantidad de 440 millones € que se incorporaron al fondo improductivo generado en las entidades financieras.

Las limitaciones establecidas en las Leyes Montoro, 27/2013 de racionalización de la administración local, con la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria impiden que los ayuntamientos puedan colaborar en estos momentos a una salida de la crisis con recursos suficientes para afrontarla con garantías no dejando a nadie atrás, colaborando activamente con la Generalitat Valenciana, la cual está haciendo un esfuerzo de una magnitud que supera claramente los recursos disponibles.

Desde la Generalitat, siempre hemos solicitado y seguimos solicitando la finalización de este bloqueo de los fondos de los ayuntamientos, bloqueo derivado de las políticas de austeridad impuestas por los mismos que nos niegan las ayudas solidarias necesarias, ya que dichos recursos movilizados adecuadamente y puestos en el mercado pueden generar riqueza, empleo y posibilidades de futuro para todos los valencianos, y más en estos momentos de absoluta necesidad.

Si la situación es excepcional, se tienen que tomar medidas excepcionales, por lo que urge que se elimine la regla que limita la capacidad de gasto de los ayuntamientos, al menos durante los dos próximos años para poder afrontar las dificultades de la crisis del COVID19 todos juntos, ayuntamientos y Generalitat Valenciana, reafirmando el compromiso municipalista del Consell de la Generalitat y de su Presidente Ximo Puig.