Quizás el título del artículo sorprenda a los lectores, al relacionar unos temas que parecen tan lejanos entre sí. Es evidente que nada tiene que ver el dichoso virus con los incendios forestales, pero si profundizamos, podemos observar que el patrón de conducta de la sociedad civil y nuestra clase política frente a estas amenazas sí que tiene ciertas analogías, pero presenta diferencias muy notables para afrontar sus consecuencias.
El Estado de Alarma se genera como respuesta a una emergencia, en este caso sanitaria, por el que se adoptan medidas de tipo económico, entre otras, como el cierre de empresas. Puesto que es una situación impuesta por el ejecutivo estatal, en este caso se observa un claro consenso para que sea la Administración competente la que establezca ayudas para las empresas a las que impone su paralización, a través de bonificaciones de cuotas sociales, exenciones de determinados pagos, aplazamientos tributarios, ERTES€ etc. Nadie duda que es una situación de justicia social ya que, si la Administración impone la paralización, la empresa debe ser compensada económicamente
No obstante, comparemos ahora con las empresas que realizan trabajos forestales. La Administración tiene un protocolo por el que establece los niveles de emergencia frente a incendios forestales. Cuando existe un riesgo elevado de esta catástrofe ambiental, el nivel de Alerta 3 supone la paralización de todos los trabajos que realizan las empresas en terrenos forestales, pues se argumenta que la maquinaria (tractores, desbrozadoras€) tienen elementos de riesgo que pueden producir chispas o accidentes en días donde la vegetación y el ambiente presenta un estado propicio para el inicio y rápida propagación del incendio forestal.
Hasta aquí, la situación es muy parecida: frente a riesgos sanitarios o ambientales, el gobierno de turno establece restricciones. Pero ahora viene la diferencia: a las empresas dedicadas al sector forestal no se les tiene ninguna consideración a la hora de compensar los gastos que ocasiona esta paralización impuesta por la Administración. Ni bonificaciones, ni exenciones, ni por supuesto ERTES... ¿Por qué esta diferencia de criterio si es todo sector económico? Hay que recordar que, haciendo una media de los últimos años, la prohibición de trabajos forestales por riesgo de incendios forestales podría rondar un mes.
Posiblemente nadie se lo habrá planteado hasta ahora, y si así ha sido poco se ha avanzado, pero sirva esta crisis para abrir el debate. Las empresas forestales suelen ser pymes, ubicadas en el medio rural, aquel que ahora todo el mundo quiere salvar de la despoblación. Estas empresas ya sufren todo el peso burocrático de trabajar en un medio hiper-legislado con restricciones de todo tipo, para que, además, no se les tenga en consideración el aspecto de las Alertas 3 y sus penalidades. Situación parecida, aún más acentuada e imprecisa, se da cuando se restringe la actividad forestal por nidificación de aves, pero eso ya daría para otro artículo.
Lejos de eslóganes y propaganda de apoyo al medio rural que carecen de fondo, necesitamos la adopción de medidas y soluciones reales. Si la autoridad laboral y ambiental están de acuerdo en solucionar este problema, no creo que sea muy complicado arbitrar un procedimiento. Lo que no puede aguantar más un sector pequeño, pero esencial como el forestal, son restricciones impuestas sin compensación.
