Mucho sufrimiento y desazón está causando esta crisis entre los letrados y letradas, sobre todo por la incertidumbre ante un escenario que prácticamente ha paralizado la actividad en muchos despachos, excepto en algunos sectores muy específicos, ligados a las consecuencias directas de la pandemia en nuestra sociedad. La Abogacía depende en mucho de las economías individuales y también de las PYMES y esta crisis sanitaria mundial ha dañado mucho a ambas.

Este nuevo orden de las cosas que se ha establecido está teniendo efectos dramáticos para la mayor parte de la abogacía, pero estoy segura de que la fuerza y la voluntad de mis compañeros y compañeras hará que extraigamos también enseñanzas valiosas que nos ayuden a salir reforzados de esta situación. La Abogacía Valenciana ha de saber que, en este camino que estamos empezando a andar y del que todavía nos queda bastante trecho, el Colegio de Abogados de Valencia quiere ser, y ya es, su bastón de apoyo. Desde el minuto uno en que se decretó la crisis sanitaria, hemos estado trabajando para encontrar (dentro de lo que significa una crisis como la que estamos viviendo) el mejor escenario para nuestros profesionales, pero sin dejar de lado el análisis, también, a medio plazo, que nos permita «volver» con más fuerza si cabe. Hemos tenido la suerte de que el ICAV en los últimos años ha hecho una inversión importante en tecnología y ello ahora nos ha permitido ofrecer la mayoría de servicios a nuestros colegiados y colegiadas.

El futuro, que se define «como lo que existirá o sucederá en un tiempo posterior al presente», en estos momentos ya lo veo, en lo que a la justicia afecta, complicado. En el pasado reciente no teníamos una justicia rápida, ni eficaz, ni adaptada a la tecnología. La Justicia siempre ha sido, en cuanto a dotación de medios y personas, la hermana pobre, si la comparamos con otros organismos, como la hacienda pública o la Seguridad Social, muy, muy pobre. El futuro pues, con esa mochila llena de retrasos y falta de medios tecnológicos y personales, puede provocar muchas desigualdades y un sentimiento de impotencia que los profesionales de la Abogacía sufrimos a diario y que, necesariamente hemos de trasladar a nuestros clientes. No sé si el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial van a pensar, además de en los jueces y funcionarios, en los abogados y abogadas -imprescindibles para su funcionamiento- y sobre todo en la ciudadanía.

Qué podemos y debemos hacer desde la Abogacía y desde el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Entiendo que es nuestra obligación primero colaborar en todo con la administración de Justicia, como hemos venido haciendo hasta ahora, pero también ofrecer alternativas para afrontar el futuro.

Desde el primer momento he considerado, que la clave está en la potenciación de las medidas alternativas para la solución de conflictos, promocionarlas no sólo desde los Colegios, sino también desde la Administración, para que así lleguen a la ciudadanía y se conciencie de los beneficios de estas. La mediación es una herramienta muy útil donde se pueden abordar todo tipo de conflictos, tanto del ámbito familiar, empresarial, civil, vecinal, comunitario, penal, conflictos con la Administración Pública, sin olvidar tampoco aquellos procesos de intermediación hipotecaria (ante las situaciones de impago del préstamo hipotecario de vivienda habitual) o relacionados con alquileres, tendentes todos a evitar la pérdida de la vivienda familiar o el desahucio. Con ésta, se facilita que las personas puedan resolver sus discrepancias de forma pacífica y satisfactoria, alcanzando soluciones rápidas, agiles, flexibles y vinculantes a través del diálogo, ayudados por un mediador.

Desde el ICAV, también facilitamos la resolución de conflictos a través de nuestro Tribunal Arbitral de Valencia (TAV). No podemos olvidar que el arbitraje ofrece una solución rápida -en principio, en un plazo inferior a seis meses desde la contestación a la demanda tendremos un laudo firme- a los conflictos entre las partes. Y en la medida en que el tiempo es dinero (no sólo, pero también) el arbitraje resultará, en estos tiempos que se avecinan, una solución más económica. El TAV asegura el nombramiento de un árbitro especialista en la materia objeto del litigio, sin olvidar, además, de la posibilidad de que sean las partes las que elijan directamente el árbitro que haya de resolver su contienda.

Las nuevas tecnologías, que estos días nos están ayudando tanto, deben quedarse, y si es posible llevar a cabo actuaciones extrajudicales y judiciales por estos medios. Ésta es la experiencia que para agilizar la justicia debe quedar asimilada e integrada en la misma, y servir para todos los que operamos, tanto en el asesoramiento como en los procedimientos administrativos y judiciales.

La Abogacía de Valencia está preparada y, seguirá preparándose y formándose para ayudar a la ciudadanía en algo tan básico como es contribuir a que la Justicia sea justa.