Estamos ante una crisis sin precedentes que afectará sustancialmente a nuestra sociedad en los próximos años. Después de controlar la pandemia a nivel sanitario será necesario un segundo imperativo: reactivar la actividad empresarial. Para ello nuestros gobiernos tendrán que tomar decisiones urgentes y diseñar políticas de actuación a largo plazo.

En el corto plazo, dicha reactivación no puede hacerse de forma uniforme en todo el país. El virus, como hemos comprobado, no está afectando por igual a todas las regiones. De igual forma, hemos constatado que no en todas ellas existe la misma dotación de recursos sanitarios, ni tampoco el mismo consenso político. Además, cada territorio tiene su propia idiosincrasia económica, donde unas actividades sectoriales predominan sobre otras. Por tanto, a corto plazo, se necesitaría diseñar un proceso de ajuste gradual que tenga en cuenta dichas circunstancias.

Tal como se propone en un informe de McKinsey publicado recientemente, en un primer paso cada región debería plantear una hoja de ruta según su posición en cuanto a (1) la evolución del número de casos (curvas de la epidemia), y (2) la fortaleza de su sistema de salud para responder a dicha evolución, medida con elementos objetivos, tales como la capacidad de las UCIS, la capacidad para realizar test rápidos y aislar pacientes o los recursos sanitarios disponibles (personal, camas de hospital, herramientas digitales o material sanitario). Ambas dimensiones deben permitir la elaboración de un mapa estratégico territorial con objetivos, líneas estratégicas e indicadores para abordar las medidas de reactivación, que deberán adaptarse en intensidad y velocidad a la situación de cada territorio.

En este proceso de ajuste habría que incorporar un tercer elemento: la estructura económica de cada comunidad. No es lo mismo una economía basada en el comercio o el turismo, que una economía basada en la industria. Cada sector tiene una diferente importancia y un mayor o menor riesgo de transmisión. La reapertura de los «sectores no esenciales» debería realizarse gradualmente de acuerdo a su importancia estratégica en cada territorio y a la evolución de sus capacidades sanitarias, con medidas y protocolos de actuación adaptados a las idiosincrasias de las industrias predominantes en cada región. La colaboración de los responsables de políticas de salud y asociaciones sectoriales es fundamental para el diseño de estos protocolos específicos en cuanto a distancia física, higiene en el trabajo, reporte de información, redefinición de puestos de trabajo y formación para aplicar dichos estándares.

En el largo plazo, sin duda, la crisis ha mostrado la importancia que tienen determinados sectores productivos, y la necesidad de consolidar un modelo industrial sólido y potente. Los fallos en las cadenas de suministro global, que en algunos casos han supuesto la paralización de la producción, nos alertan de los límites del aprovisionamiento en economías lejanas. Las nuevas tecnologías y el incremento de la conectividad contribuyen a la creación de nuevos mercados «sin fronteras» geográficas. Ambas dimensiones redefinirán el marco económico, comercial y político que ha dado forma a nuestra comprensión de la globalización durante el último medio siglo. El entorno actual -caracterizado por un proceso de «desglobalización»- es muy distinto al de la crisis económica anterior, y la experiencia de las empresas que han conseguido sobrevivir demuestra que es posible reconfigurar los modelos tradicionales de operar incluso para pequeñas empresas.

Gracias a las tecnologías de información y comunicación, estos cambios en el entorno ya han venido generando movimientos de relocalización de actividades productivas deslocalizadas anteriormente, y que ahora suponen un punto de partida fundamental para la puesta a punto de las economías en países desarrollados. De hecho, un estudio reciente del European Reshoring Monitor muestra 247 operaciones de relocalización hacia Europa durante el periodo 2014-2018. Esta «producción de proximidad» basada en la digitalización, la personalización y la flexibilidad podría ser uno de los focos de los programas de reactivación. Será necesario desarrollar programas específicos que fomenten la cooperación y vinculación entre los actores implicados, empresas, gobiernos locales, asociaciones empresariales y sistemas de innovación regional. Además, la asignación de ayudas públicas por perfil empresarial debería incluir dos parámetros que ya habíamos indicado previamente, y que ahora adquieren una mayor relevancia: la capacidad para generar valor añadido dentro del territorio y la posibilidad de generar efectos derrame positivos o spillovers en el resto de actores del ecosistema local.

El COVID-19 y las diferentes respuestas por parte de cada economía están ralentizando la globalización física, pero también suponen un impulso hacia una nueva globalización más digital. En el largo plazo, las economías líderes serán aquellas que sean capaces de adaptar sus industrias y modelos de negocio a esta nueva realidad global.