De esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19 nos quedan dos conclusiones: como sociedad, no estábamos preparados para enfrentarnos a la situación y, como gestión, carecíamos de un mapa de riesgos que implementase un plan de contingencia para afrontar, con capacidad de éxito, esta pandemia. Han tenido que ser la sociedad civil y sus profesionales, quienes, con su empuje, han sido palanca de movimiento del angosto sistema del engranaje de nuestras administraciones.

Es necesario reconocer la labor de profesionales, colegios profesionales, emprendedores, asociaciones de empresarios e institutos tecnológicos, que provocaron que la administración oyese propuestas para poder ser capaces de dar contestación a obligaciones legales de la Ley 31/1995, facilitar equipos de protección individual, y a necesidades asistenciales de equipamiento electromédico, ventiladores y respiradores, para enfrentarnos al SARS-CoV2.

Acciones dirigidas a proteger a fuerzas de personas de la administración pública y de empresas privadas que, independientemente del sector pero siempre en primera línea, nos estaban prestando un servicio asistencial primordial, dentro de sus posibilidades y a todos los ciudadanos. ¡Mil gracias!

Pasado más de un mes desde el Decreto de Alarma, es hora de analizar los errores y dirigir los esfuerzos a no continuar cometiéndolos y/o repetirlos.

La falta de equipos de protección respiratoria y pantallas de protección facial provocó una fabricación masiva al margen de la reglamentación que regula las condiciones de puesta en servicio. Normas con rigor técnico, puesto que un EPI no es un material que se fabrica y se da, sino que debe ser un equipo que proteja frente a un determinado riesgo sin ser motivador de otros. Y es ahí, en donde se han echado de menos directrices de organismos científico-técnicos en materia de prevención de riesgos laborales que explicasen, a la sociedad y a parte de la administración, que nos estamos enfrentando a un «enemigo» de un tamaño de entre 0.06 y 0,14 micras, cuyas vías de transmisión podrían ser por contacto directo, por transmisión aérea (y no sólo gotas sino también por microaerosoles provenientes de gotas evaporadas) o por vía fecal oral. Virus con una persistencia sobre superficies que oscila de horas a días, tal como consta publicado por la OMS en su resumen científico del 29 de marzo.

Directrices técnicas que, ante factor de riesgo y persistencia, deberían haberse definido, en colaboración con institutos tecnológicos, con qué tipos de materiales, de ámbito sanitario, se deben fabricar los EPI que se están facilitando a profesionales, para permitir su descontaminación o, en su defecto, su tratamiento como residuo de grupo III conforme Decreto 240/1994. A los usuarios les ha faltado información que la norma obliga para una utilización segura. La realidad, equipos sin examen de modelo tipo, sin marcado CE y sin manual de utilización al servicio de los profesionales que podrían incumplir la Ley 31/1995.

Criterios técnicos que sí abrió, parcialmente, la Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020, y que excepcionalmente ha permitido disponer, exclusivamente para el personal sanitario y durante la crisis sanitaria en curso, de equipos de protección sin disponer de examen de modelo tipo, permitiendo garantizar una cadena de suministros por adaptaciones productivas de asociaciones de empresarios (ATEVAL, AVEP y AITEX...)

Actualmente no disponemos de competitividad y eficiencia en sectores productivos por haber dejado de lado una industrialización como actividad estratégica basada en modelos económicos flexibles que nos hubiera dado capacidad de producción. Ejemplo es la falta de flexibilidad de nuestra administración para ayudar a profesionales a poner productos, como el Acute19, al servicio de necesidades asistenciales ante cuadros de neumonía grave con distrés respiratorio. Prototipo desarrollado por un Ingeniero Industrial valenciano, Damiá Rizo, y un equipo multidisciplinar quienes, día tras día, y casi sin apoyo institucional, se encuentran ante un proceso de validación experimental que obliga la AEMPS. A nivel técnico sí cuentan con nuestro Colegio Profesional y con la RedIT.

En esta época confinamiento esperamos que a más de uno le dé por reflexionar y analizar qué políticas de consenso real, de medio-largo plazo, debemos adoptar para dar respuestas eficientes a necesidades urgentes. No necesitamos exceso de instituciones públicas ni burocratización ni normativa. La sociedad demanda criterios claros, concretos y concisos que permitan adaptabilidad de soluciones a problemas reales, puesto que hemos tardado demasiado en enfrentarnos a esta situación de urgencia. Criterios, siempre, con salvaguarda jurídica y rigor técnico, que no generen incertidumbre y desfallecimiento de las empresas que, altruistamente, han estado ayudando en esta crisis.

Apostemos por hubs empresariales y profesionales organizados por sectores estratégicos, que den respuesta rápida a demandas en las crisis, bajo mapas de riesgos y planes de contingencia. Sabemos hacerlo, puesto que hemos podido producir lo necesario sin depender del exterior. Para ello necesitamos estímulos fiscales que reviertan en la actividad empresarial, con base en préstamos productivos que permitan generar conocimiento y retener el gran talento profesional existente en nuestra Comunitat.

Podemos hacerlo.