De un interesado y doble dilema se trata. Por un lado, contraponer salud y economía; por otro, medio ambiente y economía. En el primer caso, con la gravísima crisis sanitaria que sufrimos, la protección de determinados colectivos más vulnerables se pretende ver como un obstáculo que impide la reactivación económica, una posición moralmente indefendible.
En cuanto al segundo, se han denunciado repetidamente las nefastas consecuencias de señalar la protección del medio ambiente como un impedimento para el desarrollo económico, basándose en que encarece los proyectos y retrasa su puesta en marcha. Se trata de un dilema falso, como han señalado los firmantes del reciente acuerdo surgido desde la UE (entre ellos nuestra ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera) para impulsar la Recuperación Verde: políticas que generan empleo y bienestar al tiempo que contribuyen a frenar la crisis ambiental.
Economía verde, una necesidad inaplazable
Son muchos y variados los proyectos que hemos criticado en los últimos años, referidos al incremento desmesurado de la urbanización y de las infraestructuras del transporte, o la destrucción de recursos naturales, porque van contra esa lógica de la economía verde.
Veamos el caso más reciente. En un artículo publicado en este mismo diario (28-6-2019) proponíamos una moratoria para el proyecto de ampliación del Puerto de València, por considerar que los enormes costes de todo tipo que se derivan, ignorados en gran parte, de ninguna forma justifican los beneficios para el empleo y la economía. Últimamente hemos asistido a una serie de cambios en el proyecto oficial tratando de esquivar un nuevo examen ambiental, lo que ha generado un desgaste social y político innecesario, habida cuenta de los problemas tan importantes que nuestro país tiene planteados, ahora agravados por la terrible pandemia que estamos padeciendo.
Una pandemia que tiene que ver, como señalan importantes asociaciones para la protección de la Naturaleza, con la destrucción de hábitats y la pérdida de la biodiversidad, factores que favorecen la difusión de las plagas.
Si hay algo que podemos aventurar en estos días es una crisis económica y social sin precedentes a escala global, con la urgencia de abordar problemas completamente prioritarios como la política sanitaria y la emergencia climática.
La pandemia nos muestra el coste de la insuficiencia de inversiones en investigación científica, en preparación ante las emergencias y en cobertura social para personas de toda condición y edad. Antes de la crisis sanitaria, las urgencias ya eran esas y por tanto, la inversión pública tiene que dirigirse a ellas con prioridad rotunda y no a proyectos discutibles y discutidos por su dudosa necesidad.
Hace poco, la revista Nature recordaba el programa de estímulo promovido por el presidente Obama después de la crisis de 2008, con inversiones en infraestructura verde y en investigación y desarrollo para energías renovables y eficiencia energética. Proyectos que, en palabras de uno de los expertos del World Resources Institute, crearon más ocupación «que los destinados a proyectos convencionales como la construcción de carreteras». El artículo advertía, sin embargo, el peligro de que los Gobiernos echen mano de proyectos que de alguna manera se estaban ya abandonando, y cita las centrales eléctricas a base de carbón: «Las medidas ambientales son a menudo lo primero que se descarta» cuando el enfoque se centra exclusivamente en el crecimiento económico y el empleo.
¿Volver a las andadas?
Por eso, a nivel local, habrá que contrarrestar las presiones que intentarán reactivar proyectos improcedentes o evitar que se paralicen actuaciones necesarias que estaban a punto de emprenderse (léase las que se habrían iniciado el pasado 23 de marzo en la ciudad de València, destinadas a mejorar la accesibilidad peatonal en las áreas centrales).
Ya podemos ver una muestra de esas presiones. Hace pocos días el presidente del Puerto, inasequible al desaliento, decía que «proyectos como este (obviamente se refería a la ampliación) serán más necesarios que nunca para impulsar la recuperación económica después de la crisis del virus...» Por si alguien creía que íbamos a pasar página en este asunto, queda claro que cuando despertemos de esta pesadilla, el Puerto continuará ahí, como el dinosaurio del cuento de Monterroso. No será el único.
Insistimos: el crecimiento del Puerto de València no se puede llevar a cabo a cualquier precio. La salud de las personas, por la contaminación del aire o la alteración del ecosistema marino y del paisaje litoral, son cuestiones que depreciarán el valor y el atractivo de nuestra ciudad. De haberse considerado de inicio esos factores, ni la ampliación sur de los años noventa ni la que ahora se pretende ejecutar, se habrían cuando menos planteado.
Parar y reflexionar
Aún menos soportable resulta ahora, pues habrá que evaluar con sumo cuidado cada euro público disponible para reparar los daños de la pandemia. Porque son públicos los recursos naturales y la parte más sustancial de la financiación para las obras portuarias.
Se trata, por lo tanto, de parar y reflexionar sobre lo que se nos viene encima. No nos equivocaremos si reforzamos las propuestas que ya veníamos defendiendo: orientar la inversión pública y privada hacia la investigación científica, las infraestructuras sanitarias y de atención a los cuidados sociales, la reindustrialización, las políticas medioambientales, la movilidad sostenible y la agricultura de proximidad, pues todas ellas son una base potentísima para la actividad económica, en la línea fijada por el acuerdo comunitario citado al principio de este escrito. Recordemos que se trata de sectores que generan mucho más empleo que los que venimos criticando.
En cuanto al capital natural -que estos días se permite un ligero respiro- recordemos, como indica Edward O. Wilson, que los servicios que nos proporciona de forma gratuita (aguas, control de la contaminación, enriquecimiento de suelos€) superan en valor económico a todo lo que la humanidad genera artificialmente.
