Esta crisis sanitaria, la pandemia por el Covid-19, ha puesto en evidencia muchas fortalezas y debilidades. Qué o quienes son parte de la solución y qué o quienes contribuyen a generar más problemas. Qué o quiénes son los que suman y qué o quienes restan. La defensa de lo público frente a la defensa de los intereses particulares. La solidaridad y la empatía frente al egoísmo y querer sacar provecho. Y en todo esto, la ideología, y la acción política y social que de ella se derivan, también cuentan.

Así está ocurriendo en el ámbito de la sanidad. Los recortes en nuestro país, en otros la falta de apuesta por el sistema público o la pobreza e incapacidad de inversión sanitaria, son ahora más evidentes y dolorosos.

En África donde los sistemas sanitarios son débiles, la UNECA (comisión Económica para África de la ONU), estima que la pandemia podría dejar hasta 3,3 millones de fallecimientos y abocar a 27 millones de personas a la pobreza extrema.

En EEUU, la ONG Public Citizen señala que hay sobre 29 millones de ciudadanos y ciudadanas sin seguro médico, y que unos 58 millones están infraasegurados, es decir, con póliza con pocas coberturas y altos copagos. En un país donde el seguro médico va estrechamente relacionado con el salario, el que en el último mes se hayan perdido 22 millones de empleos puede suponer además de un drama social, un drama sanitario.

En España, los recortes de décadas han perjudicado a pacientes y profesionales y favorecido a la sanidad privada, bien con derivaciones, bien desgajando la gestión pública directa mediante concesiones administrativas y conciertos, bien abocando a pagar por un seguro privado. Lo indignante es que la desatención de lo público sirva de argumento para exaltar lo privado.

En el año 2008 el sistema financiero entró en crisis. Lo recordamos muy bien porque la ciudadanía aún está pagando las consecuencias. Fue un test de estrés que muchas entidades no soportaron, evidenciando la ineficacia de aquel sistema. El sistema sanitario, público y privado, tiene ahora, con esta crisis pandémica, su propio test de estrés. Pero ciertamente es la sanidad pública, y sus profesionales, la que está salvando la situación. La maltratada Atención Primaria está siendo clave para controlar la enfermedad en casa, y en los hospitales el personal, sanitario y no sanitario, ha estado a la altura en todo momento, a pesar de la falta de medios y el colapso vivido. Al mismo tiempo estamos comprobando cómo el modelo fragmentado y mercantilizado de la sanidad privada no sirve para dar respuestas globales de salud pública, y menos aún en esta situación de pandemia. Esto no lo digo por sus trabajadores, que además suelen trabajar con ratios y recursos aún más ajustados y por menores sueldos, sino por el modelo de negocio de la sanidad privada y privatizada.

Cuando pase esta acuciante coyuntura, dentro de la Unión Europea tendrá que haber un extenso debate que nos prepare para futuras situaciones que ojalá no lleguen. Lamentablemente, hemos visto cómo cada país ha hecho la guerra por su cuenta, al no contar con mecanismos únicos en materia sanitaria que conjugasen políticas y actuaciones. También se tendrá que pensar cómo reforzar el papel y la financiación de los Organismos de Salud a nivel mundial para ampliar su capacidad de actuación y preservar su acción de los ataques que reciben.

Y en nuestro país habrá que sanear el sistema. No bastará con hacer grandes discursos y pequeños ajustes. Será obligado fortalecer aquello que nos está salvando, la sanidad pública y sus profesionales, y desechar los modelos que han demostrado que no aportan valor. La salud individual y la salud colectiva están unidas, y la sanidad pública es la única que compagina ambos objetivos, porque es la única que piensa exclusivamente en la ganancia en salud y no en los beneficios empresariales para inversores internacionales, o incluso fondos buitre.

El camino a seguir es la promoción, la protección y la defensa del sistema sanitario público, de sus profesionales, de sus infraestructuras, de su investigación. Para ello, es necesaria una dotación en los presupuestos que represente una parte importante del PIB (al menos el tan reclamado 7%). Una financiación blindada, estable y fuerte, también para la investigación. Esto unido a que, en una futura reforma constitucional, se reconozca el derecho a la salud como un derecho fundamental, y no dentro de los derechos sociales y económicos como está recogido ahora en el artículo 43 de la Constitución Española. Acompañado, al mismo tiempo, de cambios legislativos valientes, como la revisión de la ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que impidan un modelo de negocio de sanidad privada, a costa de la sanidad pública, financiado con el dinero de todos, pero sin rendición de cuentas. Y dentro de la defensa de la sanidad pública encontraremos que todo aquello que ahora se va en beneficio empresarial y marketing irá al 100% a recursos para la asistencia sanitaria de toda la ciudadanía: ampliación de plantillas, mejoras en las condiciones laborales, equipamientos, medios necesarios y humanización.

Ya no hay excusas, ni segundas oportunidades, tenemos que reaccionar tras la pademia.