La Vicepresidenta Mónica Oltra se refirió hace unos días a las precarias condiciones que buena parte de los trabajadores, en este caso trabajadoras, del sector de la hostelería padecen. Fue casi una verdad de Perogrullo que, sin embargo, ha generado un gran revuelo e indignación en la patronal correspondiente de la que se ha hecho eco Salvador Navarro, patrón de patrones.

Se le ha venido a decir a la Vicepresidenta que se centre en sus problemas y no genere otros innecesarios, y uno se pregunta ¿qué problemas generan esas declaraciones?

A nuestro parecer ninguno, muy al contrario. Simplemente ponen el foco en una realidad que las organizaciones sindicales venimos largo tiempo denunciando y que en esta crisis se hace más evidente y lacerante que nunca, y de la que son responsables el modelo económico y social, vale, pero en última instancia los empresarios que acuden a estas fórmulas de contratación diferida bien fomentada por la desastrosa reforma laboral del 2012.

No vemos en sus palabras una negativa a ayudar a las empresas del sector que pasan por graves dificultades ni constan discrepancias en el Govern respecto de las que se han aprobado para autónomos por una cuantía global de 57 millones de euros. Tampoco creemos que se deba limitar por parte de los empresarios el campo de actuación que le es propio a la Vicepresidenta ni que se le pretenda instruir sobre cuáles son esos problemas en los que debe centrarse.

Se puede estar con las empresas que pasan dificultades, pero ¿acaso no con los trabajadores y trabajadoras? En este sentido, convendría recordar que siguen sin firmarse los convenios colectivos de hostelería en las provincias de Valencia y Castellón, que alguno de ellos lleva sin negociarse un buen número de años y que esta desidia y cicatería se ha practicado en los años record de turistas y visitantes extranjeros en nuestra Comunitat. Echamos en falta algún pronunciamiento de la CEV sobre esta tacha en el diálogo social, porque diálogo social y no otra cosa es la negociación colectiva.

También hemos podido leer alguna queja de la misma fuente sobre el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y AFIN, a los que se les acusa de no conceder crédito a los pequeños empresarios. ¿A todos? Es fácil suponer que Manuel Illueca valorará el nivel de solvencia y viabilidad de quienes solicitan crédito a las entidades que él dirige y que, atendiendo a estos criterios, actuará en consecuencia. A él le corresponde hacer esta valoración y no a los empresarios y, si no, baste recordar el estrepitoso fracaso de la extinta SGR.

Es curioso cómo se reclaman y proclaman las bondades de la colaboración público-privada, pero no se denuncia que las entidades financieras privadas son las que en primera instancia están negando el crédito a esas empresas. O ¿es que la colaboración público-privada consiste en mutualizar el riesgo y hacer privados los beneficios?

Todos tenemos interés en salvar nuestro tejido productivo, de ello depende la riqueza del país y el empleo, por eso hemos defendido desde UGT y CCOO que hay que ser flexibles en la aplicación de los ERTE,s, llevarlos hasta donde haga falta para garantizar las rentas de los trabajadores y mantener vivas las empresas. No menos necesario y urgente es poner ya en marcha la renta de ingreso mínimo vital, pero también hemos defendido ayudas extraordinarias a autónomos, así como moratorias fiscales.

Un poco de moderación. Todos recibimos presiones en momentos de tanta angustia, pero reconozcamos que no siempre los nuestros han de tener razón.