U na de las primeras conclusiones acerca de esta crisis excepcional del Covid-19 es que el sector primario es y seguirá siendo fundamental. Hemos sido capaces de producir y abastecer de forma suficiente y ordenada evitando de este modo una mayor crisis social aparte de la sanitaria. Imagínense si al ir a los supermercados, a las tiendas especializadas, no hubieran tenido frutas y verduras frescas u otro tipo de productos agroalimentarios para consumir.
Pero también hemos puesto nuestro granito de arena colaborando de forma desinteresada, tras nuestro trabajo en el campo o en las granjas, en la desinfección de las calles de nuestros pueblos y ciudades. Paramos las movilizaciones que llevábamos a cabo antes de la pandemia, pero esperamos que no caigan en el olvido y cuando pase todo esto se nos reconozca de la misma manera que ahora y que las legítimas reivindicaciones no caigan en saco roto.
Y nuestra labor no ha sido ni mucho menos fácil en estos meses. Para el correcto desarrollo de nuestra actividad y el posterior abastecimiento de los mercados, hemos sufrido muchas veces la ambigüedad de las medidas o el rechazo en otras. El cierre del canal Horeca (hoteles, restaurantes o cafeterías) ha dejado en la estacada a muchos de nuestros productores, aunque esto no tiene solución mientras no abran. Pero lo más grave son los productores que vendían de forma directa o indirecta a los mercados no sedentarios de proximidad que se celebran en la mayoría de las poblaciones de la Comunitat Valenciana. No entendemos cómo pueden abrir sin problemas los supermercados en lugares cerrados, con las aglomeraciones que hemos visto y sufrido, y se prohíban este tipo de mercados. No comprendemos cómo la Delegación del Gobierno sigue obviando su apertura, con las condiciones sanitarias exigidas, claro, a las que no nos negamos, mientras en otras comunidades autónomas sí se permiten.
Necesitamos una estructura con diversidad económica y modelo de tejido industrial fuerte, moderno y con capacidad de reacción ante cualquier nueva adversidad como la que estamos viviendo. Ha quedado muy claro -y espero que no lo olvidemos luego- que como consecuencia de esa política para aprovechar las ventajas de unos menores costes de producción en terceros países se ha terminado deslocalizando la fabricación y por tanto el desmantelamiento de parte de nuestra industria, provocando la falta de materia prima y una dependencia externa que ahora nos costará una gran inversión pública.
La agricultura y ganadería no escapan tampoco a ese modelo impuesto por estas políticas globalizadoras y por las estrategias de grandes empresas que han apostado por la deslocalización y por las importaciones masivas de productos agrícolas y ganaderos, ocasionando el abandono de tierras y de cabaña ganadera en nuestros territorios. Resulta más que evidente que esto debe ser un punto de inflexión para que los acuerdos internacionales que la UE firma con terceros países cambien y dejen de mostrar una laxitud imprudente que sólo genera problemas de consolidación del modelo agrícola de explotaciones profesionales que garantizan la soberanía alimentaria y que en estos momentos no son capaces de rejuvenecer la población agraria por culpa de esas malas políticas.
Desde la Unió reclamamos ahora más que nunca modelos agroalimentarios que pongan en valor que los productos tengan la mayor proximidad posible y exigir a las Administraciones que antes de firmar cualquier acuerdo realicen estudios sobre los efectos, que comprueben si las producciones son o no deficitarias en el ámbito comunitario y en qué momento en relación al consumo para así alcanzar acuerdos ordenados y no levantar las voces y barreras del proteccionismo extremo que no es positivo para una agroalimentación como la nuestra con vocación exportadora también. El consumidor debe concienciarse a la hora de la compra que cuanto más cerca sea lo que adquiere más ayuda a la riqueza de nuestros productores, de nuestros pueblos, al mantenimiento del territorio en el que vive e incluso a la contribución para mitigar el cambio climático.
Esta crisis debería servir para orientar hacia agriculturas modernas basadas en el pacto verde que propone como reto la Comisión Europea, pero esto únicamente será posible respaldando a los profesionales.
Todos los agricultores y ganaderos hemos dado una lección de trabajo y colaboración con la sociedad que nos ha reforzado como colectivo y que espero que sirva para que nuestros gobernantes entiendan que deben escuchar a las personas profesionales para labrar un futuro mejor.
Todos los que formamos parte de la sociedad valenciana debemos trabajar unidos en propuestas con un enfoque que dé respuestas colectivas en algunos de los principios básicos de un estado del bienestar como son la alimentación, la sanidad, la educación, la sostenibilidad. La sociedad del futuro debe adaptarse a los cambios que nos impondrá la pandemia y trabajar para responder con rapidez para mitigar lo antes posible la amenaza de lo desconocido y gran parte de ello dependerá de la capacidad de disponer de material propio.
Nuestra sociedad debe contar con aquellos que suministran alimentos de calidad, dan sostenibilidad, cuidan el territorio y el medio ambiente y favorecen al mantenimiento de la población en zonas rurales. Si conseguimos crear modelos propios donde los productores puedan vivir dignamente de su trabajo, evitaremos el brutal coste público que va a suponer la pandemia del COVID-19 y que vamos a pagar entre todos como sociedad.
