Es evidente que la problemática económica y social que acompaña el desastre sanitario que ha supuesto el COVID-19 tiene unas dimensiones indeterminadas, aún en fase de generación de datos y cuantificación de los mismos, pero en todo caso sin precedentes ni similitudes con otras catástrofes, al menos en un pasado reciente. Una parte fundamental del análisis de su incidencia debe ser el análisis territorial, especialmente si nos referimos a variables y aspectos socio económicos, subordinados a los aspectos sanitarios y humanos, pero íntimamente relacionados, sobre todo si tenemos en cuenta que los recursos públicos de interés general necesitan financiación, es decir no salen de la nada. Y tanto a nivel sanitario o médico, como a nivel económico, la pandemia no parece que tenga un comportamiento homogéneo en el espacio, como es de esperar.
La implementación de medidas de naturaleza económica no debería obviar las características y peculiaridades de cada territorio, ya que si queremos que sean eficaces deben adaptarse a los agentes socioeconómicos que las deben ejecutar y a quienes se deben beneficiar de las mismas en última instancia, es decir a los ciudadanos. Todas las administraciones deben implicarse en la recuperación económica futura, y la administración local debe ser habilitada para manifestar sus necesidades y ser escuchada, así como dotada de capacidad de gestión y financiera para poder actuar.
La incidencia de casos en zonas que concentran grandes aglomeraciones de población, así como el riesgo de colapso sanitario en las mismas, nos viene a advertir una vez más que se debe buscar el equilibrio territorial en la distribución de actividades y personas, poniendo a su vez de manifiesto que el problema de la despoblación, que se suele circunscribir a ciertos territorios de la denominada "España Vacía", puede ocasionar problemas de distinta índole también en aquellos lugares receptores del éxodo poblacional y que a priori no padecen despoblación.
Una respuesta igual para todos, con tabla rasa, más que justa parece generadora de injusticia y está abocada a la ineficiencia Las restricciones a la libertad han sido las mismas en el centro de una gran ciudad que en un enclave aislado.
Algunos gestores que se consideran ajenos al problema por no tener pérdida de población en su área de competencia pueden no solo ver cambiar esa tendencia en breve tiempo, como ya les ha ocurrido a algunos, sino que también se están encontrando con nuevos problemas que en muchos casos no tienen fácil solución.
La distribución de recursos (financiación) públicos debe considerar nuevos aspectos que tengan en cuenta nuevas circunstancias, y que faciliten la conexión entre territorios permitiendo la fluidez en el trasvase de recursos ante situaciones inéditas para facilitar la capacidad de respuesta. La aparición de problemas globales debe tener una respuesta global, pero no debemos olvidar que lo global se conforma por la agregación de lo individual, y que, aunque cada caso y cada problema requiera su propio análisis y solución, los enfoques ascendentes en la toma de decisiones, es decir de abajo arriba, son los más indicados en muchos casos y suelen dar la mejor respuesta ante situaciones globales pero conformadas por partes heterogéneas fruto de la diversidad.
Las soluciones sectoriales, que hasta la fecha parecen haber prevalecido, deberían considerar también las territoriales. Tanto a nivel sanitario, como a nivel de economía pública, como también en términos económicos, los efectos de la pandemia no están siendo iguales, por lo que una respuesta igual para todos, con tabla rasa, más que justa parece generadora de injusticia y está abocada a la ineficiencia. Un ejemplo sencillo lo puede ilustrar. Las medidas a aplicar para el sector turístico, un sector estratégico a nivel nacional duramente castigado por la situación actual, podemos pensar que deberían ser iguales para todos, tal como vemos que se han aplicado las duras restricciones a las libertades impuestas hasta la fecha a los ciudadanos, que han sido las mismas para alguien que vive y trabaja en el centro de una gran ciudad que para el que vive en un cortijo andaluz, aunque evidentemente la probabilidad de contagio no es la misma. Pero se debería considerar si las medidas económicas a aplicar tienen el mismo resultado (y sentido) aplicadas, por ejemplo, a grandes negocios de hostelería orientados al turismo internacional en zonas de turismo masivo que aplicadas a un pequeño negocio familiar de agroturismo que complemente rentas del sector primario. Es evidente que no tienen las mismas circunstancias tanto en términos sanitarios (posibilidad de expansión del COVID-19) como en términos de reestructuración económica, para adaptarse a la nueva situación del mercado turístico.
Es necesario legislar a distintos niveles, tanto para implementar medidas de apoyo económico como para imponer restricciones a la actividad, y esto se logra dejando competencias a quienes son conscientes del entorno que les rodea y asumiendo las competencias generales por quien proceda, cuando proceda y también especialmente para evitar desmanes y pugnas localistas en aquellos lugares que no sean capaces de asumirlas de forma eficiente y leal con el conjunto. Las decisiones estratégicas y de interés general son competencia del Estado y deben garantizar la igualdad, pero las necesidades específicas, propias de la distinta naturaleza de los interesados deben asumirse y plantearse desde un enfoque local, construyendo una red que implique a todos, desde todos los niveles, sin olvidarse de quienes más lo necesitan.
