En el último cuarto del siglo XX asistimos a un persistente y sistemático acoso al papel del Estado como árbitro en la economía. La Escuela de Chicago se aplicó a ello y vimos como Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en el Reino Unido fueron sus embajadores más emblemáticos. En el cono sur del continente americano, esta escuela pudo aplicar sin piedad alguno sus preceptos, apoyada por las dictaduras que en esos momentos gobernaban Chile o Argentina. Los estragos que en esos oscuros años sufrió la población queda en los anales de la historia.
En España, los gobiernos liderados por Aznar y después por su designado Rajoy, no con menor interés, defendieron a ultranza el capitalismo salvaje y el libre mercado como guía indiscutible de las políticas neoliberales, paradigma de progreso y solución de todos los problemas de nuestro país.
Estas políticas, cuando la responsabilidad de gobernar estaba encabezada por líderes de la derecha, supusieron un intento de debilitar y desmantelar los servicios públicos, entre ellos la sanidad, la educación y el transporte, que acabaron debilitando el sistema de Bienestar creado al albur del final de la II Guerra Mundial y que en España empezamos a disfrutar con los primeros gobiernos socialistas de los años 80.
El paradigma de que el sector privado era el más indicado para prestar todos esos servicios era un mantra con el que nos machacaron impunemente con la complicidad de todos los medios de comunicación que por convicción o interés se prestaron a su publicidad. Y así vimos cómo recursos públicos se entregaban al sector privado para que pudiera gestionar la sanidad, la educación o las autopistas, bajo el disfraz de una mejor gestión, pero que escondía ineficiencias por la falta de control de uso de esos recursos y que no pocas veces acabaron en lamentables casos de corrupción.
Pasa el tiempo y hoy vemos cómo gobiernos europeos, liberales en lo económico y conservadores en lo político, han tenido que cambiar el rumbo de sus políticas y darle al Estado el papel relevante que tiene en la economía como redistribuidor de riqueza y bienestar, garantizando para toda la ciudadanía: la salud, un mínimo de renta que le permita hacer frente a sus primeras necesidades y la continuidad de su trabajo o empresa. Incluso un personaje como Trump ha tenido que darle al Estado más papel del que jamás hubiese deseado. Imagino a Aznar retorciéndose en su vivienda de Marbella ante esta traición al neoliberalismo.
Los gobiernos conservadores de estos países han tenido que reconocer por la vía del shock la necesidad de la intervención del estado en la política económica. Pero esto no nos debe llevar a engaño, estarán atentos al momento de resarcirse de las políticas que no tienen más remedio que aplicar.
En España contamos con un gobierno liderado por un presidente socialista, Pedro Sánchez, que desde que tomó posesión de su cargo ha tenido claro, como no puede ser de otra manera, el papel del Estado como agente redistribuidor de la renta y propulsor de la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. Para que todas y todos puedan avanzar en su desarrollo vital como personas, es importante para el Estado proteger a los más desfavorecidos e impulsar la economía desde el lado de la demanda fundamentalmente.
Llegados a este punto y en la situación actual ha sido de capital importancia este enfoque para afrontar desde un primer momento los graves problemas a los que nos estamos enfrentando como país. Todo el desembolso que se está llevando a cabo para hacer frente y mitigar el impacto económico y social en este momento va a ser vital para la recuperación futura y para que el desarrollo de la crisis en el futuro tenga el menor impacto posible en las empresas y las personas.
Liberar recursos financieros y monetarios por parte del Estado para mitigar el sufrimiento en nuestro país, proteger nuestro tejido productivo, pero también de nuestro entorno europeo y supra-europeo, pone de manifiesto la necesidad de una recaudación de impuestos más solidaria, con mayor incidencia en la progresividad de los impuestos, con más recursos dedicados a la lucha contra el fraude y también con el desarrollo de nuevos impuestos que graven las grandes fortunas y a aquellos que obtienen rentas no por su contribución a la creación de riqueza, sino por generación de renta improductiva. Impuestos con los que garantizar un mejor futuro para todos del que pueda darse sin ellos.
En este camino, los socialistas y el gobierno de coalición del que formamos parte estamos volcados desde el primer momento de la legislatura y especialmente en esta crisis sanitaria, económica y social en la que el COVID-19 nos tiene inmersos.
Al final he traicionado el título de este artículo porque sí, creo que parafraseando la canción de Sabina (que él me perdone que no habrá quien lo haga), creo que al final se puede decir que «Pongamos€ que hablo del COVID».
