El nuevo Reglamento sobre reutilización de las aguas depuradas en la agricultura, pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo, establece unos parámetros de control mucho más estrictos que la actual normativa española. Su aplicación, que será obligatoria a los tres años de su publicación, obligará a realizar cuantiosas inversiones en los sistemas de tratamiento que al día de hoy ni están planificadas ni cuentan con respaldo económico para su ejecución.

El documento que llevaba varios años en estudio ha tomado impulso tras ser aprobado por el Consejo el pasado mes de marzo. De no adoptarse medidas urgentes, la Comunitat Valenciana puede pasar de ser la región modélica, que lidera la reutilización en Europa, a ocupar un lamentable puesto de cola, ya que sólo el 7 % del agua que ahora se reutiliza estaría en condiciones de cumplir con la nueva norma. Más de 100 hectómetros cúbicos podrían dejar de ser aptos para el uso agrícola y 25.000 hectáreas pueden perder sus cosechas por falta de agua.

El Reglamento focaliza su objetivo en alcanzar un mayor control y garantía sanitaria sobre el agua tras su paso por las plantas depuradoras, introduciendo límites muy estrictos a los principales patógenos que transportan las aguas residuales. Virus, protozoos y bacterias deberán ser eliminados con sistemas de tratamiento más eficaces que los actuales, para evitar cualquier tipo de riesgo sobre la salud de las personas, animales y el medio ambiente. Esta norma dejará obsoleto el decreto español sobre reutilización, al no contemplar éste la eliminación de virus ni protozoos y ser mucho más tolerante en el control de las bacterias patógenas presentes en el agua tratada. Además obligará a revisar a muy corto plazo las instalaciones en funcionamiento para adaptarlas a los nuevos requerimientos.

Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, urgía, hace unos días, a que los estados miembros de la Unión Europea refuercen y apoyen, en mayor medida, todos aquellos sectores que son vitales para la vida y para el mantenimiento de un tejido productivo mínimo que satisfaga las necesidades sociales básicas. La agricultura es, sin lugar a dudas, uno de ellos. En el caso de la Comunitat Valenciana el sector agroalimentario, que ocupó un puesto relevante en la actividad económica, ha ido languideciendo en los últimos años. Las estructuras agrarias, los nuevos canales de comercialización y muchos otros aspectos seguro que deben ser objeto de revisión para garantizar su viabilidad, pero sin lugar a dudas su sostenibilidad dependerá en gran medida de su adaptación al cambio climático y a la disponibilidad del acceso al recurso agua. Es ahí donde la reutilización está llamada a jugar un importante papel para paliar, aunque sea sólo en parte, la fuerte reducción que están experimentado los recursos hídricos naturales.

La cuenta atrás ya se ha iniciado, es el momento para que las buenas palabras e intenciones que han acompañado al gobierno valenciano durante los últimos años en pro de la reutilización se hagan realidad. Identificar las inversiones tecnológicas necesarias para adaptar las depuradoras al nuevo escenario, establecer el marco económico financiero para las inversiones a realizar y los costes de explotación a soportar, junto con la revisión y adaptación de la legislación sectorial para fomentar su impulso, son algunas de las tareas que se deben acometer ya si realmente pensamos que la agricultura es un sector crítico que debemos proteger. Si es así, el campo espera respuesta.