13 de mayo de 2020
13.05.2020
Levante-emv

Covid y transporte de viajeros por carretera

13.05.2020 | 19:50
Covid y transporte de viajeros por carretera

La declaración de estado de alarma el pasado 14 de marzo para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha conllevado numerosas medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno con el fin de paralizar la propagación del virus.
Una de las medidas más drásticas ha sido la reducción casi total de la libre circulación de ciudadanos, hasta el punto de que únicamente podemos desplazarnos para llevar a cabo actividades tendentes a garantizar necesidades básicas. Es por tanto evidente que uno de los sectores más perjudicado en este contexto ha sido el del transporte.

Sin olvidarnos del impacto en el transporte aéreo y ferroviario, el transporte de viajeros por carretera, tanto público como privado, es uno de los subsectores más dañados en términos económicos. Las razones de ello son varias.

Por una parte, encontramos los servicios considerados esenciales, que deben seguir prestándose de forma mínima, a pesar de una demanda muy inferior que ni siquiera cubre los costes de esos servicios mínimos. Por otra parte, se encuentran los servicios de transporte escolar, discrecional y turístico, que al no ser esenciales se han visto obligados a cesar su actividad.

Así, la falta de ingresos está generando, desde un punto de vista del equilibrio económico-contractual, que las empresas del sector se vean ahogadas por sus costes estructurales, aquellos que afrontan de forma continuada con independencia del desarrollo de la actividad.
A ello hay que sumar las inversiones y obligaciones adicionales que están teniendo que asumir para cumplir con las medidas impuestas por el Gobierno para proteger la salud de los ciudadanos que hagan uso del transporte.

Esta onerosidad y agravamiento de la ejecución de los contratos podrían abocar a las empresas a la insostenibilidad financiera con efectos inmediatos, rompería el equilibrio económico de los contratos en condiciones normales y generaría la inviabilidad total del servicio y la subsistencia de las concesionarias.

Pues bien, a pesar de la grave afección que observamos y de la intensa actividad legislativa de los últimos días, a fecha de hoy no se ha aprobado ninguna norma que prevea medidas económicas concretas para este sector, sobre todo para la modalidad del transporte público.
Para afrontar el impacto económico y social del COVID-19 se aprobó en su momento el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que sí contiene una serie de medidas en materia de contratación pública en función de la tipología contractual.

Para los contratos de concesión de servicios afectados por el COVID-19 y por las medidas adoptadas por las Administraciones, se ha previsto la posibilidad, para los concesionarios afectados, de solicitar el reequilibrio económico del contrato, el cual se materializará bien a través de la ampliación de la duración inicial hasta un máximo de un 15%, bien mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato, siempre que no se trate de contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

En cualquier caso, la norma no ha tenido en consideración la problemática y la realidad práctica por la que atraviesa el sector del transporte a nivel nacional, por lo que las medidas adoptadas están resultando insuficientes.

Sin ir más lejos, en la Comunidad Valenciana la mayoría de las concesiones de servicio público de transporte de viajeros se encuentran en situación de prórroga forzosa, al haber transcurrido el plazo previsto en los títulos concesionales sin haberse producido la tramitación de los procedimientos de adjudicación de nuevas concesiones.

Así, a causa de esta falta de previsión normativa específica en el sector, los concesionarios se están viendo sometidos involuntariamente a una situación de incertidumbre jurídica y económica muy perjudicial, que hace peligrar no solo la capacidad de seguir ejecutando los contratos con las condiciones económico-financiaras iniciales sino, en última instancia, la preservación de la calidad del sistema del transporte público y su subsistencia como empresas.

Ante esta inseguridad, y a la vista de la problemática actual del sector, se hace necesario por parte de las Administraciones negociar de forma colectiva y con todos los agentes implicados una respuesta rápida, concreta y específica en la que se adopten medidas compensatorias garantistas que tengan cabida en la realidad práctica del sector, y que verdaderamente les permitan paliar los desequilibrios económicos y de liquidez que les está provocando el COVID-19.

Abogando por establecer, dada la particularidad del sector y su situación concesional, en el marco de la legalidad vigente, un procedimiento ad hoc, sostenido por plazos urgentes y que permita articular medidas económicas, vía ayudas y restablecimiento de los contratos.
De lo contrario, cuando se levanten las restricciones a la movilidad y libre circulación los efectos económicos del coronavirus en las empresas de este sector serán demoledores, peligrando incluso la continuidad de la actividad en muchos casos.

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