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Julio Monreal

Del buen rollo al conflicto total

Pasados más de sesenta días de la declaración del estado de alarma, del buen rollo, el codo con codo, el todos unidos y otros lemas buenistas coreados durante el confinamiento son historia. No queda ni rastro. La tensión, el conflicto y la crispación se han instalado entre los agentes políticos, económicos y sociales y muchos ciudadanos asisten al espectáculo desde sus salones y sus balcones sin saber muy bién a qué carta quedarse.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una nueva entrega del «Aló Presidente» de la tarde del sábado, confirma que el miércoles pedirá una nueva prórroga de un mes para asegurar la desescalada, convencido de que a principios del verano habrá llegado la llamada «nueva normalidad». Pero ya no tiene suficientes apoyos. Perdió los votos de Esquerra Republicana de Catalunya al no acceder a descentralizar la alarma y consiguió in extremis el respaldo de Ciudadanos, comprometiendo la salud de su pacto con Podemos. Ahora, Inés Arrimadas ya le ha dicho que no ve justificados otros 30 días de excepcionalidad. Los naranjas pedirán a los socialistas el oro y el moro a cambio de sus diez votos o sólo concederán 15 días más. Puede que Sánchez haya pedido un mes para que le den la mitad en el Congreso, sabedor de que es su último cartucho de esta ronda de disparos.

Las costuras de las mascarillas se resquebrajan. Cincuenta exaltados con banderas de aguilucho en el barrio de Salamanca de Madrid (imitados rápidamente por 25 del Paseo de la Alameda de València y otros espacios de rancio abolengo en distintas ciudades) se han colado en todas las ediciones de los telediarios con sus gritos y sus cacerolas. La gente de Vox le disputa abiertamente al PP el protagonismo del ataque contra el Gobierno para que se acabe el confinamiento y vuelva la libertad. Como en la América de Donald Trump. Los populares han decidido acrecentar la tensión utilizando la Comunidad de Madrid, levantada en armas cual herederos de Daoiz y Velarde contra los napoleones neochavistas, porque el ministro de Sanidad Salvador Illa y el experto Fernando Simón, respaldados con su comité anónimo de sabios, han vuelto a dejar a la región y capital en la fase 0 de la desescalada con base en argumentos y números sanitarios. ¡Menuda semana de murga informativa espera a cuantos tratan de superar las dificultades de la pandemia fuera del perímetro de la M-30! Se augura una nueva oleada de suscripciones a plataformas y medios de pago para no tener que aguantar la matraca de la desescalada madrileña. Muchos la liaron parda viajando desde la zona cero de la pandemia española a sus casas de descanso en pueblos y costas en Semana Santa y ahora quieren que se muera el Gobierno por no permitirles saltarse de nuevo las reglas del juego.

A escala autonómica, el panorama no es muy diferente. Las declaraciones de consenso y colaboración de la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, se esfumaron como las burbujas de la gaseosa y el bloque ha vuelto a la combatividad sin cuartel. A nadie le gusta utilizar términos bélicos, pero todo el mundo los emplea. Son la base del léxico de la pandemia. Los Ciudadanos encabezados por Toni Cantó dan un paso al frente y otro a la retaguardia, buscando el centro que les devuelva el esplendor perdido, pero eso los convierte en impredecibles para sus posibles aliados y, por tanto en dignos de la confianza mínima, la justa y necesaria para ir tirando.

Hasta los socios gubernamentales Compromís y Unides Podem (Podemos) se han sentido en la necesidad de marcar distancias con los gobernantes socialistas. Los primeros han sobreactuado amenazando con que su diputado Joan Baldoví abandone la mayoría parlamentaria por unas declaraciones desafortunadas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a propósito del reparto del fondo no reembolsable y de la financiación autonómica valenciana. Más sangrante ha sido la exclusión inicial de los aeropuertos de Manises y El Altet de la lista de aeródromos que reabren al turismo y no ha dicho ninguno ni pío. Debe ser porque como la coalición de la sonrisa naranja cuestiona en su conjunto el modelo turístico valenciano no consideraron necesario protestar al ministro José Luis Ábalos. Por fortuna, la patronal, con protagonismo en este caso para su presidente en Alicante, Perfecto Palacio, y la labor de zapa del Palau de la Generalitat han salvado los muebles para el aeropuerto alicantino (15 millones de pasajeros en 2019), dejando en la estacada al de Manises (más de 8 millones en el mismo periodo). Con razón se queja María José Catalá (PP-València) de la actitud pasiva del alcalde Joan Ribó y de la vicealcaldesa Sandra Gómez, en una ciudad de excelencia turística pese a algunos de sus gobernantes.

Las huestes de Pablo Iglesias y Rubén Martínez Dalmau han sido con diferencia las más leales a los gobiernos de coalición que presiden Pedro Sánchez y Ximo Puig, incluso con sorprendentes por innecesarias declaraciones de adhesión. Pero la magia se puede romper por el desencuentro a propósito del impuesto para ricos que el vicepresidente del Gobierno quiere implantar. En su homilía sabatina, Sánchez se ha desmarcado expresamente del nuevo tributo y es previsible que haya abierto un nuevo periodo de hostilidades.

Y si la oposición está cabreada, el empresariado está que trina. No había más que escuchar este viernes al presidente de la CEV, Salvador Navarro, o leer hoy en estas mismas páginas al máximo dirigente de la federación agroalimentaria, Federico Félix. La patronal valenciana cifra en 5.000 millones de euros las pérdidas tras dos meses de confinamiento e inactividad en las empresas. Después de un trabajo de recogida de propuestas entre 700 sociedades consultadas, las recetas para salir de la crisis incluyen desde el establecimiento de contratos a media jornada subvencionados por el Estado y la transformación de contratos indefinidos en fijos discontinuos hasta una reducción de impuestos y cotizaciones, beneficios fiscales para los campos de golf como atractivo turístico y otras medidas dinamizadoras para el comercio y la industria. Es indudable que las empresas son las que crean empleo, pero si en una pretendida y necesaria colaboración público/privada la parte mercantil concentra las rebajas y las ventajas y la parte institucional ha de aportar la inversión, ¿de qué impuestos ha de salir el dinero para ese gasto público impulsor de la economía y el empleo». La carta de los empresarios no habrá gustado nada al Govern y menos a los sindicatos, que subrayan que esta crisis no se iba a parecer nada a la de 2008 porque era pasajera pero amenaza con dejar el mismo rastro de desempleo y precariedad laboral que la sociedad lleva 12 años sin remontar.

Hoy domingo acaba algo, un confinamiento casi global. Y mañana lunes empieza el camino hacia la «nueva normalidad», inédito e inexplorado para todos. El conflicto no es el mejor acompañante para esa senda que se abre. Del mismo modo que el cambio climático es una amenaza global, la etapa post-covid 19 es un reto general en el que no habrá vencedores y vencidos. Sesenta días de confinamiento trastornan a cualquiera, pero hay que ganarse el futuro a partir de hoy y la pandemia ha enseñado que la ayuda y la solidaridad dan más frutos que el interés partidista y el individualismo.

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