Se nos ha reiterado que habrá victoria sobre la covid-19, pero no se ha insistido en que nuestra victoria será «pírrica». Esto es, quedaremos maltrechos, diezmados y en el campo todos dejaremos a alguien; yo he dejado a Jaime, mi buen amigo de toda la vida. Y esto no ha concluido.

Muchos son los motivos de reflexión que provoca la situación presente, pero hoy quiero lanzar mi mirada sobre quienes han sido y están siendo atendidos en residencias sean públicas o privadas. ¿Por qué? He escuchado alguna vergonzosa entrevista que parece haber descubierto en estos días que un alto porcentaje de personas estaban siendo atendidas en residencias de titularidad privada y que las muertes se explicaban por la búsqueda de beneficio y no de salud y bienestar de los residentes por parte de los propietarios de los centros privados. Nos merecemos otra calidad en el análisis de la situación actual. Más aún, los muertos en residencias o en su casa, fuera de los hospitales, siguen ser integrarse en los datos que aporta el Sr. Ministro de Sanidad. La justicia debe responder una doble pregunta, pues estamos hablando de unos 17.000 muertos extrahospitalarios: La concepción y organización actual de las residencias, ¿en qué situaciones aporta la garantía necesaria para la atención sanitaria de las personas atendidas en ellas? ¿El sistema sanitario ha prestado de hecho una diligente ayuda a las necesidades de salud de los residentes o se ha visto imposibilitado para prestarla y, en consecuencia, los residentes han sido abandonados a su suerte? ¿Qué calidad ha tenido la atención sanitaria prestada?

Una primera aproximación a las respuestas parece requerir el conocimiento y análisis de la actuación de cada equipo directivo. El sistema sanitario puede haberse visto obligado a no prestar la ayuda solicitada por los centros de mayores y, por tanto, los responsables del sistema sanitario deben ser investigados y sus conductas publicadas y enjuiciadas. Esta investigación no soporta dilaciones. Silenciar o demorar las investigaciones no debería ser disculpado; no tendría justificación. Un solo muerto justificaría la investigación. Los millares de muertos que el Ministro de Sanidad no traslada al cómputo total constituyen un clamor que aturde nuestra moralidad. No podemos dar por buenas las palabras de uno u otro cargo que haya declarado que «nadie ha sido abandonado a su suerte». Otros testimonios sí que permiten suponer que muchos han sido abandonados a su suerte. La duda debe ser erradicada.

Estas líneas no cierran el conjunto de problemas vinculados a una red que no cubre las necesidades de nuestra sociedad. No debemos hacer caras de horror ni aspavientos cuando alguien no maldice la inversión privada en centros dedicados a nuestros mayores y en los que el residente sufraga sus mensualidades con su patrimonio. No debemos incurrir en la hipócrita actitud de quien impide que alguien se libere de sus miedos y se dirija a un centro privado hospitalario para hacerse un análisis, pero mantiene el recurso a todo tipo de asistencia en la sanidad privada. Si los protagonistas evaluaran las promesas incumplidas, deberían pedir perdón y retirarse con dignidad. Enfrentemos el análisis y emítase juicio.

Sra. Vicepresidenta cuarta: si el gobierno de España piensa que está «en la gama alta de éxito», Ud. haga gala de prudencia y no lo diga en este contexto.