Exactamente 1 mes, 14 horas, 25 minutos y 54 segundos es lo que ha tardado la Administración en darse cuenta de que la actividad cinegética es de carácter esencial para el mantenimiento de la agricultura, el éxito de las cosechas y el suministro alimentario de la población. Es el tiempo que va desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo, que prohibió todo tipo de caza, hasta la fecha de firma de la autorización de Conselleria para realizar controles poblacionales para paliar los enormes daños que la fauna salvaje estaba provocando a los cultivos durante ese periodo de inactividad. Es decir, claro y alto: en pleno Estado de Alarma y confinamiento, el control poblacional es considerado servicio básico esencial a los efectos de actividad agraria y abastecimiento alimentario.

A nadie escapa que en los últimos años se ha producido un incremento desproporcionado de fauna salvaje, sobre todo de animales de caza mayor (jabalí, corzo, muflón, ciervo), pero también de conejos. Es además una situación que hemos podido ver por televisión en innumerables ocasiones durante toda esta pandemia: animales en plenos cascos urbanos, comiendo cultivos, atacando a personas. Hay que insistir en que este aumento poblacional está causando además, incontables accidentes de tráfico (12.000/año), cuantiosos daños a las infraestructuras (vías férreas, autopistas), lucha por pastos con el ganado, endogamia genética, peligro para la flora y fauna protegida, proliferación de especies invasoras, riesgos de epizootias y zoonosis. Y por cierto, en este último punto, conviene no olvidar el riesgo de PPA extendiéndose por Europa, y que en España acabaría con la propia cabaña porcina (segunda europea), y la tuberculosis en el jabalí, que precisamente provocó que el Gobierno aprobara un reglamento para su control, además de recomendar recientemente la caza del jabalí incluso en Estado de Alarma. Ello al margen del riesgo de zoonosis, que se incrementa lógicamente con las sobrepoblaciones. Basta señalar que el Covid19 es una zoonosis. Es una evidencia que el riesgo de transferencia respecto de otros patógenos puede existir, como ya ocurrió con la Fiebre de Crimea-Congo, Gripe A, enfermedad de Creutzfeldt-Jakobs. Pero al margen de ello, la actividad cinegética también es vital para la economía rural, en su propio desarrollo, creación de trabajo (187.000 empleos y 6.475 millones €/año según Ministerio), lucha contra la despoblación, gestión forestal sostenible, etc. Precisamente por eso seis presidentes autonómicos (no el nuestro, que tengamos constancia), de diferentes partidos, pidieron al Gobierno su autorización en Fase 1, además de asociaciones agrarias, forestales, colegios profesionales e investigadores universitarios. Porque la actividad cinegética, despojada de prejuicios y desconocimiento, no admite discusión a estos efectos.

Frente a todo ello, nos encontramos muchas veces con que las normativas que se dictan no son sensibles a esta realidad, como se ha visto ahora claramente, prohibiendo los controles y teniendo que abrirlos al mes ante la fuerza de los hechos. El sesgo ideológico, las presiones de asociaciones adecuadamente subvencionadas del ámbito urbanita que nada conocen de esto, el miedo al tweet, etc., acaban por condicionar en muchas ocasiones toda la regulación, que sufren para su desgracia agricultores y ganaderos, el mundo rural en su conjunto o cualquier persona al final, víctima de un accidente de tráfico o una zoonosis. Los que condicionan estas normas son los mismos que ahora pedían que no hicieran controles, o que no se financie la UME, o que son subvencionados en plena pandemia con 500.000 euros para hacer un estudio sobre cómo acabar con los daños del conejo, cuando los cazadores lo hacen gratis para el erario público, e incluso tienen que pagar por ello. Es lo que tiene vivir en una realidad paralela, o que la moda te aleje de lo evidente. Aunque luego serán los primeros que querrán ver los supermercados abastecidos a precios asequibles. Es un problemón; el rey sigue desnudo, pero nadie parece verlo.

Durante la pandemia, los federados valencianos han aportado a la lucha contra el virus, entre donaciones y acciones, más de 60.000 euros, además de los controles en defensa de la agricultura en más del 50% del territorio de la Comunitat. Cuando vienen mal dadas se demuestra quién está a la altura. Y se ha hecho de una manera silente, desinteresada, porque son gente noble del mundo rural que lucha por lo suyo, que quieren vivir a su estilo, ejerciendo su libre desarrollo de la personalidad, la soberanía rural, no renunciando a su propia antropología.

Estamos seguros de que habrá un antes y un después de esta crisis. A ningún Gobierno sensato de España se le volverá a ocurrir negar el valor esencial de la actividad cinegética en la agricultura y el abastecimiento de la población, entre otros ámbitos. Y éste debe ser el elemento basilar sobre el que pivote toda la política administrativa, que fomente el sector y apruebe regulaciones consensuadas acordes a tal carácter esencial que la pandemia ha demostrado. Tan fácil de entender, y tan difícil de cumplir.