El Estado de las autonomías, es decir, el que puso en marcha a la Constitución española vigente, dio lugar a un sistema de descentralización basado en esencia en eso mismo, en la idea de que convenía descentralizar cuanto más, mejor. Hubo instituciones, como el ejército, cuyas competencias no se transfirieron por razones obvias. Pero sí que se dirigió el ventilador hacia otras materias como la sanidad, la educación y la justicia en una especie de reparto alegre. Destinado en no pocas ocasiones a contentar a los partidos nacionalistas con representación parlamentaria cuyos votos eran necesarios para investir un presidente o aprobar unos presupuestos.
El disparate de crear 17 autoridades sanitarias se ha puesto de manifiesto de la forma más dolorosa posible con motivo de la pandemia del Covid-19. Ante la evidencia de que era necesario manejar la alarma de manera centralizada, el Gobierno decretó un estado de alarma que se parece mucho, tal y como se ha manejado, al de excepción. El resultado se conoce: un ministerio, el de Sanidad, que llevaba cosa de dos décadas sin hacer nada, se vio elevado a unas cumbres de poder que no sabía en absoluto cómo gestionar. Ni supo comprar material de protección „mascarillas, test„, ni fue capaz de obtener y manejar datos acerca del alcance de la infección, ni logró dar normas precisas porque éstas iban cambiando de un día para otro. Sostener, como se ha hecho, que las pandemias obligan a cerrar filas y a callar la boca crítica es un disparate cuando quien está al mando exhibe una incompetencia fatal.
Ahora los expertos reclaman un mecanismo que unifique los 17 sistemas sanitarios existentes. Bueno, lo cierto es que ya existe; lo creó la Ley General de Sanidad de 1986 y se llama Consejo Interterritorial del sistema nacional de salud. Pero jamás ha servido de nada; ni siquiera para que el calendario de vacunación obligatoria sea el mismo en toda España. El Consejo de marras fue el que se reunió el 9 de marzo para poner en marcha las medidas de contención de la pandemia cuya eficacia todos conocemos. ¿Hace falta decir algo más?
Convendría entender que no se trata de crear organismos fantasma, como esa Agencia nacional de salud pública que ahora se ve como necesaria, sino de aceptar por mucho que duela que la sanidad no puede estar transferida a las comunidades autónomas por la razón bien simple de que una fórmula así nos lleva al fracaso más absoluto. Pero tampoco se puede reunir la gestión en un solo organismo y dejarlo luego décadas en babia, con la única función de disponer de un ministerio sin competencias para premiar fidelidades colocando en él al paniaguado de turno. El ministerio, la Agencia nacional de salud pública o lo que se quiera ha de contar con las competencias absolutas. Siempre, claro, que sepa manejarlas.
