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Julio Monreal

La reconstrucción del turismo

Ha hecho falta una pandemia con más de 28.000 muertos en España y sus consecuencias en todos los órdenes para que una parte de la sociedad haya tomado conciencia de la importancia que el turismo tiene para sus vidas y sus economías. El confinamiento paralizó la movilidad y eso liquidó de un plumazo muchas cosas, entre ellas los vuelos, los hoteles, los restaurantes, los baños en las playas, las compras en las zonas frecuentadas por los visitantes... Y con las medidas sanitarias y de movimiento cayó todo el entramado económico y laboral que alimenta las cadenas de suministros de todos esos servicios y mucho más. Una hilera de fichas de dominó de la que quedaron a salvo bien pocas cosas.

Desde que la banda terrorista ETA deplegó sus campañas de bombas en las zonas turísticas costeras en los años 80 y 90 no se había producido una incidencia como la actual, excepción hecha de los ocasionales fenómenos de vertidos y roturas de emisarios que echan al mar una parte de la basura que la sociedad genera. Todo el mundo daba por hecho que la playa estaba ahí y ahí iba a seguir siempre como un patrimonio inmutable, un bien económico que había sido dado a los valencianos. La inestabilidad política y social de otras zonas agraciadas con el mismo don, como Túnez o Grecia, había hecho que grandes bolsas de viajeros y los operadores turísticos redirigieran su atención hacia la España peninsular y sus islas, atraídos por un seguro de sol y tranquilidad. Casi 84 millones de personas llegaron en 2019 a la llamada de los reclamos climático, cultural, de ocio y muchos más que componen la oferta del país.

Y como nada se aprecia en su justa medida hasta que se pierde, es ahora cuando la proximidad de la playa de acceso prohibido por las medidas antipandemia se vive como una enorme ausencia, y se añora como imprescindible lo que pocas veces se apreció tanto.

El Gobierno valenciano que preside Ximo Puig ha hecho bien en elegir la actitud prudente y ha preferido no pedir el pase a la fase 2 de la desescalada tras detectar un repunte en los datos de los afectados por coronavirus, especialmente en la tasa de contagios que se ha incrementado de manera constante desde el 14 de mayo. Sin embargo, el máximo mandatario valenciano está dispuesto a pelear la apertura de las playas incluso dentro de la fase 1 con las medidas de seguridad, aforo y garantías sanitarias que sean necesarias, consciente de la fuerza motriz que los servicios vinculados a la arena y el agua tienen para la sociedad valenciana y para quienes se sienten atraídos por los casi 300 kilómetros de su costa, sean nacionales o extranjeros. En un año en el que la temporada turística va a ser anómala y reducida, cualquier aportación resultará valiosa.

El entramado normativo de la pandemia, que se acerca ya al volumen de la Enciclopedia Británica, ofrece algunas disfunciones que sólo cabe resolver con el sentido común. Una persona puede acudir a la playa y entrar en el agua para practicar deporte, sea natación, surf, etc, en las franjas horarias de 6 a 10 y de 20 a 23. Pero no puede sentarse tranquilamente a tomar el aire o el sol. Puede nadar y pasear, pero no detenerse en el murete del paseo marítimo. Es como lo de poder salir de casa a cualquier hora del dia para comprar o sentarse en una terraza pero tener que respetar las franjas horarias por edades para salir simplemente a caminar.

La elevación de las temperaturas litorales hasta el umbral de los 30 grados y la inminencia del avance en la desescalada han desatado una febril actividad en los ayuntamientos costeros y los responsables de servicios turísticos para preparar la reapertura de las playas. Se adelantó a todos Canet d'En Berenguer, cuyo alcalde Pere Antoni Chordá marcó el patrón de parcelar la playa con tiras de colores a fin de limitar el acceso y garantizar las distancias de seguridad entre grupos de bañistas. Ya llevaba trecho avanzado porque Canet ya disponía de información pública sobre aforos de sus playas en temporadas anteriores, a fin de evitar que los buscadores de sol viajasen con sus vehículos hasta puntos que ya están llenos, colapsando innecesariamente la red viaria y los accesos. Tras la pauta de Canet van los demás, incluida la Generalitat Valenciana, que trabaja en una aplicación de móvil que informe de la disponibilidad y el estado de las playas. Arriesgado asunto lo de ir más allá. La playa es un espacio abierto, democrático, la gran piscina de quien no tiene chalé o posibles para ir a un resort. ¿Va a ser imprescindible disponer de un teléfono móvil con datos para reservar dos horas de baño? Y los mayores que no tienen habilidades ni medios digitales? ¿Y las personas sin recursos económicos? Ya se puso de manifiesto el contrasentido de pedir a los sintecho un correo electrónico y una cuenta corriente para recibir una ayuda pública. No puede pasar lo mismo en las playas. Que no se quede nadie atrás tampoco en los baños de sol por la brecha digital.

Así que pronto se podrá ir a la playa aunque con la mascarilla tapando la práctica totalidad del rostro. Los cubrebocas han llegado para quedarse, después de haber iniciado su camino como casi innecesarios y hasta contraproducentes. Hasta febrero solo eran cosa de orientales hipocondríacos, algo ofensivo para los despreocupados mediterráneos. A un precio máximo de 0,96 euros se han convertido en un nuevo impuesto directo, que pagan los trabajadores, viajeros en transporte público, compradores en supermercados... Prácticamente toda la sociedad. Al margen de sus nuevas propiedades preventivas, conviene saludar la reactivación de cierta industria textil local, complementaria (y ojalá sustitutiva) de la producción asiática que aún hoy sigue siendo imprescindible. Resulta admirable la disciplina de la ciudadanía. Pese a los problemas de abastecimiento, todo el mundo ha asumido este nuevo tributo diario, mientras las instituciones llevan años debatiendo si implantan la tasa turística de un euro para todos los visitantes a fin de obtener recursos y contribuir a la sostenibilidad de la actividad.

Es evidente que el nuevo turismo en la Comunitat Valenciana y en España tendrá que pivotar sobre la salud y la seguridad. Sólo con medidas de control, de aforo, de limpieza y de mejora de la calidad volverá a caer ese maná interrumpido que se pensaba que iba a durar siempre.

Es cuanto menos chocante que siendo el turismo la principal fuente de recursos del país, el segundo más visitado del mundo, no cuente con un ministerio específico y permanezca integrado desde que uno recuerda como tercer bloque de una cartera del Gobierno que recibe como primer nombre Industria y, como segundo, Comercio. Quizás sea hora de que el Ejecutivo reconozca la entidad de la actividad con un departamento para ella sola, ahora que hay que acentuar sus perfiles de seguridad, salubridad, digitalización, sostenibilidad y muchos otros para que pronto vuelva a ser la locomotora de la economía española.

Cabe hacer la misma reflexión sobre la Comunitat Valenciana, donde el reto de la reconstrucción es mayor puesto que es más importante el peso del turismo sobre su economía. El Ejecutivo de Ximo Puig mantiene la política turística en el rango de una Secretaría Autonómica dependiente de Presidència y ostentada por Francesc Colomer, mientras los equilibrios políticos han dado lugar a una conselleria de Arquitectura Bioclimática y otra de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por poner dos ejemplos. Tiene difícil el presidente valenciano resolver eso, en el caso de que lo considere necesario, en vista de la opinión que su vicepresidenta Mónica Oltra ha expresado sobre el sector, del que considera que solo da beneficio a unos pocos y que en él es habitual el maltrato salarial y de condiciones de trabajo, consideraciones asimilables a las del ministro de Consumo, Alberto Garzón, para quien el turismo en España es un sector «estacional, precario y de bajo valor añadido». A la vista está que hay mucho que trabajar para afrontar la reconstrucción de la principal industria valenciana y española. Y si las prioridades han cambiado, la estructura de la Administración y la asignación de recursos públicos también deberían variar. ¿No creen?

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