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Instalados en la estéril crispación

Pablo Casado quiere derribar a Sánchez y el PSOE cae en inútiles provocaciones

El Gobierno de izquierdas no tiene mayoría clara para imponer su programa (155 escaños sobre 350) y además la izquierda está fraccionada y dividida por la cuestión nacional. Los grupos de derechas tienen menos fuerza -y además el PP y Cs se han dividido- pero saben hacer ruido y no tienen ningún reparo en sumar votos con Vox e incluso con la extrema izquierda.

Al principio del confinamiento había miedo y la unidad sobre el estado de alarma no tuvo demasiadas dificultades. Pero ahora -al inicio del desconfinamiento- el miedo se ha perdido y los partidos intentan entorpecer la labor del contrario.

El PP quiere que Sánchez -que no tiene mayoría- muerda el polvo. Y el ejecutivo de izquierdas gobierna como si tuviera mayoría absoluta. Y no la tiene. La gestión de Sánchez no es mala -baja el número de muertos y de infectados- pero en sus intervenciones en TVE ha caído en alguna tentación caudillista, lo que enerva a la derecha.

Lo ocurrido esta semana sobre la reforma laboral es una clara muestra. Cuando la directora general del FMI -el templo de la ortodoxia- dice a los países con problemas: "Gasten, gasten todo lo que puedan y luego un poquito más", es evidente que Georgieva no se ha convertido al keynesianismo. Simplemente constata que el gasto público del estado es indispensable para aguantar la economía.

Lo mismo pasa cuando Merkel abandona el dogmatismo contra el déficit público. En España el PSOE se pasó, por miedo a perder la quinta votación sobre el estado de alarma, al pactar con Bildu una declaración que habla de anular "íntegramente la reforma laboral de Rajoy". Reforma que tuvo inconvenientes, pero también ayudo a la recuperación del empleo. Un error debido al miedo a perder la votación por la conjunción -increíble- de Vox, PP, ERC y JpC.

El Gobierno no puede sostener esta política cuando necesita el acuerdo con el empresariado y la derecha para prorrogar los ERTE y establecer la renta mínima. El mundo de hoy no es el de febrero. Entonces se creía que el PIB seguiría creciendo (aunque algo menos) y que el déficit público y la deuda no se dispararían.

Hoy la realidad es que el Gobierno admite que el PIB caerá (con suerte) un 9%, que el déficit púbico pasará del 2,8% al 10% y que necesitaremos pedir a los mercados la impresionante cifra de 297.000 millones de euros, casi el 30% del PIB. El BCE ayudará -si Merkel presiona a los ricos países del norte- pero todo será más difícil si Podemos irrumpe como elefante en la cacharrería en un debate difícil y complicado.

Parece que Calviño, diciendo que es un debate inútil y contraproducente, ha frenado el golpe. Pero el Gobierno no puede tratar a la derecha como el eje del mal (aunque a veces lo parezca) y el PP y Vox deben llegar a la conclusión que agitar el "marxismo" de Podemos puede no resultarles rentable. La ministra de Trabajo decía el pasado sábado a El País algo muy razonable: "Ayudar a las empresas es proteger los puestos de trabajo". Entonces; ¿por qué apoyar el teatro anticapitalista cuando la CEOE es esencial para aprobar la renta mínima y la prolongación de los ERTE?

Es necesario que baje la tensión política, pero la estrategia electoralista de la derecha, que quiere usar la crisis para degradar al Gobierno, y el dogmatismo de una parte de la izquierda lo dificultan mucho.

El PP debe admitir que no tiene mayoría para derribar al Gobierno y que si la tuviera las consecuencias podrían ser dramáticas. No quiero pensar lo que habría pasado si el jueves el estado de alarma hubiera sido derrotado. Pero la izquierda debe saber contar y reconocer que no tiene una mayoría suficiente y que el frentismo izquierda contra derecha es catastrófico. Hay que reconducir la tensión política. La crispación de los últimos plenos no nos ayudará a salir de la crisis. Nos puede hundir.

Y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deben reconocer la realidad. Sólo tienen 155 diputados, 21 menos que la mayoría absoluta y para que el país salga adelante lo tienen que pactar todo. ¿Con quienes? Con los que sean razonables y no antepongan siempre los intereses de partido. No debe haber vetos. Pero hay comportamientos que hacen muy difícil alcanzar pactos razonables.

Ahora la primera obligación es recomponer el diálogo con patronales y sindicatos que, hasta hoy, tienen actitudes más pragmáticas y realistas que muchos partidos. Es un activo que el Gobierno no puede ignorar. El último pleno deja pocas esperanzas. En todo caso hay que apuntar -ya por dos sesiones- la actitud más razonable de Cs de Inés Arrimadas y Edmundo Val.

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