24 de mayo de 2020
24.05.2020
Levante-emv

Con la necesidad no se juega

24.05.2020 | 21:42
Con la necesidad no se juega

Algo falla si es necesario un análisis semántico-jurídico, con título de derecho incluido, para discernir si es necesario el estado de alarma o caben otras posibilidades en el abanico que ofrece la legislación española. Pero es que la Abogacía del Estado lo ha dejado claro: no hay otra fórmula jurídica para limitar los movimientos de la ciudadanía que el estado de alarma. En el estadio de la pandemia en el que nos encontramos, se hace necesario restringir la movilidad de personas de una provincia a otra con el fin de contener el virus y su propagación. A quienes acusan a Pedro Sánchez de mantener el estado de alarma para perpetuar un gobierno autoritario y liquidar libertades, les diría que si hay algo que liquida libertades es la enfermedad y no tener para comer, ni poder cubrir las necesidades básicas. No conozco a nadie –fuera de los voceros que inundan el mundo paralelo y virtual de las redes sociales y algunos titulares- que me diga que siente sus libertades coartadas. La gente es mucho más sensata y colaborativa y entiende que lo prioritario es procurar contener la propagación del virus y que haya una cama de UCI libre si alguien enferma de gravedad.

Pasar hambre es duro, es uno de los peores castigos que le pueden pasar a un ser humano. Me contaba mi madre el hambre que pasó durante la guerra, la marcó de por vida. He pasado el confinamiento en Torrevieja y en uno de mis paseos vespertinos vi a un hombre pedir "desesperado" porque no tenía para dar de comer a su familia; el otro día, un local de tatuajes cercano quedaba convertido en un almacén provisional de víveres para Cruz Roja en un ejemplo de movilización ciudadana. Yo no veo a la gente preocupada porque sienta sus libertades amenazadas, pero sí con el temor de tener el carro de la compra vacío. Y de eso se trata, de hacer de esa prioridad nuestra bandera. La desesperación y el hambre son la otra cara del virus, la que genera una emergencia social que no nos puede dejar indiferentes. El número de personas vulnerables rivaliza con el de personas contagiadas en una horrenda competición. Las ONG's, la Iglesia hacen llamamientos a la ciudadanía solicitando donaciones, pero las personas sin recursos no pueden depender sólo de la caridad. Conseguir que nadie quede enteramente desprotegido como consecuencia de la pandemia debe ser objetivo prioritario, así como recabar el compromiso unánime de los representantes de la ciudadanía ante la situación, por justicia social. Por ello, me parece una medida necesaria que el gobierno apruebe en los próximos días un ingreso mínimo vital. Fue una promesa electoral de este gobierno, ahora convertida en una emergencia social con la crisis económica y social provocada por el COVID19. Porque, si me apuras, no se trata de una medida de derechas o de izquierdas, sino de una medida para atender a quienes se encuentran en una situación de mayor desprotección. Socorrer y asistir a quien lo necesita es el objetivo de esta medida que el ministro José Luís Escrivá ha anunciado y que podrían empezar a cobrar unos 100.000 hogares vulnerables, porque la alternativa es no sólo peor, sino simplemente inhumana. La pandemia pasará, antes o después, pero en el camino quedarán no sólo las personas que lamentablemente han fallecido, sino también muchas otras, mayores, dependientes, mujeres, niños a quienes no se puede responsabilizar irreflexivamente de su mala situación. Abandonar a su suerte a quienes ahora necesitan de un esfuerzo solidario no puede ser una alternativa. Por eso, debería haber acuerdo de los grupos políticos responsables para implantar medidas que garanticen ese "mínimo vital", de manera coordinada con las CC.AA con el fin de que la pandemia no aumente todavía más la desigualdad social y la pobreza.

Sin embargo, aunque el exministro y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, defienda la necesidad de implantar una renta mínima vital, el PP no lo ve claro. Algunos dirigentes han llegado a hacer comparaciones de una frivolidad obscena. El hasta hace poco diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, con un patrimonio declarado de más de 47 millones de euros, aunque seguramente no se lo han regalado, comparó el ingreso mínimo vital con un "sueldo Nescafé para toda la vida" [sic]. Desde las filas de la ultraderecha, Vox no ha tardado en comparar esta medida con una "paguita". Nadie presume ni alardea de ser pobre, "muchos se avergüenzan de venir a pedir", cuenta un párroco de una zona deprimida de Alicante. Sólo hace falta pasar por las parroquias, asociaciones de vecinos y otras entidades ciudadanas, para ver el esfuerzo asistencial que están llevando a cabo, gracias a la solidaridad de muchos. Eso también me lleva a preguntarme ¿qué está pasando en la concejalía de Acción social cuando los vecinos y vecinas que son quienes están al pie del cañón denuncian sentirse desasistidos por el consistorio alicantino y hasta el Síndic de Greuges va a investigar el caso? Cómo es posible que la concejala, Julia Llopis, en una entrevista radiofónica insinúe intereses políticos detrás de esta institución dirigida por Ángel Luna, al que acompañan Carlos Castillo y Concha Bru, dos personas con una trayectoria profesional y humana impecable. No tuvo una frase acertada la edil cuando se defendió diciendo que: "el que más ladra no es el que más razón tiene", le sobró táctica de "echar balones fuera" y le faltó empatía con la gravedad de la situación por la que pasan muchas familias alicantinas. Es poco elegante e impropio de la política jugar con la necesidad ajena.

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