La crisis sanitaria provocada por el COVID 19 ha puesto sobre la mesa el valor del teletrabajo que ha pasado de ser una opción idealizada como forma de conciliar la vida laboral y la personal a ser la forma de trabajo que nos ha permitido mantener en funcionamiento nuestra Administración pública y nuestra sociedad.
De los momentos difíciles hay que sacar experiencias positivas y, ahora que la actividad está volviendo paulatinamente a la normalidad, es el momento para que la administración explore nuevas rutas digitales para anticiparse al futuro y poder estar preparada ante las exigencias de un nuevo entorno impredecible.
Partíamos de una situación en la que las administraciones públicas se veían incapaces de implantar cualquier proceso electrónico de gestión y, por ende, el teletrabajo. Pese a los tímidos procesos iniciados y, a pesar de que en multitud de normas se introducía la figura del teletrabajo -empezando por el Estatuto de los Trabajadores que en su artículo 13 hace referencia a trabajar en el domicilio- todos los empleados públicos recordamos las dificultades que supuso la implantación de los registros electrónicos en la administración. No fue hasta la promulgación de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica, y de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la administración empezó a reaccionar y explorar las ventajas que le brindaba la informática, tanto en la gestión ordinaria como en fórmulas laborales.
El teletrabajo, idealizado y denostado por partes iguales, ha sido una constante reivindicación por parte de los sindicatos más representativos del Sector Público. Vivimos en una sociedad en la que apenas hace un año el 69% de trabajadores españoles deseaba teletrabajar, pero su empresa no se lo permitía. Sin embargo, en dos meses de pandemia en la que millones de españoles han podido continuar con su trabajo gracias al teletrabajo, tanto la empresa privada como las Administraciones Públicas se han dado cuenta de la bondad de esta opción laboral.
Lejos han quedado los miedos, reales, a los ciberataques o las reticencias de algunos mandos a una forma de trabajo en la que es difícil controlar a los asalariados, entre otras cuestiones, para sumergirnos de lleno en «la prueba más grande de teletrabajo en la historia de la Humanidad, que tendrá un impacto significativo en la forma en la que vamos a trabajar en el futuro», en palabras de Chris McLernon, ejecutivo de la consultora Colliers.
Resulta paradójico que un «bichito invisible» sea el responsable del mayor proceso de transformación del escenario laboral en la administración pública, que se ha visto obligada a digitalizarse a marchas forzadas, con un considerable esfuerzo material y humano. No podemos desaprovechar ese esfuerzo sino que debemos perseverar en él y, para ello, es necesario que todos los agentes del sector público interioricen el teletrabajo como herramienta de modernización, como instrumento conciliador de la vida familiar y laboral y como fin ideal de una sociedad como la actual que busca en el desarrollo personal su principal objetivo.
Tenemos por delante un apasionante reto, no exento de dificultades. La seguridad, el acceso a la nube, el control horario, la dotación de equipos necesarios o la compensación por gastos de luz y acceso a internet, entre otros muchos. No obstante, desde CSIF apostamos firmemente por el teletrabajo y consideramos que será necesario orquestar entre todos, administraciones y sindicatos como representantes legítimos de los funcionarios, un nuevo régimen legal para implementar medidas sobre el teletrabajo salvaguardando la calidad del servicio público.
