La pandemia, el confinamiento, la desescalada, la nueva normalidad, la crisis económica y laboral... El maldito virus con corona ha decidido poner a prueba toda la actividad humana conocida en sus tres (o cinco) meses de odioso y mortal recorrido por el mundo.
En España, además de poner en jaque al sistema sanitario, a las redes de aprovisionamiento, a los servicios de protección y seguridad, a la capacidad de los equipos de telecomunicaciones, a las empresas, los autónomos, los trabajadores, la resistencia de las palmas de las manos y los culos de las cacerolas, entre otros muchos elementos, entidades y organizaciones, la pandemia ha lanzado un duro examen de reválida sobre el Estado de las Autonomías nacido de la Constitución de 1978. Aunque la prueba no ha terminado, muchos agentes implicados han emitido ya su nota como si formaran parte de un exigente tribunal. En general, cada grupo de opinión emite un veredicto en función de la fe que tiene en la organización del Estado que los ciudadanos avalaron hace más de 40 años con su voto. Se registra desde el rechazo total de la ultraderecha, que no deja de insistir en eliminar las autonomías para pagar las pensiones, hasta la misma negación en el otro extremo, el independentismo catalán, que exige las competencias completas y llega a a afirmar que en su república no habrían muerto tantas personas como han fallecido en su territorio de referencia. El PP utiliza la administración descentralizada para acosar al Gobierno de Pedro Sánchez desde sus ámbitos de poder (Madrid, Galicia, Castilla-León, Murcia...); Ciudadanos soporta las «incomodidades» del Estado autonómico; Unidas Podemos vive la esquizofrenia de un partido fuertemente centralizado y presidencialista dotado de una estructura territorial que defiende y ejerce el federalismo; y los socialistas bailan la yenka (alante, atrás, un, dos, tres...) Un día centralizan todo el poder del Estado en cuatro ministros y al siguiente llenan su boca de gobernanza y se jactan de haber consultado las decisiones del Ejecutivo en las conferencias de presidentes autonómicos de los domingos por la mañana, cuando en realidad lo que pasa es que el presidente informa en el Día del Señor a los líderes territoriales de lo que él y su equipo han decidido el sábado por la tarde e incluso ya ha trasladado el jefe supremo a la ciudadanía en sus homilías sabatinas televisadas.
No hay más que recordar las formidables broncas a partir de si los territorios pasaban o no a siguientes fases de desescalada; dónde quedaron los nonatos segundos pactos de la Moncloa o el desarrollo de la llamada Comisión para la Reconstrucción, convertida en altavoz de los actores secundarios, que recurren a la crispación para mantenerse en el candelero, relegando las propuestas de fondo a la nada en la sobrevalorada televisión, el medio por el que se informa el 95 por ciento de la ciudadanía.
Pero el Estado necesita retos, y este viernes se ha puesto uno de campeonato, la implantación del ingreso mínimo vital, con el que se pretende sacar a 800.000 hogares de la pobreza extrema con una paga de hasta unos 800 euros mensuales (en función de condiciones familiares) que se puede solicitar a partir del 15 de junio, retroactiva desde mañana, día 1, y que ya se ha puesto la garantía del silencio administrativo negativo, por si acaso: si en tres meses no contestan es que ha sido denegada.
Un día grande para la democracia y el estado del bienestar, proclama Unidas Podemos, con Pablo Iglesias como impulsor de la asignación prácticamente desde que su formación se constituyó como movimiento social. Un dia grande para la igualdad y la solidaridad, proclaman los socialistas, a quienes se les han indigestado durante meses los 3.000 millones que cuesta el nuevo derecho. Un dia grande para los trabajadores, necesitados de cobertura ante el desastre laboral que acarrea la pandemia, proclaman los sindicatos de clase. Ya se encargará el tiempo de poner el día histórico en su verdadera dimensión. También fue singular aquel 14 de diciembre de 2016 en que se hacía oficial la Ley de Dependencia y 14 años después su cobertura no ha pasado del 12 % por falta de fondos.
Y como en la dependencia, el Estado autonómico también se ve retado en esta nueva partida social. Resulta que la Comunitat Valenciana ya tiene una cobertura parecida, la renta valenciana de inclusión, por voluntad de los socios del Govern del Botànic: una asignación de hasta 809 euros mensuales que suben a 1.011,86 si hay emergencia habitacional y un pellizco más si se suma pobreza energética. ¿Y quién asegura que los perceptores de la paga estatal no van a ser los mismos que los que ya ingresan la autonómica? La propia vicepresidenta del Consell,
responsable de Políticas Inclusivas y gestora de la renta valenciana, Mónica Oltra, se declara preocupada por posibles duplicidades. Y le pide al Gobierno de España que le envíe los fondos y le deje gestionar el conjunto, como van a hacer los ejecutivos vasco y navarro, que ya controlan la hacienda a través del concierto y el cupo del derecho foral. La respuesta es un zasca en toda la boca propinado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien pone en duda públicamente que la Comunitat Valenciana sea capaz de desplegar con rapidez y garantías la aplicación del ingreso mínimo vital, que siembra dudas sobre la gestión eficaz de la propia renta valenciana de inclusión, una de las pocas herramientas sociales del mapa autonómico, y que ya se verá en 2021.
Entre los numerosos aspectos positivos de la nueva asignación estatal figura uno, poco valorado, que es su universalidad, lo que beneficia a la Comunitat Valenciana, ya que ésta tiene una renta per capita 12 puntos inferior a la media española y una paga de casi 1.000 euros cunde a una familia valenciana bastante más que a una vasca. Pero representa a la vez un gran desafío: la gestión coordinada, eficaz y correcta de los dos fondos, el estatal y el autonómico. Hay demasiada gente trabajando de sol a sol por mucho menos de mil euros y ni esta sociedad ni la credibilidad de sus instituciones están en condiciones de permitirse el espectáculo de una duplicidad de ayudas por incapacidad en la gestión, que solo alimentaría la bulla de las cacerolas y el desencanto de los trabajadores precarios. El ingreso mínimo vital merece la bienvenida como salvavidas para quien lo necesite. Convertir un logro histórico en una noticia negativa por un quítame allá quién lo gestiona es un error tan grande como abofetear en público a un gobierno autonómico reprochándole su escasa eficacia. De ninguna de las dos maneras se sirve bien ni a la sociedad ni al Estado de las autonomías, señora Oltra, señor Escrivá. Es mucho mejor ponerse a trabajar para solucionar los problemas y llegar a la población que lo necesite, que por desgracia es una legión creciente y merece todo el respeto y el máximo de atención.
