La Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana, (CAVE-COVA) propone en un documento denominado «Por la cohesión social, el desarrollo sostenible y la participación social» una serie de actuaciones para la reconstrucción de la economía y los servicios públicos y sociales, específicamente de la sanidad y centros socio sanitarios, como las residencias de mayores, afectados por la pandemia del COVID-19. Todo ello requiere de una fuerte capacidad inversora pública y privada por lo que es necesario que desde las distintas administraciones públicas, además de proponer Planes de Reconstrucción, realicen Propuestas sólidas de financiación.
Avanzamos cuando reconocemos que la externalización de servicios públicos y los recortes presupuestarios en el Estado del Bienestar y el diseño de contención del déficit de la salida económica promovidos por las políticas conservadoras en la anterior crisis de origen financiero han sido una de las causas principales de que no se estuviera suficientemente preparados para hacer frente a algo tan excepcional con la covid-19.
Avanzamos cuando reconocemos que un Estado que no tenga suficiente capacidad de recaudación fiscal está abocado al déficit permanente en las cuentas públicas y por tanto al endeudamiento con aumento de los gastos destinados al pago de los intereses. Por tanto, un Estado con servicios públicos y sociales de calidad y suficiente exige un sistema fiscal justo, progresivo y equitativo que respete el principio constitucional de estar basado en la capacidad económica del contribuyente.
Retrocedemos, por el contrario, si las políticas de reconstrucción económica y social no van enfocadas en el diseño de la transición energética en un contexto de desarrollo sostenible. Todas las inversiones, en investigación, impulso del empleo, renta básica, industria, turismo u hostelería deberían supeditarse a los nuevos paradigmas asociados al cambio climático, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y deberían suscitar el mayor consenso político, empresarial, sindical y de la sociedad civil para su confianza y legitimidad.
Retrocedemos, asimismo, si se constata que todos los avances respecto a la participación ciudadana, tanto a nivel local, autonómico y estatal, en todos los niveles sectoriales, siguen siendo ignorados institucionalmente, representando un revés injustificado de la participación del tejido asociativo. En esta crisis ha sido importante el papel de la ciudadanía pero hubiera habido más aportaciones solidarias que hubiesen mejorado la eficiencia de las medidas tomadas con un tejido social más fuerte y una red participativa consolidada y dotada de los medios materiales y económicos suficientes.
Retrocedemos, en definitiva, si no se establecen o reelaboran nuevos planes para una protección civil más potente y eficaz, impulsando un nuevo concepto de cultura de sociedad en riesgo, la inclusión de la participación social y la apertura de procesos de toma de decisiones sobre riesgos catastróficos, naturales o no, o de naturaleza sanitaria (como la actual pandemia del COVID-19), porque la gestión de riesgos necesita de la legitimación y confianza de la ciudadanía para ser eficiente.
