Una de las opiniones más repetidas, en los últimos días, hace referencia al momento histórico por el avance en derechos sociales. La importancia que supone la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Algunos comentarios equiparan la nueva ayuda con la Ley de la Dependencia o con el Real Decreto del año 91 por el que se establecieron, en la Seguridad Social, las pensiones no contributivas

Es cierto que estamos frente a una potente herramienta de lucha contra la exclusión que estaba justificada ante las cifras de pobreza severa que existen en este país, y además venía anunciada en el programa electoral del partido que ganó las últimas elecciones generales. No obstante, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia han acelerado el proceso y han provocado que salga a la luz a gran velocidad.

Hasta aquí todo según lo previsto, avanzamos en derechos sociales, disponemos de una especie de «vacuna», que puede ser útil para evitar, o al menos mitigar, la exclusión social, ya que supone una inyección de ingresos periódicos para aquellas familias en la que ninguno de sus miembros tiene trabajo.

Todos conocemos situaciones que se han ido volviendo dramáticas en las últimas semanas. Cada día comprobamos cómo algunas persianas de negocios pequeños, que hasta ahora habían estado saliendo adelante, no se abren a pesar de que ya pueden retomar la actividad, simplemente no disponen de recursos para soportar el tiempo de inactividad. También vemos cómo grandes empresas anuncian cierres que suponen el tránsito hacia la incertidumbre para miles de personas que, muy pronto, pueden dejar de tener ingresos. Por tanto, la necesidad de la medida raya en la obviedad, no admite ningún tipo de discusión. Miles, millones de parados, cientos de miles de hogares sin ingresos, la mitad de los jóvenes sin trabajo; no parece que exista la menor duda acerca de lo acertado de la medida adoptada. Hay que felicitar al Ejecutivo por la decisión adoptada.

Ahora nos enfrentamos a la segunda parte, la gestión de ese recurso que debería de ser prioritario y de carácter inmediato, ahí las cosas comienzan a preocupar algo más. La experiencia de rentas similares que están gestionando algunas comunidades nos ofrece un panorama desolador en cuanto a eficacia, ya que los retrasos y la burocracia inasumible por los posibles beneficiarios provoca meses, incluso años, de retraso en algo que, como indica el nombre de la nueva prestación, tiene un carácter vital, de extrema necesidad, y de carácter perentorio.

Una buena noticia es el anuncio que se hace, desde el Ministerio, según el cual, de oficio, va a llegar a los domicilios identificados como los más necesitados, para que parte de la población más vulnerable pueda empezar a cobrarla, sin necesidad de solicitarla. Ese parece el camino, dotar de una forma digna, rápida y eficaz la gestión de algo que permita transitar el periodo de vulnerabilidad y ayudar en la búsqueda de fórmulas para salir de esa situación excepcional.

Por tanto, la clave está en la capacidad de gestión eficaz de esta nueva prestación. Muy pronto estaremos en condiciones de conocer la bondad del IMV, su capacidad estabilizadora y compensadora o si volvemos a tropezar con buenas intenciones que naufragan antes de llegar a la orilla.