El acuerdo suscrito por los portavoces parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y Bildu, que se dio a conocer la tarde-noche del 20 de mayo de 2020, estableciendo el compromiso de derogar íntegramente la reforma laboral del Gobierno Rajoy ha producido una conmoción considerable entre los socialistas y más allá de los mismos.

Para los socialistas se consideraba, desde hace décadas, que existía una línea roja que les impedía cualquier tipo de pacto con los herederos de la banda terrorista ETA. Hace no mucho tiempo lo recordaba la vicepresidenta Calvo haciendo alarde de firmeza y convencimiento. Aunque lo cierto es que se han observado pactos más o menos implícitos entre el PSOE de Sánchez y Bildu desde hace un par de años. Con el pacto suscrito y hecho público el miércoles 20 de mayo se cruzaba por el PSOE de Sánchez una de las pocas líneas rojas que le faltaba por atravesar.

El pacto suscrito por el PSOE con Bildu ha llenado de perplejidad a la inmensa mayoría de los demás partidos políticos y a los ciudadanos porque la finalidad del mismo era que Bildu se abstuviera en la votación sobre la quinta prórroga del estado de alarma, cuya votación tuvo lugar la tarde del 20 de mayo de 2020. Y esa abstención era del todo superflua porque el Gobierno tenía garantizados 177 votos, uno más de la mayoría absoluta, de manera que le tenía que ser indiferente los votos en contra y las abstenciones. Más aún si una abstención superflua suponía cruzar una línea roja que iba a producir un deterioro considerable de su credibilidad. Muchos nos hemos preguntado que si sin ninguna necesidad se cruzan líneas rojas ¿qué será capaz de hacer Sánchez si de verdad necesitara los votos de Bildu o de cualquiera otro partido?

El acuerdo con Bildu no tiene por objeto nada que ver ni con el COVID-19 ni con beneficios para el gobierno vasco, versión esta última a la que nos tienen acostumbrados los acuerdos entre el Gobierno central y el PNV desde el inicio de la democracia. El objetivo del pacto es la derogación integra de las reformas laborales del Gobierno Rajoy. Y esto sucedía cuando tanto empresarios como sindicatos mantenían conversaciones entre ellos y con el Gobierno sobre la futura regulación de las relaciones laborales en España, con la finalidad de superar la situación económica en que nos encontramos, y cuando acababa de ponerse en funcionamiento la Comisión del Congreso de los Diputados sobre la reconstrucción económica, en que las relaciones laborales son uno de los temas principales.

Como es bien sabido el Gobierno rectificó con prontitud los términos del pacto mediante un comunicado en que se suprime la palabra «íntegra» a continuación de derogación. La ministra Calviño en un alarde de determinación y valentía salió a la palestra pronunciándose en el sentido de que no procedía llevar a cabo la reforma de la legislación laboral aprobada en tiempos de Mariano Rajoy. Pero casi al mismo tiempo el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se pronunciaba sobre el pacto en cuestión aseverando a modo de sentencia: Pacta sunt sevanda, un aforismo debido al gran jurista Ulpiano que puede traducirse como «Los pactos han de observarse», que se ha incorporado a la inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos occidentales. Nuestro Código Civil lo recoge en los artículos 1091 y 1258, y la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1969, lo acoge en su artículo 26. Pero las reglas de derecho, casi todas ellas, tienen excepciones. La anterior regla tiene la suya en el aforismo romano Rebus sic stantibus, que significa que los pactos deben cumplirse siempre que no se alteren las circunstancias que los determinaron. Este aforismo se considera incluido por nuestra jurisprudencia en el artículo 1258 de nuestro Código civil, como causa modificativa de los contratos, y se incluye de manera explícita en el artículo 62 del Tratado de Viena antes mencionado.

No cabe duda de que las circunstancias en que el PSOE y Podemos suscribieron un pacto de derogación de las reformas laborales del Gobierno Rajoy han cambiado radicalmente. En Enero de 2020 las expectativas económicas de nuestro país eran de las mejores de la zona euro, crecíamos alrededor del 2%, el déficit público estaba controlado por debajo del 3%, la deuda pública se había estabilizado en torno al 100% del PIB, los cotizantes a la Seguridad Social superaban los diecinueve millones, las expectativas de turistas eran iguales o superiores a las de 2019, etc. Tras la pandemia del COVID-19 todo ha cambiado: el Producto Interior Bruto se hunde acercándose al menos 10%, el déficit público se espera que alcance también dos dígitos, los parados son ya más de tres millones, la deuda pública alcanzará probablemente el 120% del PIB y un largo etcétera de resultados económicos negativos que han sobrevenido inesperadamente. Resulta evidente que debe aplicarse la cláusula rebus sic stantibus al pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos sobre la derogación de las reformas laborales del Gobierno Rajoy. Ahora es tiempo de reconstrucción de nuestra economía y dicha reforma lejos de favorecerla la impediría.

El Derecho hay que interpretarlo como un todo y no solo teniendo en cuenta una de sus partes, uno de sus aforismos o uno de sus preceptos como parece que ha hecho el vicepresidente podemita del Gobierno. Pero si la cláusula rebus sic stantibus es evidente que puede aplicarse al pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos, ¿es aplicable también al pacto suscrito por el PSOE, Podemos y Bildu hecho público el 20 de mayo de 2020? En este caso las circunstancias derivadas del COVID-19 eran bien conocidas por los firmantes. Pero ¿se trataba de un nuevo pacto o un recordatorio del pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos? al que se sumaba ahora de modo insólito Bildu.

Si nos acogemos a la segunda de las posibilidades el Gobierno podría seguir incumpliendo el pacto de derogar íntegramente la reforma laboral de Rajoy, pero si no es así, el PSOE se encontraría en una situación muy comprometida.

Lo que parece razonable es que las cosas sigan el proceso ya iniciado, esto es, que las conversaciones entre el Gobierno y empresarios y sindicalistas continúe. Y, por otra parte, que la Comisión del Congreso que consideramos de dudosa utilidad, siga trabajando dejando al margen la reforma laboral que debe tener su sede en la concertación entre sindicatos y empresarios.