Ayer se celebró el Día Mundial de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR), que fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2017, en su 72º período de sesiones.

En esta fecha España reitera su compromiso en la lucha contra la pesca ilegal, que se ha convertido en una gran amenaza a la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos, para la biodiversidad marina y que supone una enorme discriminación para la mayoría de pescadores que proceden de forma responsable y que respetan las condiciones de sus autorizaciones de pesca.

La experiencia de España en las operaciones contra la pesca INDNR se basa en una sólida regulación normativa tanto a nivel nacional como comunitario. En la última década, se ha puesto en marcha un nuevo marco normativo que persigue de forma decidida a quienes amparan o promueven dichas actividades y el Ministerio ha desarrollado operaciones emblemáticas de control e inspección. Ha ejecutado un sistema de cumplimiento riguroso y firme contra esta pesca ilegal.

Este enfoque se ha demostrado eficaz y se ha traducido con éxito en las operaciones SPARROW I y II que han finalizado con la imposición de sanciones económicas por valor superior a los 32 millones de euros y la inhabilitación de nacionales para el ejercicio de actividades pesqueras por un período de 5 a 23 años y la prohibición de obtener subvenciones por períodos de entre 6 a 24 años.

En el año 2010 se creó el Equipo de Inteligencia para la lucha contra la pesca INDNR, en el marco del Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto y control de importaciones, que añade mayor control a todo producto de la pesca que accede a la UE por nuestras fronteras a través de cualquier medio de transporte. Realiza unas 50 investigaciones ad hoc al año, controla más de un millón de toneladas al año entre 500 desembarques e inspecciona más de 50.000 importaciones.

En 2020 se han sumado 28 nuevos inspectores de pesca marítima del Estado al servicio de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reforzar la plantilla existente hasta un total de 137 inspectores de pesca marítima, distribuidos entre servicios centrales y periferia a los que para reforzar dicho servicio de inspección.