La derecha rechaza por sistema cualquier avance del Estado de bienestar basándose en un supuesto gasto público excesivo, en consonancia con su ideario neoconservador que proclama un Estado mínimo. A esto responden las iniciativas de privatización y mercantilización de los servicios públicos bajo el pretexto de mejor gestión, pero que en realidad conlleva derivar servicios públicos a la dinámica de mercado, lo que redunda en una reducción de su capacidad redistributiva, una pérdida de equidad y una merma en la calidad. Sin embargo, no se opone abiertamente debido a su carácter universal y a que la ciudadanía demanda buenos servicios públicos y los defiende porque quiere prestaciones decentes. Y, sobre todo, porque vota.
Pero el ingreso mínimo vital se destina a hogares en situación de pobreza y en muchos de ellos con hijos menores. Por eso aflora sin complejos el rechazo, en particular por la extrema derecha. Para ello usa prejuicios inconfesables y desdén temerario por los consensos académicos y las instituciones multilaterales que, trabajando sobre evidencias, demuestran la conveniencia de esta política. Basa el rechazo en una supuesta dilapidación de recursos, por el riesgo de fraude y porque desincentiva el interés por el trabajo. Es curioso que todos estos recelos les invadan solo cuando son medidas destinadas a los más pobres.
Organismos internacionales como la OCDE, el FMI, la ONU o el Consejo de Europa han alertado a España en repetidas ocasiones sobre el efecto regresivo de las transferencias económicas. A saber: por cada euro destinado al 10% de la ciudadanía más pobre, recibe unos 5 euros el 10% más rico, según la OCDE.
A pesar de la importante cuantía (cerca de 50.000 millones anuales), las familias con menos renta apenas reciben recursos, salvo la prestación por hijo a cargo para hogares con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales. No se benefician de exenciones y deducciones por IRPF o el Impuesto de Sociedades a las que sí acceden otros grupos sociales. Para compensar esta situación y ganar eficacia contra la desigualdad y la pobreza, el ingreso mínimo vital focaliza la prestación en los hogares del 17% más pobre de la sociedad mediante una transferencia económica, creando una nueva prestación no contributiva financiada con Presupuestos Generales de Estado. Razón de justicia social.
Esta modesta transferencia (entre 5.538 y 12.184 euros al año, según el tipo de hogar) a las rentas más bajas supone destinar recursos a la economía productiva: no se dilapidan recursos ni desaparecen en paraísos fiscales. Van al consumo y la producción. Razón de justicia distributiva.
La medida es necesaria porque existe un problema estructural en la distribución de rentas ya previo al covid. Una situación que genera desigualdad que deriva en pobreza y riesgo de exclusión para una parte de la ciudadanía. Afecta más a hogares con hijos y tiene mayores repercusiones para el futuro de jóvenes y niños. Razón de inversión en las personas y la competitividad de país.
Y es una medida que desarrolla el mandato del artículo 41 de la Constitución. Se crea un sistema de "prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad" y se da una nueva dimensión a nuestro Estado de bienestar mediante una nueva red de protección contra la desigualdad y los riesgos de pobreza y exclusión.
En definitiva, da un paso más en derechos de ciudadanía. Razón de país más decente.
