Un nuevo proyecto de iniciativa privada se ha puesto sobre la mesa de la ciudad de Valéncia para turbar la paz en la que viven el alcalde Joan Ribó y su equipo de gobierno compuesto por concejales de Compromís y del PSPV-PSOE. Esta vez se trata de la inmobiliaria Momentum Real Estate que pretende construir una residencia para estudiantes sobre los restos de lo que fue la fábrica de leche El Prado, al norte del cementerio de Benimaclet, en una parcela casi completamente rodeada por huerta con la máxima protección.
Como viene siendo habitual desde que en 2015 gobierna el llamado Pacte de la Nau (del Rialto desde 2019), las primeras palabras que los promotores han escuchado de los ediles han sido: «Es que no encaja en nuestro concepto de ciudad». Son prácticamente las mismas que han recibido quienes querían promover un hotel con casino en la Marina de València, un campus universitario en el Cabanyal, la reapertura del hotel Sidi Saler, una noria recreativa gigante en la fachada marítima, la construcción de 1.345 viviendas y sus equipamientos en el borde Norte de Benimaclet...
La lista de vetos por cuestión de modelo es larga, quizás demasiado para una ciudad en la que la pandemia por coronavirus ha elevado el paro a 64.700 personas en mayo y para la que los augurios no son buenos, lo mismo que para todas las plazas cuya economía se basa en los servicios. No es que uno suscriba al cien por cien lo que la filósofa y escritora Rosa María Rodríguez Magda acuñaba días atrás en estas mismas páginas como el modelo de «mercadillos de acelgas y bragas» en la plaza del Ayuntamiento, pero empieza a ser urgente que la ciudad anote en el balance algo más que acorralar al coche privado, sembrar la plaza principal de maceteros a mil euros la unidad y completar la red de carriles bici que instituyó el alcalde Pérez Casado y extendió Rita Barberá.
Los promotores de la residencia de estudiantes buscan, como es lógico, la proximidad de los campus universitarios de Vera y Tarongers y tratan de utilizar la calificación de suelo industrial que aún tienen los terrenos para reconvertirla en residencial y llevar adelante su proyecto. Están en todo su derecho y si reciben una negativa por respuesta lo normal sería que reclamaran una cuantiosa indemnización. El urbanismo tiene su fundamento en actos reglados, no en arbitrariedades o caprichos, y si una institución quiere cambiar las cartas cuando la partida está en juego lo normal es que le toque pagar. Ya quedó muy claro para todos cuando se cambió el planeamiento para evitar que se construyera un hotel de cinco estrellas y cientos de viviendas sobre el antiguo patio del colegio de los Jesuitas, junto al Jardín Botánico.
Se da la circunstancia, sin embargo, de que en el proyecto de la residencia de estudiantes se pone en cuestión un pacto urbanístico sellado en 1988 entre la ciudad y su huerta. Según el Plan General de Ordenación Urbana, el casco urbano podría crecer hasta la Ronda Norte, respetando el paisaje y la actividad productiva de la otra acera. Claro está que los pactos están para saltárselos, y la primera que lo incumplió fue la Generalitat al ubicar los talleres del metro sobre la huerta más productiva entre València y Alboraia. El propio ayuntamiento tendrá que decidir en los próximos días si se suma al bando de incumplidores y veta el plan para completar con viviendas y equipamientos en borde norte de Benimaclet, la fachada del barrio a la Ronda Norte. La promotora titular del plan de actuación integrada (PAI), Metrovacesa, ha cifrado en 50 millones de euros lo que el ayuntamiento tendría que abonarle si decide atender las demandas de los grupos opositores al proyecto, que por cierto son los mismos que rechazan la residencia de estudiantes repartida en ocho inmuebles, como se ve en la figuración que acompaña a estas líneas.
Va a resultar muy difícil que un gobierno local que ha estado a punto de volver a labrar el asfalto de la Zona de Actividades Logísticas de La Punta para devolver el paraje a su condición de huerta dé luz verde a ocho edificios para estudiantes junto al cementerio de Benimaclet, por lo que si el ayuntamiento no quiere afrontar una indemnización millonaria deberá negociar e intentar recuperar su parcela para el paisaje agrario como ya intentó, sin éxito, con las franjas afectadas por la ampliación de la autovía V-21. A 150 metros de los restos de la antigua embotelladora de leche, la Universitat de València mantiene vallados grandes espacios para aparcamiento de profesores y alumnos, ejerciendo el efecto llamada a los coches particulares en un campus comunicado por tranvías, líneas de autobuses y carriles bici, mientras sus usuarios protagonizan el grueso de los llamamientos a una movilidad sostenible y a la protección de una huerta sobre la que asentaron las moles de los aularios y sus zonas de servicios. Uno no sabe si en la nueva normalidad post pandemia las universidades necesitarán toda esa reserva de suelo para crecer. Han demostrado ser voraces y justo ahora la pandemia abre para la enseñanza superior la inexplorada vía de la docencia por internet. Quizás sea hora de redimensionar las reservas de suelo universitario en el eje de la avenida de los Naranjos hasta el mar por si hay espacio para algún proyecto, público o privado, que mejore la oferta de la ciudad y, de paso, cree algún puesto de trabajo, que falta hace.
La gran pregunta que la capital debe responder
Umberto Eco en su novela «El nombre de la rosa» recogía la que desde entonces ha sido la madre de todas las preguntas: «¿Era Cristo dueño de las ropas que llevaba a la hora de morir crucificado?» La cuestión sobre la que debatían encarnizadamente franciscanos, benedictinos, dominicos y enviados papales en la rica abadía medieval ha sido reemplazada por otra de no menos calado. ¿Deben pasar los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por la plaza del Ayuntamiento de València tras su peatonalización? El enjundioso debate ha sido objeto de agria polémica entre grupos políticos en el pleno de este jueves sobre los proyectos de reforma de la plaza principal. Los conservadores entraron a la sesión pidiendo que se paralizara toda remodelación y salieron reclamando que el autobús también sea desterrado a alguna de las calles adyacentes. La coalición de izquierdas que gobierna descalifica a los derechistas por demagogos pero a continuación admite que no hace ascos a la salida del autobús para una peatonalización real del espacio, sin el mamotreto rojo metiendo miedo a los viandantes con su volumen y su ruido. Todo se decidirá más adelante, en el concurso de ideas para la reforma definitiva del espacio, en el que los aspirantes solo deberán respetar la explanada para la mascletá, el hueco para la falla y los puestos de flores. Ni Vinatea tiene el sitio seguro. De momendo, la C1 circulará por la plaza entre rulos de hormigón y antes de que acabe junio la piedra roja empezará a teñir el pavimento. Lo de peatonal ya se verá, si eso.
