Hoy lunes se cumple un año de la constitución de las actuales Corporaciones Municipales y de la toma de posesión de los más de 500 alcaldes que hay en la Comunitat Valenciana. Un año desde que se expusieron las líneas de trabajo para el mandato municipal y para ofrecer a nuestros vecinos unos pueblos y ciudades basadas en la prosperidad de las personas, el espacio público amable, cómodo y accesible, la oportunidad en el empleo y el impulso de los servicios públicos de calidad. Hoy los pilares de ese compromiso se mantienen firmes e inamovibles.
En ese escenario llegó la mayor crisis sanitaria de las últimas décadas que ha puesto en jaque a ciudadanos, administraciones públicas y privadas, empresas, tercer sector y un largo etcétera; se ha tenido que responder instantáneamente a verdaderos dramas por la pérdida del empleo de miles de personas, organizar con ONG's y voluntarios tareas de todo tipo, poner en marcha planes de desinfección y de ayuda sanitaria, tomar medidas para proteger a comercios, autónomos y pymes, iniciar protocolos laborales para los trabajadores de los servicios esenciales y varios centenares de iniciativas más, todo ello sin hoja de ruta establecida, todo desde la acción. Los Gobiernos regulaban, los Ayuntamientos actuaban.
Los investigadores norteamericanos Bruce Katz y Jeremy Nowak (Brookings Institution Press) defienden que los desafíos que plantea la convergencia de lo global y lo local no pueden resolverse desde el plano nacional. En su definición del nuevo localismo, aseguran que las ciudades pueden enfrentarse a estos retos de una forma más eficiente y democrática que la alcanzada únicamente por los gobiernos nacionales. El poder de las ciudades no se parece al de los países porque está basado en los mercados y el civismo más que en constituciones y estados; sus gobiernos son complejas redes de instituciones e individuos comprometidos con la mejora de su emplazamiento geográfico y su futuro depende de ellas.
Estas teorías, que se pueden compartir o no, ponen al descubierto que después de sufrir esta colosal crisis del coronavirus en la que los Ayuntamientos han demostrado su enorme capacidad de gestión, sí deberíamos como mínimo reconocer su espacio institucional y repensar el papel del municipalismo en la arquitectura del Estado.
Desde hace 7 años el cuerpo competencial del municipalismo español se ha visto seriamente amputado y los ayuntamientos hemos sido sometidos a importantes ajustes para contener el déficit y convertirlo en superávit. Además, hemos tenido que adaptarnos a una mayor frecuencia en la rendición de cuentas y a los mecanismos de control sobre estados presupuestarios, la adaptación de todas nuestras estructuras a la nueva ley de contratos, los nuevos mecanismos de fiscalización del dinero público, y todo ello desde estructuras poco digitalizadas y perdiendo efectivos por jubilación que la tasa de reposición impedía incorporar. Todo un reto de esfuerzo que al llegar este inesperado examen hemos aprobado con muy buena nota.
Visto el escenario que se avecina de una recesión económica sin precedentes, el actual contexto demuestra que los Ayuntamientos, por su eficacia y utilidad demostradas, deben ser actores principales en la recuperación social y económica; y desde nuestra actual realidad deberíamos hablar sin reparo de la necesidad de un 'Municipal New Deal' para recuperar el espacio que nunca debimos perder e incrementar nuestro papel en las decisiones de la solución conjunta a la que debe aspirar nuestro país.
Durante estos días asistimos al debate de ayudas económicas que se está planteando en el seno de la Unión Europea para remontar juntos esta situación, todo un reto para los europeos. Pero una vez definidas cantidades y deseando todos que nuestro país salga bien parado, seamos pragmáticos y reconozcamos que la gran mayoría de esos fondos se ejecutarán en el marco de los municipios europeos.
Todo apunta a que la inversión de esos fondos deberá llevar la etiqueta Agenda 2030: innovación, digitalización, lucha contra el cambio climático y eficiencia. Volveremos a enunciar ese mantra de Piensa global, actúa local.
Y llegados a este punto de la solución europea, algunos nos realizamos la siguiente pregunta: ¿Cuentan todos los municipios europeos con el mismo 'corpus legal', la misma agilidad y la misma competencia laboral para sacar adelante todo esto? La respuesta es no. El municipalismo español está en franca desventaja con las herramientas que tienen franceses, italianos o alemanes, las herramientas de sus estructuras locales y supramunicipales, con lo cual más que interesarnos por cuánto nos tocará a los españoles deberíamos preguntarnos con qué herramientas contamos ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones para afrontar este reto y salir toda Europa a la misma velocidad.
Los objetivos de la sociedad y de las instituciones para los próximos meses deben pasar obligatoriamente por contribuir a que nuestros vecinos y vecinas recuperen lo antes posible el nivel de bienestar social y económico previo a la COVID-19. Para conseguirlo es necesario flexibilizar la normativa que afecta a los municipios, eliminar los techos de gasto municipal, permitir que se puedan invertir los remanentes de tesorería sin limitaciones, y también acordar un 'Municipal New Deal' para dotar a los ayuntamientos de la garantía legal para que las sociedades de nuestros pueblos y ciudades decidan democráticamente cuál es el futuro que quieren construir dando solución a la sostenibilidad ambiental, la pobreza, la competitividad económica y los desafíos de la diversidad social sin paternalismos. Ya somos mayores de edad.
