17 de junio de 2020
17.06.2020
Levante-emv
tribuna

Los innecesarios

17.06.2020 | 21:59
Los innecesarios

El pasado 7 junio 2020, el presidente Pedro Sánchez en una intervención televisiva mostraba su alegría por el interés que suscitó el simulador del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cifró unos 22 millones de visitas y 2,5 millones de simulaciones aproximadamente, tras escasos días en la Web de la Seguridad Social. Esta acuciante necesidad no la ha creado el Covid-19, aunque la ha incrementado, existe desde hace décadas, y ningún gobierno de España en toda la historia, ha sido capaz de tomar una medida de esta naturaleza para todos los españoles.

Cierto que, en algunas autonomías existen medidas semejantes solo para su territorio. El IMV nos iguala a todos con independencia de donde vivamos. Es una gran medida social, digna de un país desarrollado como España. Mi enhorabuena a quienes han hecho posible esta gesta.
Ahora debemos estar a la altura de las expectativas y plasmar en la vida real con hechos lo que tantos augurios promete el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. BOE 1 de junio 2020 que lo regula, donde nos previene de la facilidad con la que la exclusión social nos toque en un futuro cercano debido a los profundos cambios que se avecinan.

Veamos su preámbulo (III. 3 párrafo): «Esta política actuará así como un seguro colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentarán en el futuro próximo: carreras laborales más inciertas, nuevas vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de COVID-19, transformaciones económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y en general una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas frente a los que casi nadie será inmune, pero que afectarán especialmente a los grupos sociales más vulnerables.»
Quiero hacer hincapié en un punto importante, se dice que el IMV no es incompatible con rentas autonómicas de inclusión. Así es, según el art 18.1 apartado «e.1»: e) Se exceptuarán del cómputo de rentas:

1. º Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.»
Debido a mi condición de valenciano, me ceñiré a comparar con nuestra Renta Valenciana de Inclusión, modalidad (RGIS) Renta de Garantía de Inclusión Social. En la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión que la regula, su art 13.2 dice: «Artículo 13. Incompatibilidades. La renta valenciana de inclusión estará sujeta a las siguientes incompatibilidades:

2. La percepción por la persona titular de otras prestaciones económicas que tengan por finalidad la inclusión social, la inserción laboral o la garantía de unos ingresos mínimos diferentes a la renta valenciana de inclusión regulada en esta Ley.» Esta contradicción originará quebrantos a las personas vulnerables y se pueden evitar cambiando la frase del IMV. Hay tiempo. Esa incoherencia puede dar lugar a que una familia que perciba la RGIS y solicite el IMV, en caso de ser concedido, perderá la primera por incompatibilidad, con lo que ello supone.
Resultan ciertos pintorescos argumentos que, me consta de fuentes solventes, se han dado para no variar ese punto del IMV y que evitaría futuros litigios. Uno es relativo a la premura con que se pretende que la ayuda llegue a los ciudadanos. No se sostiene, lo explico: Con solo aplicar el Real Decreto-ley 20/2020 de oficio, basta. Es cuestión de voluntad, el IMV debe ser la base de la renta de estas familias, el resto, hasta la cantidad que percibían, ser pagada por el gobierno autonómico, eso sí sería una redistribución equitativa. Con solo hacer la transferencia de los datos de Rentas Valencianas concedidas (Conselleria de Inclusión se los facilitaría con agrado). No haría falta trasvase de fondos entre administraciones, la Seguridad Social pagaría a las familias el IMV que correspondiera sin retraso de ningún tipo. Se trata de desglosar en dos, la Renta Valenciana, la primera correspondería pagar al Estado, IMV y la segunda a la CCAA.

Se conseguirían tres cosas importantes:

1) El gobierno garantizaría la universalidad del IMV como establece el Real Decreto-ley 20/2020. Además, por el hecho de ser de oficio, se garantiza la inmediata liquidez a los perceptores y no habría transferencia monetaria entre administraciones.

2) La comunidad autónoma tendría un balón de oxígeno con el ahorro obtenido de esta colaboración con el gobierno, dedicando dichos recursos a incrementar la solvencia en la gestión de la RVI.

3) Y el más importante, las personas vulnerables tendrán la seguridad financiera que actualmente no tienen. La supervivencia no puede depender de si la ayuda que recibes es autonómica o estatal, o de fluctuaciones políticas respecto a infrafinanciación autonómica, aprobación de Presupuestos Generales del Estado, elecciones y demás paréntesis administrativas que bloquean esta clase de medidas.
Con voluntad política se llega a soluciones equilibradas en aras del bien común. En la España actual, el verdadero nexo de unión que nos identifica como país y nación es la no discriminación de las personas vulnerables. Entre todas las administraciones, central, autonómica y local se pueden lograr éxitos que de otra forma jamás se alcanzarían, cuestión de voluntad.
Las personas no son innecesarias, nadie lo es, por tanto, quienes tampoco deben serlo son nuestras instituciones. Cada vez habrá más excluidos, como vaticina el Real Decreto-ley 20/2020. Apelo a la sensatez y que la exclusión sea para nuestros ciudadanos lo más leve posible.

No son INNECESARIOS, en ello está nuestra supervivencia como nación.

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