Al seguir con atención el que pudiéramos llamar «caso Marlaska» se podría llegar a pensar que para la derecha española la Guardia Civil no sería tan solo, y nada menos, un cuerpo policial sino que sería un Estado dentro del Estado al que no alcanzarían las leyes de la democracia. Ese respeto reverencial de la derecha española a la Guardia Civil lejos de beneficiarle le perjudica gravemente por dos razones fundamentales: porque se trata de una organización que, junto a méritos bien acreditados, como toda organización, tiene problemas internos, comete errores y en ocasiones algunos de sus miembros cometen infracciones y delitos; y porque ese intento de adscripción de la Guardia Civil a una determinada ideología aleja a dicha policía del resto de los españoles.
La Guardia civil es, de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución, una de las piezas que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad, que incluyen también el Cuerpo Nacional de Policía, las policías autonómicas y las policías locales. Y la misión constitucional que se les encomienda por la Constitución a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad es la de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Ninguna otra Constitución del mundo occidental presta atención a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ninguna Constitución occidental establece las misiones que a las mismas corresponden, y a ninguna persona bien informada se le escapa que el establecimiento por la Constitución de las misiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad se debe a que en el pasado la misión de garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas no estaba entre los objetivos fundamentales de la Guardia Civil o de la entonces Policía Nacional.
Somos de los que creemos que se ha producido una transformación intensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad en España, que han asimilado sus nuevas misiones constitucionales y que hoy son plenamente democráticas y comprometidas con la democracia. Y cuando hemos tenido oportunidad de defender el carácter democrático de las policías españolas lo hemos hecho sin reserva alguna. El comportamiento de la Guardia Civil en los sucesos independentistas, alrededor del referéndum ilegal de octubre de 2017, hemos escrito que se ajustó a los parámetros de una policía democrática, por mucho que los independentistas hayan querido mostrar una imagen distorsionada de la misma. Acaso lo que se observó es que la policía lejos de acosar a los ciudadanos era acosada por los ciudadanos. Lo que no obsta para que puedan haber concurrido en algunos casos en extralimitaciones en el ejercicio de la fuerza.
Pero ni la Guardia Civil ni el Cuerpo Nacional de Policía son Estados dentro del Estado. Las policías están sometidas a la ley y al Derecho, como proclama para todos los poderes públicos la Constitución. Pues bien, dentro de la Ley el ministro del Interior, o el secretario de Estado correspondiente pueden cesar y nombrar a aquellos cargos que son de libre designación, sin que sea necesario motivar el nombramiento o el cese, como no es necesario que el presidente del Gobierno cese motivadamente a los ministros, o el Gobierno motive el cese de los secretarios de Estado, de los subsecretarios o de los directores generales. Lo que ha hecho el secretario de Estado de Interior, a propuesta de la directora general correspondiente, ha sido utilizar su potestad de cesar al jefe de la Guardia Civil de Madrid. Esto no quiere decir que en sede parlamentaria no se puedan pedir explicaciones al ministro que deberá darlas. Es decir, no puede negarse a contestar formalmente al requerimiento de explicación de un parlamentario sobre las causas del cese, pero puede limitarse a decir que lo consideró conveniente. El ministro Marlaska, sin duda a causa de la inexperiencia, ha dado varias versiones del cese del jefe de la Guardia civil de Madrid cuando no era necesario, porque las varias versiones pueden considerarse como vulneración de la verdad en sede parlamentaria, lo que puede tener consecuencias jurídicas en dichas cámaras.
El caso Marlaska cobra mayor complejidad en la medida en que, según la oposición parlamentaria, tendría como motivación la exigencia del Ministro, o de sus subordinados, de que el jefe de la Guardia Civil de Madrid facilitara el informe que unos guardias civiles estaban elaborando, en su versión de policía judicial, para una juez de instrucción. A este respecto no cabe duda de que, de acuerdo con nuestro derecho, el jefe de la Guardia civil de Madrid, si es que esto sucedió, tenía la obligación, de acuerdo con la ley, a negarse a facilitar dicho informe al que ni siquiera dicho jefe debería tener acceso.
Pero el reproche que puede y debe hacerse a quien en su caso recabó dicho informe (en todo caso de manera oficiosa) en nada cambia la potestad del secretario de Estado para cesar a un cargo de nombramiento y cese discrecional. Lo que si introduce mayor confusión es el contenido de la propuesta de cese, cursada por la Directora general competente, que lo motiva con una mención confusa al informe en cuestión, que podría poner de manifiesto una actuación fuera de la ley que merece reproche jurídico. Pero aun así en nada afecta dicha conducta, que pudiera ser incluso delictiva, a la competencia del Secretario de Estado para cesar o nombrar de manera discrecional al jefe de la Guardia Civil de Madrid.
Por lo demás se advierte, una vez más, que los informes policiales y las actuaciones judiciales no se custodian como se debiera por sus responsables, que no adoptan las medidas que lo impidan.
Pero lo que resulta más preocupante es la posible existencia de un mar de fondo por debajo de este incidente. ¿Está reivindicando la derecha española, junto con algunos mandos de la Guardia Civil, un estatuto especial para este cuerpo policial al margen de la ley, en materia de nombramientos, que impediría la intervención del Gobierno en la dirección y conformación de la cúpula policial? Si fuera así estaríamos ante un asunto grave que debiera ser atajado sin titubeos por el Gobierno. En nuestro sistema jurídico-político solo son posibles las policías democráticas sometidas a la Ley y al Derecho.
No cabe duda de que el ministro Marlaska ha actuado con una torpeza difícilmente disculpable, pero tampoco nos cabe duda de que la actitud de la derecha parlamentaria ha sido lamentable excitando los ánimos y pretendiendo situar a la Guardia Civil por encima de la ley.
