Basta un somero análisis retrospectivo, tres meses antes de la pandemia, para hacernos una idea del preocupante futuro que espera a buena parte de los ciudadanos.

En ese trimestre previo al Covid-19 no faltaron titulares sobre la crisis económica y su incidencia en los grupos más vulnerables: «Un 16% de los valencianos con empleo están en situación de exclusión social», «La Comunidad ocupa el cuarto lugar del Estado en exclusión severa y moderada», «El gasto autonómico en protección social es 400 euros inferior al del resto de España», «La Renta Valenciana de Inclusión solo alcanza al 3% de la población que la necesita, siendo la Comunidad la tercera por la cola en la cobertura de esta ayuda a nivel nacional».

El propio Síndic de Greuges alertaba antes del reconocimiento oficial de la pandemia de los retrasos graves y perniciosos en la concesión de estas ayudas e instaba al departamento de Mónica Oltra a concederla cuando superaba el año de espera. El último informe publicado por Save The Children, un mes antes de la declaración de estado de alarma, con datos del INE, apuntaba que más de 205.000 hogares de la Comunidad están en situación de exclusión social y 260.000 niños valencianos están en riesgo de pobreza. Hace un año ahora, desde el campo de la economía, se hacía público que casi la mitad de los valencianos vivirían en riesgo de pobreza sin las ayudas del Estado. No es alarmismo sino hemeroteca.

También tres meses antes de la declaración de la alarma, Cáritas nos adelantaba una realidad que hoy adquiere forma de profecía fatídica: la correlación existente entre empleo y exclusión social. Las crisis atacan en primer lugar a los trabajos más precarios, que son los primeros en desaparecer, y de ahí, el paso a la pobreza es muy corto. Esa miseria que afecta rápidamente a las capas sociales vulnerables pero que también golpeará esta vez, dada la magnitud de la catástrofe, a las clases medias, creando una situación social jamás imaginada.

Tres mil millones de euros es la partida destinada para dos millones y medio de españoles a través del Ingreso Mínimo Vital. Mónica Oltra tardó tres años en ponerla en marcha y desde entonces el Síndic de Greuges ha afeado su gestión repetidamente.

Entre tanto, distintas instituciones del ámbito social que siempre han estado ahí asumen la responsabilidad de alimentar a quienes ya no pueden cubrir sus necesidades básicas. Las colas del hambre demuestran que el sistema de protección ha continuado con pies de barro a pesar de los distintos gobiernos.