Durante los últimos años se ha producido un considerable avance en la atención política hacia los territorios rurales y despoblados de España, integrando la variable poblacional en muchos de los criterios que rigen la acción política del Estado.

El primer hito destacable fue la creación durante el gobierno de Mariano Rajoy de la figura del Alto Comisionado para el Reto Demográfico. Fue una piedra angular donde comenzó a desarrollarse una mentalidad positiva hacia los habitantes del medio rural como garantes y custodios de la conservación y gestión sostenible de sus territorios. Hoy ya son muchas autonomías las que, siguiendo este modelo, han desarrollado políticas propias para la lucha contra la despoblación rural, si bien con escasos o nulos resultados, como la valenciana.

Revertir el fenómeno de la despoblación rural no va a ser ni sencillo ni rápido, pues normalmente partimos desde concepciones equivocadas. Hace más de 150 años, cuando comenzaron las primeras políticas de conservación de la naturaleza con la creación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y posteriormente la declaración de los primeros Parques Nacionales, se desarrolló un enfoque en la gestión del medio rural muy centralizado en el poder del Estado, propio de la estructura que entonces tenía España. No obstante, durante las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX ya hubo intentos de gestión del medio más próximos al ciudadano conforme se iba avanzando y consolidando el modelo descentralizado de Estado. Desgraciadamente, la Guerra Civil y la vuelta a un poder central férreo, abortó aquellos intentos aperturistas.

Con el Estado de las Autonomías no hemos sabido avanzar, más bien al contrario, en el modelo que promulga la Unión Europea basado en la subsidiariedad. Es decir, que definan las personas que viven en el entorno qué modelo de gestión quieren para sus territorios. Hemos aprobado una infinidad de Leyes que lo que han hecho es lastrar el modelo tradicional de vida de los territorios rurales, aquél que ha creado paisajes «en mosaico» que nos han dado como resultado ser uno de los territorios con más biodiversidad de Europa y que ahora puede tener un papel clave en la mitigación del cambio climático. Y todo basado en la falsa premisa de que la conservación es el limitar y controlar desde fuera las actividades rurales en el medio rural. Kafkiano.

Ante territorios con puntos de partida tan diferentes entre los despoblados y urbanos no puede haber situaciones legislativas iguales. Aquellos que critican tanto el modelo centralista, viven ahora muy cómodamente instalados en la Generalitat sin mover un dedo por las comarcas rurales. Hay que trabajar por un nuevo modelo de gobernanza que deje que los municipios rurales y sus habitantes tengan una mayor capacidad de decisión y gestión a la hora de definir como quieren su modelo de desarrollo. La inoperante Generalitat, que solo sabe crear organismos y cargos para colocar afines, debe comenzar a definir una estrategia clara y ahí va una propuesta: un Estatuto Básico para el Municipio Rural, que vuelva a dar la posibilidad a los ayuntamientos de definir su modelo territorial, social, económico y ambiental. Solo así podremos comenzar a frenar la lacra de la despoblación rural.