Una política necesaria, desde una perspectiva socialdemócrata, es la que junto a la búsqueda de la igualdad y la libertad de los ciudadanos persiga un desarrollo económico sostenido que permita el bienestar de los ciudadanos. Cuando un gobierno se olvida de la libertad y la igualdad de los ciudadanos se inclina hacia un conservadurismo retrógrado, y cuando, por el contrario, no presta atención al desarrollo económico se aproxima a los regímenes populistas, o a radicales especializados en repartir la pobreza, incluso la miseria, entre sus ciudadanos. Las sociedades que consiguen mantener un equilibrio estimable entre los objetivos antes señalados son las más prósperas y, en términos generales, en las que los ciudadanos son más felices.
Profundizar en la igualdad y la libertad de los ciudadanos es una tarea sin fin. La igualdad formal, es decir, la igualdad plasmada en las leyes, es un logro de las modernas democracias pero no es suficiente. Las diferencias económicas en nuestras sociedades, y particularmente en las que llevan a millones de personas a la marginalidad social, a la indigencia, deben afrontarse con decisión que se echa en falta entre nosotros, más allá de los discursos de nuestros políticos de todas las tendencias.
Las desigualdades mayores con las que convivimos, las que impiden que se cierre la brecha que hoy conocemos entre los ciudadanos son las provocadas por la educación y la sanidad. La enseñanza y la sanidad públicas retroceden y tienden a convertirse en nichos de clases medias y bajas que difícilmente posibilitarán que se premie el talento del que nuestra sociedad está necesitado. Los niveles altos y muy altos de rentas disponen de educación y sanidad privadas de muy alta calidad, alimentadas con demasiado frecuencia por el sector público, a las que no tienen acceso los menos pudientes. En el amplio marco de las desigualdades se sigue apreciando desigualdad real de las mujeres, asunto al que igualmente debe prestársele atención. La libertad no se puede practicar desde la indigencia, razón por la que se deben seguir haciendo esfuerzos por profundizar en la igualdad real, que no el igualitarismo, de las personas en las sociedades desarrolladas. Los jóvenes de Hong Kong han reaccionado a principios de 2020 con extrema violencia ante el intento de Pekín de cercenar sus libertades, heredadas de su condición de colonia británica. Y los chalecos amarillos franceses son un ejemplo de reacción frente a una clase dirigente a la que no le importa que la brecha de la desigualdad se siga produciendo. Los ejemplos conocidos son muchos a lo largo y ancho del mundo y no dejan de ser preocupantes los que se dan en nuestro país.
Pero las políticas progresistas no se pueden detener en la lucha por la libertad y la igualdad de los ciudadanos. La socialdemocracia, aliada con el liberalismo, debe perseguir crear riqueza para poder repartirla entre los ciudadanos, para poder incrementar su bienestar. No nos interesa una sociedad rica en que la riqueza no se reparta. No nos interesa una sociedad en la que existan diferencias salariales que van de 1 a 1.000, como sucede en la actualidad en EEUU, pues de esas desigualdades derivan consecuencias indeseables: se incrementa el malestar de grandes sectores de la población conducidos a la marginalidad, la criminalidad crece hasta límites insospechados y la crispación social es creciente. No se quedan atrás las sociedades de Iberoamérica en que parecería que hay dos clases de seres humanos, unos muy ricos y otros muy pobres, viviendas lujosas rodeadas o salpicadas de infraviviendas miserables en que viven millones de personas: Caracas, México D.F., Bogotá, Sao Paulo y un largo etcétera.
Por fortuna en la Unión Europea es donde, pese a sus deficiencias, se practica en la actualidad el más avanzado estado de bienestar. Pero la crisis económica derivada del COVI-19 ha dejado heridas muy graves y por eso es necesario crecer más para poder reparar y repartir más. En todos los Estados de la Unión Europea rige el principio de igualdad y progresividad fiscal, sin que en caso alguno tenga carácter confiscatorio. Pero la política económica tiene que ser más ambiciosa, no puede quedarse en una política fiscal que en demasiadas ocasiones es injusta. En la Unión Europea con una presión fiscal de más del 40% del Producto Interior Bruto, los Estados dedican más del 50% de ese porcentaje a mantener el «estado de bienestar». Pero sin un crecimiento sostenido, equilibrado y eficiente los Estados europeos no podrán en las próximas décadas mantener los servicios públicos educativos, sanitarios, pensiones públicas y asistencia social.
Para que no se produzca un colapso de nuestras sociedades, cada vez más envejecidas, es necesario crear una atmósfera en que se ofrezca seguridad jurídica a los empresarios, que son los que crean empleo y riqueza, y una mayor sensibilización de la sociedad para que, lejos de demonizar a los que son empresarios de todos los niveles, se les reconozca su contribución al bienestar de todos: estimular a esos cientos de miles de empresarios existentes y animar a los jóvenes para que se decidan a iniciar la aventura empresarial, particularmente en los sectores tecnológicos. Es necesario crear riqueza porque en otro caso lo que puede suceder es que se reparta la pobreza, lo que conduce finalmente a que crezca la desigualdad y la falta de libertad. Son muchos los ejemplos de esas sociedades fallidas, o que se encaminan al desastre más absoluto. Ejemplo paradigmático es el de los Gobiernos chavistas de Venezuela que han dilapidado sus grandes riquezas naturales y conducido a millones de sus ciudadanos al exilio o a la pobreza extrema.
El Partido Popular se ha equivocado al exigir que la reconstrucción de nuestro tejido empresarial se encomiende a una comisión parlamentaria. Ese no es el escenario necesario en estos tiempos de globalización en que la reconstrucción exige coordinar la estrategia nacional con la estrategia europea. Y ese papel solo puede hacerlo el Gobierno central. Y muy en particular al Ministerio de Economía al que corresponde trazar (teniendo en cuenta a las Comunidades autónomas, partidos políticos, empresarios y sindicatos) una estrategia integrada por políticas de estímulo y reformas estructurales coordinadas con la Unión Europea. La intervención del Parlamento es indispensable, pero debe ser posterior, para ejercer el control que corresponde al representante del pueblo soberano.
