Estamos metidos en plena Reconstrucción. Los estragos del virus requieren de un acuerdo de amplio espectro que permita recuperar el pulso del país. De momento ya se han constituido comisiones de diferentes ramas que debatirán, y es de suponer tomarán acuerdos, sobre cómo impulsar la economía. Tengo para mí que en esas comisiones importará mucho encontrar las palabras a transmitir a la plebe. Presentar el paquete con el envoltorio sugerente siempre ha sido prioritario sobre el contenido. El presidente del Gobierno nos avanza que caminaremos hacia una «Justicia Fiscal». Aunque las cifras certifiquen que un trabajador medio o un autónomo necesita trabajar de enero a junio para pagar todo tipo de gabelas, o sea, necesita la mitad del año para servir a las arcas del patrón Estado, seguimos, según parece, lejos de una verdadera Justicia Fiscal, esa que ahora vamos a conseguir en el proceso de Reconstrucción. Uno lee Justicia Fiscal y no puede oponerse. ¿Puede oponerse la Oposición a un objetivo tan hermoso como el de la Justicia Fiscal? ¿Nos rebajarán meses de trabajo gratis para el Estado o aumentarán el porcentaje del IVA? ¿Ustedes qué creen? Un servidor, viendo la historia de la progresiva justicia fiscal concluye que seguirá progresando, o sea, que todos pagaremos más por aquí o por allá.

Mi padre, que va para centenario, ya ha sacado las cuentas y no le salen. En las tres calles que confluyen a la plaza donde crecimos, - las ha examinado mentalmente cada una de ellas- en esas tres calles no hay casa donde no ingresen, como mínimo, una o dos pagas del Estado. «Esto no tiene solución», afirma en su vieja sabiduría. Por eso es necesario impulsar una Justicia Fiscal que si en realidad lo fuera, debería caminar en sentido contrario al que acabará tomando. La deuda no para de crecer y para pagar hay que rebuscar en los bolsillos de la ciudadanía. Mejor que preparen su ánimo para nuevos sablazos a sus sueldos, sus ganancias, sus ahorros o sus propiedades.

La Reconstrucción no puede pasar por alto un debate sobre la educación. Es lo de siempre. Arden las tertulias sobre si el dinero debe llegar a la escuela concertada o sólo a la pública. Y salen los clichés ideologizados entre ricos y pobres. Si la educación concertada fuera de ricos, estaríamos en un país de ensueño. No es así, desde luego. La educación concertada realiza una función social de primer orden. La realizan órdenes religiosas o iniciativas laicas o incluso cooperativas. Una diputada canaria que suele aplicar sentido común ha pedido a los que proclaman lo público contra lo concertado que hagan el favor de salir de los despachos, visitar barriadas pobres donde los salesianos, por ejemplo, realizan una labor educativa con desheredados, inmigrantes€ La educación concertada en modo alguno es elitista. Las élites van a donde pagan ochocientos o mil euros mensuales, hablan inglés o alemán y sus niños se codean con los niños y niñas elitistas. Montilla, el ex-presidente de Catalunya llevaba sus hijos a la escuela alemana€ para que aprendiese la lengua de los líderes europeos. El catalán y el castellano e incluso el inglés ya lo tenían a mano. En Valencia también hay casos semejantes: hacen con sus hijos lo contrario de lo que predican en sus mítines. La diputada canaria les ha pedido que abran los ojos a la realidad y no se dejen llevar por sus manías. Eso, sin necesidad de apelar a un principio básico fundamental: la libertad. El padre, ese que paga religiosamente sus impuestos para mantener este tinglado, tiene derecho a la libertad de elección del centro educativo y el Estado debe proteger ese derecho, priorizarlo. El Estado no está para dirigir mentes ni conciencias, sino para garantizar la existencia de mensajes plurales. Durante demasiado tiempo dirigieron mentes y conciencias los poderes religiosos y civiles. No convirtamos al Estado en protector de una idea que no respete los derechos de otras ideas. Porque entonces no caminaremos hacia una Reconstrucción sino hacia el Hundimiento.