Cien días han transcurrido desde que se aprobara el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19, que contenía los principales objetivos y herramientas de lo que ha sido la mayor operación de rescate social de nuestra historia reciente. Gracias a ella hemos superado la fase más dura de la crisis sanitaria e iniciado la denominada nueva normalidad.
Es momento pues, de hacer balance y evaluación, tanto del impacto de la crisis sobre el empleo, como de las estrategias implementadas para su defensa y recuperación, la cobertura de las mismas y los retos de futuro que de todo ello se derivan.
Impacto. Las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia han tenido efectos traumáticos sobre la producción y el consumo, como reflejan todos los indicadores socioeconómicos, con una caída prevista del PIB de entre el 9 % y el 15 %, aumento del paro hasta el 20% (Banco de España) y de la tasa de pobreza al 27 % (Oxfam).
Especialmente duro ha resultado el impacto de la crisis sobre el empleo tanto asalariado (3,7 millones de trabajadores incluidos en ERTE) como autónomo (1,4 millones afectados por cese de actividad), lo que junto al colectivo de desempleados (3,8 millones), representa más de un tercio de la población activa de nuestro país.
Se trata, de efectos desigualmente repartidos, tanto territorial como sectorialmente, en función de la tipología de empresas y sistema productivo, modalidad contractual y mayor o menor especialización en actividades terciarias más influidas por la distancia social como la hostelería y el comercio, cuyo empleo se redujo en un 85 y 35 por cien, respectivamente, entre abril y mayo, en proporción muy superior a la media.
La crisis sanitaria del covid 19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro tejido productivo. El extraordinario proceso de regulación de empleo que hemos vivido en estos últimos tres meses, se ha sustanciado en un 98 % en empresas de menos de 50 trabajadores y el 90% en empresas de menos de 10, siendo el 86% de éstas y el 69% de los trabajadores afectados, pertenecientes al sector servicios, mientras que el 8 % de las empresas y el 26 % de trabajadores lo son de la industria.
La Comunitat Valenciana se ha visto especialmente afectada debido a la mayor concentración del empleo en hostelería-turismo y comercio (33%, cuatro puntos más que la media nacional) y modalidades contractuales precarias (28% de empleo temporal y 15% de indefinidos de corta duración), como acredita el estudio del IVIE para la Generalitat
Los expedientes de regulación temporal de empleo han sido la respuesta social ante la prioridad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y han servido y siguen haciéndolo en la actualidad como dique de contención ante el cese de la actividad que supuso la declaración del estado de alarma y sus consecuencias.
Se trata de un mecanismo de flexibilidad interna que se ha demostrado doblemente útil, operando de amortiguador social y salvaguarda del empleo en la fase ascendente de la crisis y como instrumento funcional para la recuperación de la actividad económica ahora.
Durante los tres meses del estado de alarma, fueron 430.564 los trabajadores valencianos afectados por ERTE, un 23% más que todos los registrados entre 2008 y 2019.
Estrategias. El objetivo común era evitar primero una destrucción estructural del empleo, manteniendo el capital humano disponible, para facilitar después la recuperación de la actividad productiva, implementando a tal efecto ayudas a empresas (créditos ICO, exenciones fiscales y a la Seguridad Social), autónomos (transferencias por cese de actividad), trabajadores asalariados (prestaciones por ERTE) y desempleados (subsidios de paro), con especial atención a los colectivos más desprotegidos (trabajo doméstico, agrario, discontinuo€) y vulnerables (Ingreso Mínimo Vital).
Pese a las dramáticas características del contexto se estaría demostrando en la práctica que es posible otra forma de gestionar las crisis, en función tanto de la metodología utilizada (diálogo social/imposición gubernamental) como de las estrategias desarrolladas (prestaciones/recortes) y efectos resultantes (protección/desigualdad)
El diálogo social ha operado como un elemento central de gobernanza de la crisis, potenciando la corresponsabilidad de las partes y un reparto más equitativo de los costes, tanto en la primera fase del ciclo como en la actual desescalada, como demuestra el reciente II Acuerdo Social en Defensa del Empleo (ASDE) negociado entre el gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos CC.OO. y UGT y posteriormente regulado como Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, por el que se diseñan medidas de reactivación del empleo, protección del trabajo autónomo y competitividad industrial.
Se establece así una pasarela que desplaza los ERTE por fuerza mayor a la regulación temporal del empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP), fijando las reglas que favorecen la salida de trabajadores del ERTE con el contrato de trabajo en suspensión, incentivando mediante exenciones parciales de las cotizaciones a la seguridad social a las empresas que los vayan reasumiendo en sus plantillas, primando los ajustes a través de la reducción de jornada.
Hay que destacar lo previsto ante la contingencia en caso de rebrote del virus, con la formulación de nuevos expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor. Las empresas y entidades que vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que se impongan en alguno de sus centros de trabajo, podrán acogerse, previa la correspondiente autorización, a los beneficios de un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor.
Cobertura. Durante el pasado mes, una tercera parte de la población activa de la Comunidad Valenciana recibió algún tipo de prestación social, gestionada tanto por el SEPE (648.442 trabajadores por ERTE o desempleo) como por Labora (166.495 autónomos), por un importe total de 665 millones de euros, lo que evidencia tanto la magnitud de la crisis como el esfuerzo de solidaridad social desplegado.
Por su parte, hasta el 15 de junio se habían aprobado 63.754 operaciones por parte del ICO, que afectan a 44.187 empresas valencianas, por un importe avalado de 5.802 millones de euros y una financiación total de 7.509 millones.
Se trata, en ambos casos, de medidas orientadas a facilitar la reactivación de la actividad productiva y recuperación del empleo, proceso que se habría iniciado tímidamente en la segunda quincena de mayo y alcanzado mayor velocidad tras el fin del estado de alarma. Hasta el momento, serían aproximadamente 210.000 los trabajadores rescatados de ERTE y reincorporados ya al empleo, sobre todo en la industria y la construcción aunque en menor medida, por el momento, en los servicios. La prórroga hasta el 30 de setiembre de la vigencia de los ERTE y los mecanismos de transición a ETOP tienen por objeto facilitar dicho proceso, en la confianza de una reactivación económica a partir del último trimestre del año, como prevé el Plan de Reconstrucción actualmente en fase de debate parlamentario.
Reconstrucción. La Comunitat Valenciana necesita fortalecer su tejido productivo para crecer y crear empleo sólido, promoviendo que las empresas sean más fuertes, organizativa, tecnológica, y financieramente, y de ese modo tengan más capacidad de recuperación en circunstancias difíciles como la que hemos vivido y estamos viviendo.
El escenario económico/productivo y de regulación laboral post Covid-19 nos plantea nuevas formas de producir, trabajar y vender a las que las empresas tendrán que adaptarse a través de un necesario proceso de transformación. Muchas de ellas deberán replantear su modelo de negocio para hacerlas más flexibles y adaptadas a la gestión del cambio, reforzando su capacidad de enfrentar riesgos, impulsar sus capacidades digitales, sus sistemas de teletrabajo y sus planes de continuidad.
