Bien me quieres, bien te quiero€ No me toques el dinero». Con esta frase, que he tomado prestada de una canción de Serrat se podría resumir el verdadero debate que respecto de la salida de esta crisis se va a producir. Las coincidencias en las expresiones de buena voluntad son casi unánimes entre los actores políticos así como entre nosotros y la patronal: hay que reforzar la sanidad, es determinante la educación y la formación de los trabajadores y de los empresarios, hay que luchar contra la economía sumergida, la prevención de riesgos laborales es imprescindible, hay que salvar a las empresas y la actividad económica, así como sostener las rentas de las personas trabajadoras y autónomos, la I+D+i es lo que necesitamos también para la lucha contra el cambio climático, aunque ¡oh sorpresa! nunca encontramos ni los recursos ni el momento.
Para todo ello se han puesto en marcha los ERTE con prestaciones extraordinarias para evitar que se conviertan en ERE manteniendo el empleo suspendido, se han reconocido ceses de actividad a más de un millón de trabajadores autónomos, se ha inyectado crédito a miles de empresas mediante avales del Estado, se ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, se han destinado 16.000 millones de euros adicionales a las Comunidades Autónomas para atender sus gastos extraordinarios y pagar a sus proveedores en tiempo y forma, se demanda de Europa un paquete de estímulo y recuperación económica estimado en 750.000 millones de euros y el BCE compra deuda pública y privada al ritmo que las circunstancias exigen.
La consecuencia es un aumento del déficit y de la deuda pública, que afortunadamente resulta posible porque estamos en la Unión Europea, ya que de otro modo tendríamos cerrados los mercados como nos sucedió en la crisis del 2008, y que habrá que reducir y devolver respectivamente.
Y esta es la cuestión: ¿cómo reducimos el déficit y amortizamos la deuda? Porque a la unanimidad sobre el incremento del gasto le suceden las discrepancias sobre la posterior e imprescindible necesidad de cuadrar las cuentas.
Cómo se resolvió la crisis del 2008, aunque realmente no se resolvió nada pues aumentaron los índices de pobreza y desigualdad, ya lo sabemos: reforma laboral, recortes en sanidad, educación y servicios sociales, recortes en el sistema de pensiones y un aumento de la tributación impuesta por la Unión Europea que el PP, en el Gobierno entonces, no tuvo más remedio que aceptar para obtener el rescate a la banca, pero que inmediatamente después bajó incumpliendo los compromisos de reducción del déficit adquiridos. En gran medida ese achicamiento del Estado explica las dificultades que hemos padecido para atender desde la sanidad pública la crisis de la covid-19 con solvencia, así como el drama de las residencias.
En esta ocasión no puede ser igual. Si la enseñanza fundamental de esta pandemia es que el Estado es la expresión de la solidaridad, que todos necesitamos de todos para mantener nuestro tejido productivo, el empleo y nuestras posibilidades de crecimiento incorporando formación, innovación y valor añadido a cuanto producimos, la solución no puede ser ajustar déficit y deuda recortado el Estado de bienestar, las inversión en infraestructuras o en ciencia. Tampoco manteniendo una reforma laboral que devalúa salarios y precariza el empleo. Por eso resulta mezquino pretender condicionar las ayudas de la UE a que se perpetúe esa reforma impuesta contra el diálogo social.
Ni siquiera es aceptable una solución combinada de aumento de impuestos y recortes. Cuando pase la crisis, que pasará, y volvamos al crecimiento con el mayor mantenimiento del empleo posible, gracias al enorme esfuerzo en gasto e inversión pública, será el momento de gravar la renta, el beneficio y la riqueza de acuerdo con la justicia fiscal y la proporcionalidad que proclama la Constitución Española. Que han de pagar más quienes más tienen es un principio básico, pero decir la verdad exige reconocer que no basta con un impuesto a las grandes fortunas.
Quienes hoy reclaman más ayudas públicas con la urgencia y la alarma de un SOS no pueden desentenderse después con el argumento de que ellos son los que crean el empleo y eso lo merece y justifica todo, como si en vez de producir bienes y servicios produjesen empleos, porque para la iniciativa privada el empleo es un medio, no un fin.
Tendrán que decirnos dónde hay que recortar. ¿En sanidad? ¿En educación? ¿En pensiones? No basta con decir que hay que ser más eficientes en el gasto, y habrá que serlo, ni que la política y las estructuras que organizan nuestro entramado democrático son caras, porque no lo son. Tan demagógico como apuntar la solución únicamente a un impuesto sobre las grandes fortunas es poner el acento en los gastos «superfluos» de la Administración, aunque bastante más mezquino porque esconde la voluntad de recortes, y los recortes son impuestos a los que menos tienen.
En cuantas mesas para la reconstrucción, la nueva normalidad o como se le quiera dar en llamar al esfuerzo por trabajar unidos estamos y estaremos, pero más pronto que tarde tendremos que abordar el quid de la cuestión: «bien me quieres, bien te quiero€»
¡Ah, que nunca se nos olvide! Necesitamos ya un nuevo sistema de financiación de las Autonomías para que los valencianos y valencianas dispongamos de los mismos servicios y oportunidades que el resto de los españoles.
