Mucho se ha insistido en destacar cómo, cuando nuestra economía afronta una situación de shock, el empleo sufre de manera muy profunda sus efectos en forma de despidos, cierres de empresas, aumento del desempleo y procesos de regulación de empleo como demostración de la extrema precariedad del mercado de trabajo. Es algo que hemos observado en crisis económicas anteriores, que vimos con particular crudeza a lo largo de los años de la Gran Recesión, en la pasada década, y que vemos ahora también repetirse, aunque de manera mucho más atenuada por el efecto amortiguador que están teniendo los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) puestos en marcha por este gobierno.
Sin embargo, muy poco se ha hablado de otro efecto no menos visible y dramático que se desencadena automáticamente en nuestra sociedad cuando atraviesa una situación de crisis como la que ahora se ha desatado por el efecto del coronavirus. Hablamos de los cientos de miles de personas que, en ciudades y municipios, salen a la calle para acudir a organizaciones solidarias y caritativas en busca de alimentos con los que poder comer. Es algo habitual desde hace décadas, atendido por la caridad institucionalizada, comedores sociales, bancos de alimentos y numerosas redes espontáneas de solidaridad. Adquirió especial crudeza a lo largo de los años de dura crisis financiera vivida en España a partir de 2008, pero que hemos visto renacer con inusitada fuerza desde el inicio del estado de alarma, a raíz de la extensión de la pandemia del covid-19.
No hay duda del importante papel que estas entidades sociales y ciudadanas que trabajan para alimentar y dar comida a un volumen tan importante de personas vienen llevando a cabo. Sin embargo, en muchos casos se han convertido en los diques de contención de un sistema social incapaz de dar respuesta a una necesidad fundamental de las personas, sustituyendo así los derechos por caridad. Y es que el derecho a la alimentación desborda el problema del acceso a alimentos, para extenderse a situaciones que afectan a la salud, la soberanía alimentaria del conjunto de la población, así como el acceso y la distribución de comida, sin olvidar la producción agropecuaria y el medio ambiente.
Según el informe Foessa 2019, de Cáritas, la pobreza afectaba de manera severa al 5,4% de toda la población y de forma moderada al 8,1%, totalizando así un 13,5% de personas en España que padecerían alguna forma de insolvencia alimentaria y problemas relacionados con mala alimentación. De ellos, un millón de personas recurrían habitualmente antes de la crisis generada por el coronavirus a la ayuda alimentaria ofrecida por diferentes organizaciones filantrópicas y de caridad, abastecidas fundamentalmente mediante los suministros ofrecidos por el FEGA (Fondo Europeo de Garantía Agraria). Ahora bien, todos los datos demuestran que estas cifras han aumentado notablemente a partir de la declaración del estado de alarma y la crisis económica y sanitaria desencadenada desde marzo.
Pobreza, crisis económica y sanitaria e insolvencia alimentaria van de la mano, exigiendo mucho más que buena voluntad para afrontarlo y ofrecer las necesarias respuestas. Sin duda, el IMV (Ingreso Mínimo Vital), puesto en marcha a raíz de la crisis del coronavirus, va a aliviar la situación de miles de familias vulnerables, que dejarán de depender exclusivamente de la entrega de alimentos por las entidades sociales. Pero la gravedad de la situación que atravesamos y su incierto horizonte, plantea la necesidad de abordar el derecho a la alimentación, en línea con lo expuesto en la observación general número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en lo referido a la responsabilidad de los estados en la alimentación de sus ciudadanos.
En el año 2019 se planteó la primera iniciativa legislativa para promover una "Ley de garantía del derecho a la alimentación", presentada ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid por cinco ayuntamientos madrileños a instancias de la Carta contra el Hambre, en la que trabajé, si bien finalmente no prosperó por los votos en contra del PP y Ciudadanos. Fruto de esta experiencia, en el nuevo escenario político, ante la emergencia social planteada y con el aprendizaje de estos años, diferentes personas y organizaciones hemos puesto en marcha un grupo de trabajo para plantear la tramitación y aprobación de una "Ley del Derecho a la Alimentación", un texto legal que oriente la acción política en lo relativo a la situación alimentaria del país, desde de una valorización ética de la justicia alimentaria, haciendo explícito para la ciudadanía la garantía al derecho a la alimentación.
Una "Ley del Derecho a la Alimentación" abarcaría una gran amplitud temática, en cuestiones como la respuesta a crisis alimentarias originadas por factores imprevisibles, la garantía en el acceso a alimentos básicos y su distribución para los sectores más vulnerables, la producción de alimentos saludables medioambientalmente sostenibles, la protección frente a dinámicas especulativas o de abuso frente a productores y agricultores, sin olvidar la educación nutricional y la promoción de un consumo adecuado, junto al apoyo a mercados alimentarios locales y de cercanía.
Organizaciones y especialistas que impulsamos este proceso consideramos que el momento es particularmente adecuado para materializar una ley que se ha hecho más que necesaria.
