La legislación territorial y urbanística establecen las formas de ocupación del suelo y los parámetros de la edificación encontrando en todas ellas la remisión de competencias legislativas a los órganos urbanísticos para que mediante sus Planes Generales puedan responder a sus mandatos de la forma más adecuada a las características de los municipios y utilizar la discrecional legislativa y planificadora en pro del bien público y la utilidad social. Una vez estos planes han sido aprobados ya tenemos la Ley aplicable a cada caso concreto.

Los Tribunales han debido intervenir con una frecuencia que, en estos casos siempre es excesiva, en persecución de los delitos cometidos por políticos o funcionarios, ya sea en casos de evasión fiscal, financiación indebida, malversación o desvío de fondos e incluso por omitir el jus in vigilandi en el ejerccio de las competencias; incluídos los grandes eventos en nuestra Comunidad que nos reportaron unas horas de gloria y muchos años de endeudamiento.

El Código Penal ha pasado de puntilas sobre los delitos de los políticos y funcionarios, como algo excepcional, porque se parte de la confianza en la función pública a la que se han atribuido potestades de autocorrección mediante procedimientos de investigación interna de los que puede deducirse la comisión de un acto criminal o una mera falta administrativa que previo expediente disciplinario implicará las medidas sancionadoras de índole personal y, en todo caso, el resarcimiento de los perjuicios económicos producidos. La Ley procedimental se refiere a las responsabilidades en un sentido competencial, pero es en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público en que aborda frontalmente esta cuestión previendo que los daños que se ocasionen a las arcas públicas se repercurtan en las personas que hayan intervenido en su producción según su grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con el daño por haber incurrido en dolo, culpa o negligencia grave.

Estos daños lo son tanto por detraer cantidades como por no ingresar las debidas, con la diferencia de que aquellas pueden contabilizarse mientras que estas, además, conllevan otros perjuicios sociales tan ciertos como difícilmente evaluables y se producen cuando a causa del funcionamiento anormal de la Administración se impide el desarrollo económico de la sociedad y la pérdida de empleos.

Entendimos el Pacto del Botánico como un acuerdo de contenido político del que surgirían las directrices comunes para todos los Partidos firmantes que constituirían el nuevo Gobierno pero comprobamos que dos años después se ha convertido en una reparto de poltronas desde la que cada cual ejerce su poder prescindiendo del resto y si es necesario en su contra, por lo que nos preguntamos en qué Barataria vivimos y qué Sancho Panza nos gobierna.

Por una parte, el Presidente Puig reclama la creación de puestos de trabajo y es de suponer que la Generalidad o el Ayuntamiento que no pueden ni deben obviar esta necesidad establecerán los mecanismos adecuados para fomentar el empleo para lo que es necesario, en primer lugar, la celeridad en los procedimientos ya que, como no todo vale, las iniciativas han de someterse a un control previo del que se derivará la bondad de la propuesta. Pero es todo lo contrario. Nuestra Administración no funciona por causas varias siendo la primera la suplantación que han hecho los políticos de las tareas de los funcionarios y porque la mayor parte de puestos de trabajo se han cubierto sin pruebas de acceso ni carrera determinante de conocimientos y experiencia para dirigir la mayor empresa del Estado que es, en sus distintas áreas, la Administración pública. Cualquier particular, pequeño o mediano empresario que plantea una iniciativa se encuentra con toda suerte de obstáculos y tan largas esperas que la mayor parte cejan en su empeño. Solo algunos tienen capacidad económica para enfrentarse a las negativas y conseguir sentencias favorables que viabilizan sus pretensiones pero traen consigo el pago de indemnizaciones y costas judiciales que merman los presupuestos. En el resto de los casos se impiden los ingresos por tasas e impuestos que correspondan y, sobre todo, la creación de empleo por cuya causa los trabajadores que podían ganarse dignamente su pan tendrán que recurrir a solicitar la renta mínima, versión moderna de la sopa boba, que también pagaremos entre todos aunque en este caso gustosamente. Las industrias no vienen por las prácticas administrativas disuasorias y corremos el riesgo de perder las que teníamos. ¿Que ocurriría si la Ford busca otro emlazamiento?

El Alcalde de Valencia ha tachado nuestro Plan General de especulativo. Error dimanente de la ignorancia y el sectarismo, porque el aprovechamiento previsto en nuestro planeamiento responde a una ciudad creciente que necesita espacio y economizar en el suministro de las instalaciones y servicios urbanísticos, y no una urbanización con alamedas para paseantes ociosos ni un tablero sobre el que trazar las nuevas vías pecuarias por las que transitaremos como ganado para que las bicicletas y patinetes utilicen como autopistas sus propios y mal señalizados carriles y, si quiere modificarlo, por el principio de equidistribución, que sea a costa de los beneficiados.

¿Alguien de la Administración ha analizado el origen de los daños, señalado al causante o determinado su nivel de responsabilidad? No, que sepamos. Impera el hoy por ti, mañana por mí y esto ha de acabarse.

La Constitución impone que todos contribuyamos a las necesidades públicas pero jamás que estemos aquí para afrontar económicamente las arbitrariedades ni los antojos. En un Estado de Derecho las autoridades han de asumir sus culpas y sus responsabilidades desde el momento en que se produzcan. No se puede esperar a que pasen cuatro años para que rindan cuentas porque el tiempo perdido no se recupera.

El Presidente Puig ha de dar un giro definitivo al timón aunque se rompa el Pacto de Botánico, que ha sido un lastre muy pesado de soportar para su Gobierno. Y el Sr. Alcalde, dejar de jugar con nuestro suelo y nuestros destinos urbanos y cesar de una vez por todas al Sr. Grezzi, que no sabemos por qué vino pero conocemos su incompatibilidad con la ciudadanía, no sin antes exigirle lo que corresponda como presidente de una sociedad estafada por medios telemáticos de cuyo funcionamiento, al parecer, ni se enteraba. Hay demasiados problemas reales para incrementarlos con los evitables.