El recién aprobado acuerdo entre los líderes de la UE para dar respuesta a la crisis del Covid-19, ha venido marcado en España, no tanto por sus implicaciones y fines concretos, si no por nuestra coyuntura partidista. La incomodidad de la derecha ante el pacto, defendiendo ceder soberanía a Holanda y otros paraísos fiscales europeos para que obligaran a nuestro país a hacer reformas contrarias a la mayoría social, los ha llevado a un error insólito que ahora tratan de remediar desde reivindicar su autoría hasta hablar de «rescate». El gobierno, por su parte, está cayendo en cierta euforia y sobreactuación sobre el resultado. Es evidente que el acuerdo no es un «rescate» como en 2008, salvando bancos a costa de recortes y austeridad, pero tampoco es un giro completo de timón ni se aproxima a lo establecido como necesario para resolver la situación, según cálculos de la propia UE.
Este papel de Holanda no es precisamente nuevo, sino que supone la defensa de una UE con un euro que les beneficia, una fiscalidad que les conviene y una división del trabajo que les es favorable. Tampoco es nuevo que estas posturas sean defendidas de manera aguerrida por nuestras élites «patrióticas», aún cuando nos condenen.
El acuerdo es importante porque ha evitado el final de un proyecto europeo cada vez más discutido y con menos peso en el marco global. Está por ver si esta UE desfavorable a los derechos de sus periferias es capaz de ser reformada una vez rechazada la armonización fiscal o impuestos a las grandes fortunas, pero la creación de deuda común y la política de transferencias son, sin duda alguna, un paso positivo y una novedad.
Lo fundamental ahora es qué se hace con ese dinero. En primer lugar, si existe la exigencia o no de «reformas» vinculadas a los fondos. El problema es que lo que nuestros sectores económicos y parte de la UE han entendido por «reformas» históricamente ha sido privatizaciones y desregulación y precariedad laboral. Porque, por supuesto que el país necesita reformas y bastante profundas, pero no las que piden dichos sectores y la derecha europea, ya ejecutadas en nuestro país y que se han demostrado fracasadas. Sí reformas vinculadas a una modernización y descarbonización de nuestro modelo productivo y el desarrollo de nuestro estado del bienestar. Cuestiones que aparecen en las «recomendaciones» a nuestro país por la comisión, pero que bien pueden complementarse con «las habituales», a tenor de la inercia y el sesgo ideológico que ha venido dominando la UE.
Sobre la inercia, el acuerdo coincide, en segundo lugar, con las resoluciones de varias «comisiones de reconstrucción» que se han dado como setas a diferentes niveles (estatal, autonómico y local), con mayor o menor éxito (y utilidad). Comisiones donde, a menudo, la supuesta búsqueda de consenso por el «interés general» se convierte en treta partidista, en un bloqueo para no tomar medidas que solucionen nuestros problemas o en seguir alimentando exactamente las mismas recetas que nos han traído hasta aquí, cuando no radicalizarlas. Y no hay duda de que es necesario apoyar lo existente (algo que ya se está haciendo con flexibilización de medidas sanitarias aún durante una pandemia y fondos públicos) pero, sobre todo, transformarlo.
La economía española, y dentro de ella la valenciana, centrada en la construcción y el turismo, arrastra problemas tanto de valor añadido, como de competición vía precios, coste de recursos naturales y vulnerabilidad a las crisis. Somos enormemente dependientes, del territorio (un recurso cada vez más escaso), del suelo, del agua, de lo que ocurra fuera de nuestras fronteras y de los ciclos económicos. Como una muñeca rusa, esto se reproduce con mayor intensidad y peores datos en Alicante y comarcas como las marinas o la Vega Baja. Recordamos que hace menos de un año (parece un siglo) fue la DANA, ahora es el Covid-19, pero la situación ya era estructuralmente negativa en datos como renta, temporalidad, economía sumergida y paro.
Escuchando a algunas fuerzas políticas y algunos sectores patronales, lo que parecen pedir en un periodo de crisis múltiple (sanitaria, económica y ambiental) que vuelve a poner sobre la mesa nuestra vulnerabilidad, es continuar profundizado en las debilidades de nuestra economía y la desigualdad de nuestro sistema de impuestos, cuando lo que necesitamos es recaudar más equitativamente (no a las clases medias y bajas mientras se bonifica a las altas) e invertir mejor, en sectores con mayor retorno social y menor dependencia del entorno. Creando puestos de trabajo de mayor calidad y sostenibilidad, algo en lo que hace hincapié la propia UE.
No podemos seguir ciegamente los dogmas de una inercia institucional y económica, reparando infraestructuras que el mar volverá a llevarse, promoviendo campos de golf mientras diluvia y construyendo casas mientras seguimos siendo el país de Europa con más vivienda vacía. Debemos diversificar y adaptar nuestro modelo, fortaleciendo y modernizando nuestra industria y ampliando espacios del estado del bienestar, para esta crisis y para las venideras. Y para esto hacen falta decisiones e inversiones, tanto privadas como, fundamentalmente, públicas. Ya ni los más creyentes en el mercado discuten la necesaria intervención del Estado, que algunos denuncian cuando las cosas les van bien pero exigen a su favor cuando las cosas les van mal; necesitamos inversiones públicas en sectores estratégicos que reporten beneficios colectivos, no individuales.
El acuerdo europeo tiene claroscuros aprovechables y rompe con algunos dogmas de la UE, pero aún debe oponerse a una inercia de austeridad y una estructura que nos ha determinado como su «resort lowcost» de fiesta, sol y playa. Nos toca aprovechar sus puntos más claros y romper con algunos de los nuestros.
