Después de muchos tiras y aflojas, estos días se alcanzaba, por fin, en el seno de la Unión Europea el histórico acuerdo para la creación del fondo europeo de recuperación, el cual -no nos engañemos- no hubiese resultado posible sin el apoyo decidido a los países del sur de la «conservadora» Merkel y del «liberal» Macron.

A la espera de su ratificación por parte del Parlamento Europeo y de los diferentes parlamentos nacionales, la cuantía total del fondo ascenderá a un montante total de 750.000 millones de euros: 390.000 millones en forma de subvenciones a fondo perdido, y 360.000 millones en forma de préstamos a largo plazo.

El acuerdo, además de resultar muy beneficioso para España (no en vano nuestro país, después de Italia, será el mayor receptor del fondo) consolida y refuerza el proyecto común europeo sustentado en el principio de solidaridad como uno de sus grandes pilares fundamentales.

Sin lugar a dudas, nuestro país necesita como nadie estos fondos. La actual coyuntura económica provocada por la pandemia del COVID-19 dibuja un panorama preocupante, con un Producto Interior Bruto en caída libre, y con una Tasa de Paro real (si contamos los trabajadores en situación de ERTE y los autónomos en situación de cese de actividad) superando ya el 30%. Situación si cabe todavía más preocupante en el caso de la ciudad de Valencia, donde la tasa de paro se ha disparado más de 4 puntos por encima de la media nacional.

Ante este panorama, resulta prioritario destinar una buena parte de los fondos europeos a cubrir necesidades urgentes como el reforzamiento de nuestro sistema sanitario o el mantenimiento e incremento de ayudas a trabajadores desempleados y autónomos en situación de cese de actividad. Resultando también de vital importancia la implementación de medidas ambiciosas de reactivación económica, especialmente dirigidas a nuestros autónomos y pymes como verdadera columna vertebral de nuestra economía.

Pero además de atender las situaciones de emergencia originadas como consecuencia de la pandemia, debemos aprovechar esta oportunidad para salir fortalecidos a través de la aceleración de diversas reformas estructurales eternamente pendientes. Entre otras, tenemos que abordar la problemática de la baja productividad de nuestra economía situada a gran distancia de países como Alemania o Francia. Ligado a lo anterior, se necesita una apuesta clara por la innovación y el desarrollo, donde nuestro país vuelve a situarse en esta materia a la cola de las economías desarrolladas, sobre todo en lo relativo a la inversión de la Administración en innovación empresarial.

Otra reforma que considero imprescindible es la de la administración de Justicia. No es de recibo que en un Estado de Derecho avanzado como el nuestro se tarden cuatro o cinco años en resolver un procedimiento jurisdiccional, desde el momento en que se presenta la demanda hasta que se resuelve el último de los recursos. Y es que, de este modo, estamos incumpliendo un precepto constitucional básico en cualquier democracia como es el «derecho a la tutela judicial efectiva» establecido en el artículo 24.1 de nuestra Carta Magna. Y por último, necesitamos acometer una verdadera modernización de la Administración para evitar situaciones como las de la ciudad de Valencia, donde en plena era digital seguimos encontrando largas colas de personas esperando realizar gestiones relacionadas con diversos servicios municipales.