Aparecen en nuestro diccionario palabras similares que pasean por hemisferios antagónicos. Cuando se habla de «trato», estamos próximos a una negociación razonable entre personas. El buen trato suele significar algo próximo a la amistad, reglas de comportamiento y educación cívica; al contrario que el mal trato. Si utilizamos esta última como palabra única, estaremos más próximos al abuso que desde posiciones de privilegio se realiza injustificadamente sobre otra persona en cualquiera de los ámbitos de la vida social.
Sin embargo, cuando feminizamos el sustantivo y nos referimos a «trata», nos asomamos peligrosamente a comportamientos inadmisibles, en los que la clave se encuentra en la falta de consentimiento o su obtención mediante el engaño, la amenaza, la fuerza o cualquier forma de coacción. La trata, pues, se refiere al traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de un país o al exterior con fines de explotación, mayoritariamente vinculada con la explotación sexual (53 %), el trabajo forzoso (el 40 %) u otras finalidades (7 %), entre las que se encuentran la extracción de órganos o los niños soldado, según datos ofrecidos por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Costó darse cuenta de la importancia de tan grave atentado contra los derechos de las personas, su libertad y su integridad, personal o sexual, pero finalmente la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013 decidió elaborar un Plan de Acción mundial y designó el 30 julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. El reconocimiento y la importancia de comportamientos como los que integran la trata de personas han justificado que la primera víctima de trata en ser Embajadora de Buena Voluntad de Naciones Unidas, Nadia Murad, recibiera el Premio Nobel de la Paz en 2018, liderando la acción internacional para acabar con la trata y la violencia sexual en los conflictos.
No es casualidad la feminización del término, pues los datos disponibles permiten confirmar que el 49 % de las víctimas son mujeres y el 21 % niñas.
La falta de consentimiento y la finalidad de explotación persistente de las víctimas para generar ganancias ilegales a los traficantes, aun pudiendo ser un delito transnacional, a menudo implica a delincuentes nacionales y afecta al traslado dentro del mismo país con los mismos objetivos.
No es, por tanto, ajena a nuestra realidad cotidiana. Se ha incrementado significativamente el número de personas investigadas y penalmente sancionadas con arreglo a nuestro código penal (artículo 177 bis), pero siguen faltando acciones claves para combatirla, vinculadas con la prevención -campañas de sensibilización y colaboración entre la sociedad civil y los responsables gubernamentales-; la protección -capacitación de funcionarios policiales, fiscales, defensores y jueces, así como perfeccionamiento de los sistemas de protección de víctimas y testigos para garantizar la seguridad y privacidad de aquellas-; y la sanción -fortalecimiento de los sistemas judiciales en todos los países para conseguir la adaptación de las legislaciones nacionales a las distintas formas de trata, la aplicación garantista de la ley y el compromiso de los gobiernos de los países del Sur-. Todas ellas integran el conjunto de acciones aún pendientes de desarrollar, a pesar de que en la Declaración de Nueva York (19/09/2016) todos los países se comprometieron a cumplir 19 puntos centrados en el combate a la trata de personas y al contrabando de inmigrantes, y que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se han convertido en el gran Pacto Mundial para el 2030, se incluyan metas claras para prevenir el abuso y la explotación, contra mujeres y niños, erradicar el trabajo forzoso y la mano de obra infantil.
El compromiso de Fundación por la Justicia lo queremos concretar en el ambicioso Programa «Benvingudes», que acoja, alimente, forme, ofrezca alternativas y trabajo al grupo de mujeres y sus hijos, que, víctimas de trata, la mayor parte refugiadas, podamos atender en la Masía que nos ha sido cedida al efecto por la generosidad y sensibilidad de su propietaria.
Erradicar cualquier tipo de agresión contra el libre consentimiento en el desplazamiento de personas y en la prestación de servicios laborales, sexuales, domésticos o de cualquier clase, excluyendo en todo caso a los menores, se convierte en nuestra aspiración y un compromiso esencial de cualquiera que sueñe con sobrevivir dignamente en el universo de los derechos de todos.
