Asistimos a una aparente polémica (no sé si forzada o no) que considero de extrema gravedad. Se comienza revisando actuaciones que presuntamente son de dudosa honradez y se acaba planteando nada menos que un referéndum sobre monarquía o república. El debate es tan interesante como peligroso, por lo que requiere de alguna aclaración que, por supuesto no se ha hecho para la opinión pública pero que dudo, incluso, que quienes lo han iniciado conozcan exactamente de lo que hablan; salvo que eso sea lo que menos les importa con tal de acabar socavando (¿también?) la más alta institución del Estado; por cierto, prácticamente la única que aún no ha sido más o menos degradada como ha ocurrido con otras también importantes.

Aclaro de entrada que esta es una reflexión política o constitucional y no estrictamente jurídico penal que habrán de formular penalistas y sobre todo el Tribunal Supremo (con serias dificultades derivadas de la L.O. 4/2014).

En efecto, es que, por si lo ignoran quienes se divierten con estas cosas que son tan importantes como las de comer, de lo que hablamos es de Estado español y de su jefatural (en realidad, de su representación). No se trata del rey (creo que unánimemente considerado hasta ahora impoluto y más que honesto, ejemplar, donde los haya), ni de dinastías, ni otras historias tan mal traídas cuando no procede. Se trata del jefe del Estado. El rey no es inviolable e irresponsable por ser rey, sino por ser jefe del Estado. Quiero decir con ello que igualmente sería institucionalmente inviolable e irresponsable un jefe de Estado republicano. Como, dicho sea de paso, en el ejercicio de sus funciones lo son los parlamentarios. La interpretación de la inviolabilidad e inmunidad varía ostensiblemente en uno u otro caso, pero en ambos coincide la protección de la institución más que la de la persona.

He leído estos días una serie de epítetos sobre los monarcas (queriendo ampliar la supuesta actuación de un caso o persona a toda familia real, la parte por el todo) que estaría bien leer en forma impersonal y a ello invito a los lectores. Si cuando aparecen tan exageradas noticias (en realidad, opiniones) tacháramos el nombre sobre quien recaen, haríamos una lectura del texto e iríamos asintiendo repetidamente solo con pensar que se refieren a algunos políticos (bastantes, lamentablemente, y no porque lo sean la mayoría, sino porque, siendo tantos, hasta es normal que quepa contabilizar la corrupción en algunas docenas). Hablando de docenas, no sé si la familia Pujol Ferrusola la cumple, pero por ahí debe ir, por la docena, pero bien organizada y estructurada, como un árbol genealógico. Me parece terrible que apenas se hable de esto, que está siendo «definido» y «tabulado» por los jueces, y no se espere en el caso del rey emérito a que algún juez diga ni mu. Si es que puede, claro, porque como un gran amigo dice, la inviolabilidad es como el embarazo, lo hay o no lo hay.

Volvamos a la lectura de las opiniones que hoy se exhiben, ahora sin nombres tapados. La conclusión inequívoca a la que podríamos llegar es que el rey emérito supuestamente ha actuado como un político más, o como un empresario con mucho estómago, o como persona, en última instancia, con debilidades impropias de la alta institución que representa. De ser así se acabará viendo cuántos de cada clase de las mencionadas han contribuido, colaborado o propiciado acciones que dudo por sí solo pueda llevar a cabo un monarca parlamentario (como monarca, porque no es nombre desconocido ni que pueda fácilmente pasar desapercibido; como jefe de Estado parlamentario porque sus poderes efectivos son nulos, y es conocida la continua presencia de quienes de un modo u otro le han de refrendar).

Y eso es lo grave, que un rey haya actuado supuestamente como un político. Y lo que es peor, que se pretenda como más conveniente una república en la que la representación no la ostente un monarca, sino un político. Cierto que hay personalidades excepcionales que podrían representar al Estado, pero para llegar a eso a este país le faltan no solo lustros y décadas, sino, como dicen ahora, «lo siguiente». ¿Quién escogería a esa gran personalidad? ¿No intervendrían los partidos políticos si, como muchos desean se trata de someter a elección al jefe del Estado? Dios me libre de querer ofender a nadie, que no es el caso. Pero piensen en algún futuro jefe de Estado republicano entre quienes conozcan; aunque yo no haré ese experimento porque me da pena lo que nos ha costado a esta generación y a las anteriores llegar donde estamos para tirar por la borda los valores democráticos de convivencia, neutralidad, apartidismo de toda institución y en especial de la judicial (y otras que ahora prefiero no nombrar).

Recuerdo ahora, para concluir, algo muy conocido aunque tal vez no lo sea tanto para las jóvenes generaciones. Yo se lo oí personalmente, pero se puede comprobar en sus memorias: cuando el PSOE planteó con supuesta coherencia histórica pero con la boca pequeña la cuestión en período constituyente, Santiago Carrillo dejó bien centrada la cuestión: no se trata de optar entre monaquía o república, sino entre democracia y dictadura. Si alguien cree que con monarca parlamentario se propicia o cabe la dictadura, dígase.