En el informe anual que publica la OCDE titulado 'Panorama de la educación' ('Education at a Glance') se presentan indicadores estadísticos que confirman que la educación sirve para prevenir a las personas de la exclusión a lo largo de su vida y permite la transformación social hacia cotas mayores de bienestar. En la mayor parte de países es así, aunque en unos más que en otros.
Durante el confinamiento, buena parte de la población española pudo conocer, a través de la televisión, la existencia de muchos científicos españoles que están trabajando en hospitales o universidades y centros de investigación extranjeros de alto nivel. Eran directivos, jefes de proyecto o miembros de equipos de investigación que trabajaban en temas de vanguardia. Hemos conocido grandes personas muy especializadas en temas que ni conocíamos que existían en la sanidad. Muchos de ellos están trabajando fuera por decisión propia, como opción voluntaria de desarrollo personal y profesional; pero otras muchas personas se han visto obligadas a hacerlo por la falta de oportunidades en nuestro país. Sobre ellas hacemos esta reflexión.
Si en la sanidad hemos conocido algunos eminentes científicos españoles -jóvenes y maduros- que están trabajando en el extranjero, ¿cuántos especialistas españoles trabajan fuera en realidad? ¿Cuántos lo hacen obligados por la falta de oportunidades en España? Posiblemente hemos visto la punta más extrema de un enorme iceberg que, si se rastreara por todas las especialidades científicas, sería abrumador.
La generosidad quijotesca de nuestro país se identifica en muchos aspectos. También en éste: es capaz de dar al mundo grandes científicos y descuidar el tejido socioeconómico de desarrollo español, quedando más que como un país de servicios, como un 'país servil', dependiente de que los extranjeros quieran venir a descansar y disfrutar. No está mal que seamos un país con un fuerte potencial turístico. El problema se da cuando se deja una gran parte de la economía del país dependiendo de un sector. Ahora es imprescindible diversificar la economía incluyendo nuestra participación en ámbitos de vanguardia basados en la ciencia y la tecnología.
Si no lo hacemos, la inversión educativa española se convierte en gasto educativo. Frecuentemente se defiende la educación pública como un valor, pero difícilmente se cuida que los titulados tengan oportunidad de trabajar en su especialidad en España. Esto ocurre en cualquier ámbito científico, desde las humanidades, pasando por las ciencias sociales, las sanitarias y las experimentales hasta las tecnológicas.
Más allá de los que están fuera de España, sería bueno que los gobiernos, central o autonómicos, hicieran un estudio acerca del estado en que están trabajando nuestros titulados universitarios. La generación que estaba acabando sus estudios cuando llegó la crisis del 2008, la sufrió y, posteriormente, siguió viviendo en una España sin gobierno, únicamente preocupada por la situación en Cataluña. Y ahora, a falta de problemas, se han encontrado con la pandemia y políticos generalmente orientados a mantener o incrementar sus privilegios y a fomentar la crispación social.
Hacer una investigación sobre este fenómeno es imprescindible para orientar políticas dirigidas a conocer y apoyar el desarrollo personal y profesional de los que hoy están entre los 25 y 35 años. Una generación maltratada. Los que no se han ido al extranjero, están sufriendo, en muchos casos, situaciones vergonzosas que se podrían solucionar si los gobiernos imprimieran un poco de ética a su gestión y realizaran diversas acciones: 1) analizar el abuso que se da desde las instituciones públicas para tener a su servicio personal de altísimo nivel, pero como becarios permanentes o con contratos temporales y precarios; 2) analizar el abuso de empresas privadas que tienen contratados a titulados superiores con niveles muy elevados de especialización con contratos que no reflejan las funciones que realizan con el fin de pagarles miseria; y 3) analizar la cantidad de personas especializadas que, por necesitar dinero para sobrevivir, han tenido incluso que 'esconder' su currículum para poder ser contratadas en trabajos de menor nivel.
Es necesario hacer un censo de nuestro capital humano: del que está fuera de España produciendo para otras sociedades y del que tenemos arruinado aquí. Solucionarlo no sería tan difícil. Los primeros que hemos señalado dependen del sector público y estarán en institutos de investigación o universidades, y los restantes, que dependen del sector privado, si se inspeccionan las empresas y se cuida que se cumpla la ley se arreglarían muchos casos. Muchos de los problemas se pueden solucionar sin derogar leyes o introducir grandes cambios legislativos. Tan sólo es preciso gestionar mejor.
En parte, por esa gestión deficiente de sus recursos humanos, España tiene una economía vulnerable. El apoyo que nos viene de la Unión Europea debería orientarse a rediseñar el tejido empresarial, apoyando a los jóvenes sobreformados que tenemos aquí y recuperando a los que están en el extranjero. Son nuestra fortaleza. Y, sobre ella, diseñar las líneas de apoyo que podrían llevarse a cabo con los recursos económicos que vienen de la Unión Europea.
No podemos caer, como en los últimos 30 años, en desaprovechar esta oportunidad dejando que el dinero sirva para dibujar mapas de corrupción. Podemos cambiar el recelo que los países del norte de Europa tienen ante nuestras prácticas de gobierno, promoviendo un pacto para la postpandemia que ayude en nuestra reconstrucción económica, basándonos en el consenso y la cohesión social.
Es difícil confiar en un país que maltrata a sus ciudadanos, a la vez que permite que estén haciendo caja unos cuantos cuyo mérito fundamental es actuar como 'palmeros de salón' que, al unísono jalean a sus líderes, sin discrepar, en ningún caso, ni por cuestiones de conciencia.
La educación tiene un valor y se reivindica reconociendo a los que están formados, con oportunidades laborales y contratos dignos.
