Si hay una reclamación histórica de los ayuntamientos es la de poder gastar sus remanentes de tesorería en mejorar la vida de la gente. Desde que el Gobierno de Rajoy y la ley Montoro de 2012 limitaron la capacidad de gasto de los municipios, se impuso una asfixia financiera que ha llevado a que se recortasen servicios municipales, inversiones, planes de empleo..., en los pueblos y las ciudades de España. No se le puede olvidar a nadie que si a día de hoy los ayuntamientos tienen un problema para utilizar los ahorros acumulados desde 2012 es debido a la ley Montoro y a la gestión del PP sin que hasta el momento exista una alternativa viable.
El Gobierno de España es conocedor de esta situación. En consecuencia, ha aportado una solución jurídica y técnica llegando a un acuerdo histórico entre el Gobierno de España y la FEMP para aportar liquidez a los ayuntamientos sin que incurran en déficit y avanzar en la autonomía local, convirtiéndose en un hito sin precedentes de apoyo del Ejecutivo al mundo local. Es relevante señalar que este acuerdo es voluntario, no obliga a ningún ayuntamiento, sino que estos pueden elegir ir por superávit como hasta ahora o por la vía del remanente o bien compatibilizar el uso de remanente y superávit. Este hecho es de gran importancia, ya que son los ayuntamientos los que deciden qué formula les es más ventajosa a la hora de movilizar sus ahorros acumulados.
Entre las numerosas ventajas que tiene este acuerdo cabe destacar que el Gobierno crea un fondo de 5.000 millones? (2.000 este año y 3.000 en 2021) para que los ayuntamientos que así lo desean puedan gastarlos durante quince meses en política social y cuidados a las personas, movilidad sostenible, agenda urbana, promoción cultural, instalaciones deportivas, etc, y del que cada entidad recibirá una proporción mínima de un 35% del fondo y de los remanentes entregados al Gobierno como préstamo que será amortizado en el plazo de diez años. Además, se suma un fondo de hasta 400 millones de euros para compensar el déficit provocado por la caída de usuarios en el transporte de titularidad municipal durante el confinamiento.
También permite que se pueda utilizar la prórroga del superávit de 2018 y el de 2019 para inversiones municipales. Así, los ejecutivos locales podrán utilizar los 3000 millones? del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020 y que sería compatible con la utilización de remanentes de tesorería. En caso de municipios con problemas de liquidez y en riesgo financiero serán las diputaciones provinciales las que darán su apoyo mediante operaciones de crédito. También quedará suspendida la regla de gasto para 2020 y podrán ahorrarse lo que pagan en intereses por los remanentes que tenían depositados en los bancos. Se permite además la participación de los ayuntamientos en el Fondo Europeo de Reconstrucción y se recoge el compromiso del Gobierno para abordar en esta legislatura la derogación de la LRSAL y la reforma del sistema de financiación local. Así pues, se trata de un acuerdo más amplio y beneficioso para los ayuntamientos que las propuestas presentadas por el PP en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.
En consecuencia, si este es un buen acuerdo para todos los ayuntamientos y una buena solución jurídica para que puedan movilizarse los ahorros acumulados sin incurrir en déficit... Entonces, ¿Por qué el PP se opone al acuerdo? ¿Por qué no quiere apoyar al municipalismo? Al no hacerlo muestra que no le interesa ni el bienestar de las personas ni el mundo local en un momento de especial dificultad ante la crisis económica y social causada por el Covid-19. Por el contrario, se ha ocupado de engañar y manipular la información, con un único objetivo de desgastar al Gobierno, cuando saben que este asumirá más déficit para que los ayuntamientos puedan gastar e invertir más en mejorar la vida de sus vecinos. Es momento de responsabilidad y de compromiso. Un compromiso que, por parte del Gobierno, es firme con el mundo local y la tarea conjunta que se tiene por delante de reconstrucción y recuperación de nuestro país.
* Diputada socialista en el Congreso de los Diputados. Doctora en Economía (Universidade de Vigo)
