Cuando algunos lideres políticos nos dicen que una determinada medida política o ley es solicitada por «la mayoría social», por «la gente» dicen otros, debemos ponernos en guardia. Este tipo de afirmaciones suelen venir siempre de los políticos que se encuentran en los extremos del arco parlamentario, o bien de políticos populistas. Los políticos honestos, los demócratas, saben que la sociedad española, la sociedad europea, es plural. Por esa razón los ciudadanos en las democracias votan a diferentes partidos políticos y no entregan el poder a uno solo. Y por eso los políticos honestos no intentan siquiera apropiarse de lo que piensa, cree o desea la mayoría de los ciudadanos, porque los ciudadanos les hemos votado para que gobiernen, no para que suplanten nuestra personalidad que es intransferible. Ni siquiera los gobiernos respaldados por el voto de la inmensa mayoría de los votantes de su país pueden apropiarse de la voluntad de los ciudadanos que es intransferible en las sociedades mayores de edad.
Cuando el PSOE consiguió, en 1982, diez millones de votos y una mayoría absoluta de escaños en el Congreso y en el Senado no representaba a la mayoría social en una España que contaba con alrededor de treinta millones de habitantes. La mayoría social no se puede confundir con mayoría de electores, con la mayoría de votos, o con la mayoría de diputados o senadores: es obsceno intentar apropiarse de la opinión de la mayoría de los ciudadanos.
Un sistema representativo no supone que los ciudadanos entreguemos nuestra voluntad a los políticos, no supone que les autoricemos para que se apropien de nuestros deseos y aspiraciones. En nuestras modernas sociedades democráticas, la representación política tiene límites y es compatible con otros muchos medios que tienen los ciudadanos para expresar su voluntad, preocupaciones o deseos individual o colectivamente través de las variadas formulas de que nos hemos dotado.
Son muchos los ejemplos que tenemos en la actualidad de apropiación indebida de la voluntad de los ciudadanos. Así, los líderes independentistas catalanes han dado un paso más allá y con el respaldo de unos dos millones de votos se han apropiado de Cataluña, aunque sepan que la mayoría que ostentan en el Parlament catalán no se corresponde a la mayoría de los ciudadanos catalanes que en la actualidad son más de siete millones y medio de habitantes. Y sería igualmente grave que el Gobierno central comprara el discurso de independentistas y populistas y convirtiera a las minorías sociales en mayorías sociales.
No es infrecuente que los partidos políticos que ocupan los extremos del arco parlamentario, nos referimos a independentistas, Podemos y Vox, se permitan hablar en nombre de la mayoría social, aunque solo una minoría de ciudadanos les vote. Han creado una paradoja consistente en que las minorías pretenden ser mayorías, despreciando a los partidos políticos que reciben apoyos ciudadanos superiores a los suyos. Y es que para los extremistas solo son ciudadanos los que a ellos le votan, los demás no cuentan.
En los sistemas democráticos avanzados, todas las opiniones y tendencias tienen derecho a expresarse, incluso las que se sitúen al margen de la Constitución. En nuestro sistema democrático se pueden emitir opiniones basadas, incluso, en hechos falsos; admitimos el sectarismo por muy reprobable que pueda parecernos, pues la tolerancia es uno de nuestros principios constitutivos. Pero los medios de comunicación públicos no pueden ser sectarios, tienen que acoger la pluralidad de nuestra sociedad. Es notorio que las televisiones y radios públicas estatales, autonómicas y locales han sido utilizadas, salvo excepciones, desde los gobiernos respectivos como instrumentos de propaganda y esta tendencia debe ser erradicada de nuestro sistema, pues es incompatible con la letra y el espíritu de la Constitución. Los medios de comunicación públicos tienen que situarse en una estricta posición neutral en lo que a las opiniones se refiere y deben tener un exquisito cuidado en lo que se refiere a la información. Por el contrario, los medios privados, en nuestro sistema democrático, y en el de todos los Estados democráticos, tienen libertad absoluta para adoptar la línea editorial que consideren conveniente alejándose, si lo consideran oportuno, de la neutralidad que debemos exigir a los medios públicos.
Los que hablan de mayoría social, de la gente, en realidad están hablando de minorías sociales, es decir, de problemas que afectan a minorías de ciudadanos. Parecen desconocer que para afrontar los problemas de las minorías no es necesario presentar dichos problemas como mayoritarios. Las instituciones tienen que ser capaces de abordar los problemas de la mayoría de los ciudadanos, que son muchos, pero también los problemas de las minorías. El tratamiento adecuado de las pensiones afecta a más de nueve millones de españoles, pero llegado su momento afectará a todos, de manera que es uno de esos temas que junto a la sanidad, la educación, la dependencia, la seguridad, entre otros asuntos, afectan a todos los ciudadanos, directa o indirectamente. Sin embargo, otros muchos asuntos afectan a sectores más o menos numerosos de la población, aunque no a todos los españoles, e igualmente deben ser abordados por las instituciones públicas.
Una función indispensable de los poderes públicos es la de ser capaces de explicar a los ciudadanos cuáles son las prioridades y el gasto que se dedica a las mismas. Es necesario explicar a los ciudadanos los presupuestos de las distintas administraciones públicas más allá de los discursos y debates en las cámaras legislativas o en los plenos municipales. Pero el caso es que año tras año los presupuestos se tiñen de opacidad. Se nos cuentan las grandes cifras, pero la letra pequeña es tan o más importante que la letra grande. Y en demasiadas ocasiones las grandes cifras no son sino lo más parecido a discursos populistas. Estamos en fechas cercanas a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y debemos exigir al Gobierno y al Parlamento que expliquen claramente las diferentes partidas presupuestarias. Por ejemplo, el problema de la vivienda en España no afecta, por fortuna, a la mayoría de la población, sino a una minoría. Pero aun así, el problema es grave porque tener vivienda digna y estable es condición necesaria para el desarrollo de la personalidad y para la estabilidad de las familias. La Administración central, las comunidades autónomas y los entes locales han defraudado a los ciudadanos durante décadas porque un problema como éste, fácil de solucionar, sigue pendiente sin justificación alguna.
Esperamos que, sin tener que recurrir a la falsa apelación a que la mayoría social pide algo, los políticos españoles sean capaces de afrontar los problemas de los españoles sean muchos o sean pocos los afectados.
