El doctor Fernando Simón apelaba días atrás a los 'influencers' para que colaborasen en la difusión de los mensajes dirigidos a la contención de la covid-19. Quizás, sin pretenderlo, Simón hacía un flaco favor a los órganos de comunicación y gabinetes de prensa del gobierno. Si admitimos que para que el mensaje cunda resulta necesaria la complicidad de ciertos personajes de las redes sociales, estamos aceptando, implícitamente, que los mensajes públicos son ineficaces.
No se trata de un asunto menor. Que la adherencia al mensaje dependa de personas sólo legitimadas por su etérea condición de 'influencers', significa, entre otras cosas, que estamos aceptando como fuente de certidumbre a gente que dispone de fama, pero que carece de conocimientos específicos sobre la pandemia.
Ante esta clara disfunción, cabe preguntarse si la pérdida de confianza en los responsables públicos se relaciona con la apresurada evaluación de la desescalada y la inmediata ansiedad de introducir el verano turístico en el ciclo económico. Un verano que, en nuestra realidad, era evidente que apuntaba al desplazamiento físico y a la noche como complemento habitual, disperso en miles de establecimientos de ocio y enclaves mucho más difíciles de vigilar que la asistencia diurna a las playas.
De otra parte, pasados los tiempos iniciales del desconcierto generalizado y la inevitable improvisación, los meses estivales ofrecían la oportunidad de realizar lecturas sosegadas y compartidas del saber acumulado sobre la gestión de la pandemia. Frente a las lagunas de desconocimiento convenía valorar la experiencia internacional sobre los escenarios preventivos y las medidas consideradas más eficaces tras la lucha contra el primer brote de la covid-19. No hubiese constituido un motivo de desdoro acudir a Alemania u otros países con los mejores resultados para conocer, sobre el terreno, opciones provechosas.
El verano podría haber sido, asimismo, el momento de enlazar el saber existente en el Ministerio de Sanidad y los sistemas autonómicos de salud. No existe el mismo nivel de conocimiento en las comunidades autónomas con centenares de miles de habitantes que en aquellas otras que tienen bajo su cobertura a siete millones de usuarios. Con independencia de la asistencia sanitaria, la distribución de los centros de investigación, de las facultades de medicina y de los centros hospitalarios de referencia ofrece recursos territoriales diferentes sobre organización, prevención, detección, seguimiento y control de la pandemia. Dada esta realidad, el apoyo de las comunidades más potentes a las más débiles también podría haber formado parte de los preparativos ante el esperado rebrote de la covid.
Por último, la respuesta social a las disposiciones públicas es dinámica: su nivel de exigencia es creciente, por lo que el grado de acierto que se advierta a partir de septiembre será el que encauce la reacción pública hacia la disconformidad o, por el contrario, hacia el acatamiento. Más que en el pasado, la incorporación al trabajo, la movilidad ciudadana y el curso escolar reclaman detallados y meditados protocolos que, como ocurre en este último caso, exigen de una intensa cooperación entre diferentes ramas de la administración. No es tiempo únicamente de órdenes y circulares: más importante, para que los servicios públicos no crujan, es la existencia de circuitos administrativos detallados, entrenados y ágiles en la movilización y complementación de sus recursos.
En el terreno práctico, organizar borrando las fronteras convencionales podría ser el lema. En el preventivo, las administraciones deberán evitar entre otras cosas que, con el uso de los tests PCR, se reitere lo que sucedió con las mascarillas: señaladas como prescindibles e ineficaces al principio y de uso obligatorio ahora, porque entonces existía una situación de escasez que en la actualidad ha desaparecido. Si con los tests sucede algo similar, un ejercicio de sinceridad sería más de agradecer que un segundo episodio de confusión. Recuérdese que no hablamos sólo de la utilidad clínica de los PCR, sino de su conveniencia como insufladores de seguridad y confianza ciudadana.
