Estoy preocupado e indignado a la vez. Preocupado, porque España es uno de los países donde la pandemia ha causado más muertos per cápita del mundo, y además es el país más afectado por los actuales rebrotes. Aumentan a diario los fallecimientos y los ingresos hospitalarios y ha colapsado la temporada turística, con consecuencias muy negativas para el empleo. En algunas regiones hay una transmisión comunitaria y descontrolada del virus. Y también estoy indignado porque creo que ni el Gobierno ni las comunidades autónomas lo están haciendo bien, pues parece haber mucha descoordinación e improvisación en un juego de pasarse culpas y responsabilidades. Como ejemplo y a pocos días del inicio del año escolar nadie sabe con seguridad lo que va a pasar. Pedro Sánchez habla de "una vuelta al cole en centros seguros". Me cuesta creer que escuelas incapaces de controlar los piojos vayan a controlar el coronavirus con la que está cayendo. Otro ejemplo: en Mallorca la sanidad pública no hizo un segundo test a una empleada asintomática que dio positivo en el primero. Tras la cuarentena, el empleador le pagó de su bolsillo en una clínica privada un segundo test, que dio nuevamente positivo. Si no lo hubiera hecho, ella estaría ahora yendo en autobús a trabajar e infectando a diestro y siniestro. ¿Cómo es posible?
Es previsible que en otoño se compliquen aún más las cosas, con más infectados que estiren hasta el límite las costuras del sistema sanitario, y quizás haya que recurrir a nuevos confinamientos con la consiguiente ruina económica. Ojalá no sea necesario. España no fue el único país sorprendido por la primera oleada del virus, pero es el que ha actuado con menor eficacia contra el actual rebrote y ahí están los datos. Los países de nuestro entorno se han preparado mejor, han hecho más tests, se han dotado de más rastreadores y de una capacidad de seguimiento y aislamiento de las personas contagiadas, han proporcionado estadísticas completas -esenciales para poder actuar contra la pandemia- y han actuado de manera coordinada en todo su territorio. Muchos profesionales médicos y sanitarios han dejado claro que España no ha hecho esas cosas.
Ahora, para cortar el potente rebrote que sufrimos, las comunidades autónomas deben tomar medidas urgentes porque para eso tienen competencias transferidas. Pero si no lo hacen, y por el momento no lo están haciendo con la amplitud y la eficacia exigibles (incluyendo aquéllas que más protestaron por la "usurpación" de atribuciones durante el estado de alarma), el Gobierno debe asumir sus responsabilidades porque la salud de los españoles es ciertamente su problema. También lo es la economía, la protección del empleo y la imagen y credibilidad exterior de España. Cuando el interés general del país está en peligro, es el Gobierno el que debe actuar en su defensa. El Estado de las Autonomías creado por la Constitución de 1978 ha traído consecuencias muy positivas, acercando el poder político a las necesidades concretas de los ciudadanos en todas las zonas del país, pero al mismo tiempo ha dado lugar a una serie de fuerzas centrífugas sin los contrapesos necesarios que permitan defender el interés general.
Las graves carencias en la gestión de la pandemia, la actual "dispersión de esfuerzos", son un claro ejemplo de ello, pero no el único. Lo hemos visto también en otros ámbitos como en la educación, o en la crisis provocada por el procès en Cataluña. Por eso es esencial que las fuerzas constitucionalistas se pongan de acuerdo para crear esos contrapesos, sabiendo que tendrán enfrente a otras fuerzas políticas interesadas en seguir promoviendo sus intereses locales pues han confesado que a ellas el interés general les trae sin cuidado. No así a la inmensa mayoría de los españoles.
Las consecuencias de la ineficacia son muy negativas tanto en los planos sanitario y económico como para la propia imagen del país. Son, ademas, una falta de respeto a los ciudadanos que cumplieron de manera ejemplar las normas establecidas durante tres meses y medio de un confinamiento muy duro, y que en su mayoría (aunque no todos) siguen comportándose de manera ejemplar. A los profesionales sanitarios que compensaron con su entrega y sacrificio personal, y en algunos casos con su vida, la falta de preparación del sistema de salud pública para hacer frente a la pandemia. A las personas que han perdido su trabajo y ven en peligro su futuro y el de sus familias. Y sobre todo a la memoria de las personas que han fallecido -y siguen muriendo a diario- cuyo número total seguimos sin conocer con certeza.
Por eso son positivas las medidas anunciadas el martes por el presidente Sánchez, aunque podría haberlo hecho antes: las comunidades autónomas podrán solicitar la declaración del estado de alarma (y cargar con la responsabilidad de hacerlo), y el Gobierno pondrá 2.000 militares a su disposición como rastreadores. Pero si eso no fuera suficiente el Gobierno no puede lavarse las manos. Deberá explorar otras vías legales hasta llegar en su caso a asumir directamente el control de la lucha contra la pandemia. Y para ello deberá contar con el apoyo leal de los partidos de oposición que tienen un papel esencial en la gobernabilidad, como ocurre en todos los países democráticos cuando son los intereses fundamentales los que están amenazados. Aún más, la oposición reforzará su carácter de alternativa al gobierno si se percibe que actúa con generosidad y en un momento de crisis pone los intereses generales por encima de otras consideraciones. Ya llegará la hora de pedir responsabilidades por lo mal hecho, ahora toca arrimar el hombro.
