La Comunidad Valenciana siempre se ha reivindicado como una autonomía «de primera». Por eso, aunque accedió al autogobierno por la vía lenta del artículo 143, que establecía una serie de limitaciones, se aprobó en paralelo una ley específica, la LOTRAVA, que equiparaba prácticamente sus competencias a las de las llamadas «nacionalidades históricas». Esa condición se vio debilitada en la anterior crisis, cuando perdió su sistema financiero con la liquidación de Bancaja y la CAM, que habían llegado a ser la tercera y la cuarta cajas de ahorro de España, y el Banco de Valencia. Mucho antes había desaparecido el Banco de Alicante.
El conflicto catalán, con la declaración unilateral de independencia, luego dejada en suspenso, y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tuvo un inesperado efecto para la Comunidad: la Caixa y el Banco de Sabadell se vieron obligados a sacar de Cataluña sus sedes sociales, trasladando la Caixa la suya a València y el Sabadell la suya a Alicante. Aunque fuera más atrezzo fruto de los acontecimientos que otra cosa, la Comunidad Valenciana volvía a tener residenciadas en su territorio entidades bancarias.
En las últimas semanas, sin embargo, se han desatado las alarmas ante la posibilidad de que el Sabadell vuelva a trasladar su sede social, esta vez yéndose de Alicante a Madrid, donde ya tiene la central operativa. El movimiento, no contrastado con la entidad, no sólo sería posible, sino que el propio presidente del banco, Josep Oliú, dejó la puerta abierta al mismo en unas declaraciones hechas el pasado mes de febrero.
La vinculación del Sabadell con Alicante ha sido limitada teniendo en cuenta la dimensión del mercado que consiguió gracias a la adquisición por 1 euro de la CAM. Pero el traslado de su sede social a Madrid, después de haberla traído aquí y en medio de una Depresión sólo comparable a la de 1929, no es un hecho sin consecuencias. En época de crisis, donde tan importante es la valoración de los sectores y las empresas, la cercanía y el conocimiento es un factor importante a la hora de atender las peticiones de financiación. Así que, de confirmarse, no será una buena noticia.
